Las asociaciones de padres denuncian que los colegios concertados violan la ley al imponer cuotas

Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA/R. C.
Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA / R. C.

El 91% de los 137 centros investigados en seis autonomías obliga a un pago mensual que ronda los 159 euros de media, según un informe de la federación nacional

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La absoluta mayoría de los colegios concertados españoles violan la ley al obligar a pagar cuotas a los padres por la enseñanza que reciben sus hijos en las etapas obligatorias, las que van de Primera a la ESO, según denunció este jueves la presidenta de la Confederación Española Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal.

La máxima responsable de la cofederación que representa a 12.000 asociaciones de padres de la escuela pública recordó que, por ley, la enseñanza concertada debe ser gratuita -no puede exigir desembolsos ni directos ni indirectos- y que los pagos por actividades escolares complementarias o servicios de los centros -a realizar fuera del horario lectivo- deben ser voluntarios y nunca significar discriminación para los alumnos.

Ceapa mantiene esta acusación después de realizar un estudio en 137 colegios concertados de seis autonomías (Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid) que concluye que el 96,6% de los centros cobra a los padres cuotas mensuales que alcanzan los 159 euros de media y que, al menos en nueve de cada diez casos, en el 91%, esas cuotas se plantean como obligatorias. Esas cantidades se reclaman exclusivamente para actividades complementarias y para reforzar la enseñanza, pues no incluyen los precios de comedor ni los del transporte

El estudio, realizado por la empresa Galic, cuyos investigadores acudieron la primavera pasada a los colegios haciéndose pasar por padres que pedían información para matricular a sus hijos, indica que solo cinco de los centros visitados no cobran cuota alguna y que solo otros siete plantean el pago como una donación voluntaria y no obligada, sin consecuencias para los alumnos y las familias en caso de no satisfacerla.

Amparo Núñez, la portavoz de Galic, señaló que en la mayoría de los colegios les explicaron de palabra que aunque en la documentación las cuotas aparecen como voluntarias «es solo para cumplir con lo que dice la legislación», porque en realidad se trataba de aportaciones indispensables que deben realizar los estudios. De hecho, Núñez ilustró este tipo de comunicación clandestina con el dato de que el 40% de los centros ni siquiera le quiso entregar los precios por escrito y que bastantes de los que sí se los dieron lo hicieron en papeles manuscritos o en hojas de precios sin membrete del centro.

Leticia Cardenal indicó que su federación madrileña ya ha puesto estas irregularidades en conocimiento de la Consejería de Educación para que realice una inspección sancionadora y adelantó que van a animar al resto de federaciones de CEAPA a hacer lo mismo. La organización también va a entregar el estudio al Ministerio de Educación y le va a reclamar que apruebe un real decreto que establezca una legislación básica (nacional) con los requisitos mínimos para poder lograr y renovar los conciertos, con el objetivo de que la Alta Inspección educativa del Estado tenga competencias para actuar contra este tipo de irregularidades.

 

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