Las víctimas de violencia machista tendrán protección integral aunque no denuncien

Esto cambiará a partir de éste viernes. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que convertirá en realidad el punto quizá más importante del pacto de Estado contra la violencia machista que partidos, instituciones y sociedad civil rubricaron el pasado 27 diciembre. Modifica la ley integral de 2004 para que cualquier mujer maltratada, haya denunciado o no, pueda ser acreditada a todos los efectos como víctima de violencia de género y, por lo tanto, tenga derecho a recibir de las administraciones públicas la ayuda legal, psicológica, social, económica o laboral que le facilite salir de esta lacra.

Las fórmulas exactas que convertirán oficialmente en todo el país a las maltratadas no denunciantes en víctimas de la violencia de género serán consensuadas en una próxima Conferencia Sectorial de Igualdad por el Gobierno y las comunidades autónomas, pero el decreto ya adelanta que, en ausencia de acciones legales, se podrá acreditar tal condición con un informe de la Fiscalía, de los servicios sociales, de otros servicios especializados o de los propios centros de acogida. El informe le garantizará a ella y a sus hijos un seguimiento y atención personalizados.

La extensión legal de la condición de víctima va íntimamente asociada a otra de las iniciativas estrella del pacto de Estado. Se trata de la creación en ayuntamientos y otros entes locales, en coordinación con las comunidades autónomas, de equipos multidisciplinares (unidades de apoyo) para la detección precoz de víctimas, su acompañamiento en la toma de decisiones -incluida la denuncia y el proceso-, su protección integral, y el acceso a las ayudas y prestaciones sociales que les correspondan. Estas unidades serán las que, con denuncia o sin ella, y de forma especial en las zonas rurales, tratarán de detectar y de llevar la ayuda a las mujeres que callan, e incluso ocultan, el infierno en el que viven, que son la gran mayoría de las maltratadas.

Para que estos equipos comiencen a ser una realidad allí donde no los hay, Gobierno y autonomías han puesto en marcha esta semana otras dos medidas clave del pacto de Estado. Han pactado los criterios de reparto y transferido a comunidades y ayuntamientos los 100 y 20 millones de euros, respectivamente, que el acuerdo obliga al Estado a aportar cada año y durante cinco a estas administraciones locales como financiación adicional para alcanzar los objetivos del pacto. Y, en paralelo, el real decreto aprobado este viernes contiene una reforma de la ley de régimen local para devolver a los ayuntamientos las competencias de promoción de la igualdad y de lucha contra la violencia de género que les quitó en 2013 el PP, y que les facultan de nuevo para la asistencia inmediata a las víctimas.

El decreto, que busca acelerar la puesta en marcha de un pacto aparcado durante ocho meses, instaura otras cuatro medidas de calado en esta lucha. Tres de ellas son también modificaciones de la ley integral de 2004. La primera obliga a que la víctima tenga derecho a disponer con urgencia de un abogado de oficio y de un procurador gratuitos para que defiendan sus intereses legales. La segunda faculta a la víctima para personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento. Y la tercera establece que las ayudas económicas que la mujer maltratada con escasos recursos reciba a través de la ley nacional serán compatibles con otras que pueda obtener de las administraciones autonómicas o locales.

La sexta medida del pacto que el real decreto aprobado este viernes implanta por la vía de urgencia es una modificación del Código Civil. Cambia el artículo 156 para que los menores puedan recibir atención y asistencia psicológica sin necesidad de que deba ser autorizada por ambos padres cuando alguno de los progenitores esté incurso en un proceso penal «por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual» del otro progenitor o de sus hijos.