La industria farmacéutica devolverá 150 millones al Estado

Todavía falta que el Gobierno concrete qué cantidad exacta tendrá que devolver -diez millones por décima- el sector y cuándo, según señaló ayer el presidente de la patronal, Martín Sellés. «Es una cifra muy importante. Supone un gran esfuerzo para la industria farmacéutica, donde los crecimientos han sido raquíticos», apuntó el presidente de Farmaindustria. En los criterios de devolución, explicó, se tienen en cuenta el tamaño de las empresas, el crecimiento económico y el peso de los sectores en las boticas y las farmacias hospitalarias. Asimismo, mostró la voluntad de Farmaindustria de firmar un nuevo convenio, pero con matices: debe incluir las inversiones de esta industria en el país -el 20% del I+D corresponde al sector farmacéutico, con 40.000 empleos directos- y que se aprecie «en toda su amplitud».

En este sentido, Sellés recordó que el desarrollo de un medicamento cuesta alrededor de 2.500 millones y unos doce años de investigación, lo que implica que algunos medicamentos tengan un precio «tan elevado»; también recordó que los tratamientos de enfermedades más graves suponen un ingreso de 50 euros al año. «Se pueden pagar los de alto precio porque el sistema ahorra mucho con los de bajo precio», apuntó Sellés.

El presidente de Farmaindustria se mostró contrario al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que aseguró hace unas semanas que España se podía ahorrar cerca de 1.000 millones de euros con una mejor gestión. Entre las medidas que propuso, destacaban dar más presencia a las comunidades autónomas en la toma de decisiones, más presencia de genéricos -ahora suponen el 43%- y trasladar la subasta de medicamentos que aplica la Junta de Andalucía a todo el territorio.

«Estas subastas a nivel nacional no son fáciles de implantar y pueden provocar desabastecimientos severos», indicó Sellés, que recalcó que en la «inmensa mayoría» de los casos de escasez de fármacos, hay otras alternativas. «El paciente siempre tiene un medicamento a su disposición para solucionar su problema», dijo el máximo responsable de Farmaindustria. En cuanto a la AIReF, le reclamó un nuevo estudio en el que pueda participar el sector y los responsables del Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, 19 organizaciones registraron ayer en el Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) para modificar la forma en que se fijan los precios en España y lograr una mayor transparencia. «No sabemos cuándo hay reuniones de las farmacéuticas con el ministerio, no tenemos nociones de cómo se desarrollan estas negociaciones, qué se plantean o cómo lo hacen», explicó el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Damián Caballero. Una vez registrada de la ILP, la Mesa de la Cámara baja deberá decidir si se tramita. Entonces sus promotores tendrán un plazo de nueve meses para conseguir medio millón de firmas.