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El Norte
OCU denuncia los abusos de las compañías en los casos de manipulación de contadores

OCU denuncia los abusos de las compañías en los casos de manipulación de contadores

Recomienda acudir a los tribunales que en muchos casos dan la razón a los consumidores

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Valladolid

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Jueves, 22 de febrero 2018, 12:56

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La OCU denuncia de que miles de usuarios han sido sancionados por sus compañias de gas y electricidad la supuesta manipulación de contadores. Desde el año 2013 han ido aumentando de una forma significativa. Las compañías se aprovechan de un procedimiento abusivo que deja indefensos a los consumidores y sin apenas opciones para reclamar. Por lo contario, los tribunales de justicia han dado la razón a muchos de los consumidores.

En 2017 OCU recibió casi 500 consultas sobre esta cuestión. En la mayoría de los casos los consumidores recibían importantes facturas, por una supuesta manipulación del contador y con un cálculo del consumo estimado durante este periodo. La OCU recuerda que la normativa recoge que además de sancionar por una supuesta manipulación también las compañías pueden cobrar el supuesto consumo no medido mediante una estimación. Un ejemplo, una vivienda con una potencia contratada de 4,4 kWh y un precio medio de 0,14KW/h la factura puede llegar hasta 1.720 euros.

OCU denuncia que el procedimiento que las compañías realizan no reune suficientes garantías ya que no estas no son jueces para tomarse el procedimiento a realizar de su mano. No comunican las inspecciones y, en algunos casos, estas se reailzan por parte de empresas privadas contratadas por las compañías que no respetan la presunción de inocencia. Además, OCU denuncia que las compañías de gas y de electricidad abusan de los usuarios obligando, en muchos casos, a renunciar a reclamaciones posteriores para acceder al pago fraccionado para pagar las enormes facturas recibidas y así evitar el corte del suministro.

OCU el consejo que da es que los afectados acudan directamente a los tribunales, puesto que la reclamación administrativa ante las Direcciones Generales de Industria de las CC.AA rara vez tiene efecto. En el caso de que las facturas no lleguen a la cantidad de 2.000 euros no haría falta acudir con un abogado y procurador. Para poder realizar este tipo de reclamaciones la OCU da algunos consejos como: Es recomendable pagar el recibo como si fuera uno más; Si en el caso de que se realice con aplazamientos hay que evitar firmar ningun tipo de papel donde se renuncie a la reclamación; Solicitar el informe de la inspección que se ha relizado (en muchos casos estos documentos no tienen la identificación o les falta la firma del técnico); Reuna todos los documentos que pueda para demostrar que usted no ha realizado ninguna manipulación al contador (histórico de consumo, a su patrón anual de consumo, que se adecúe a las circunstancias de la vivienda, número de habitantes, calefacción, aire y comparar con otros suministros); Reclame a la comercializadora y distribuidora, aunque en la mayoría de los casos no acceden a dar la razón al consumidor; Si no dan ninguna solución, acuda a los tribunales, la Audiencia Provincial de Valencia suele dar, en la mayoría de las sentencias, la razón al consumidor.

Para evitar este tipo de situaciones la OCU pide un cambio en la normativa que garantice los derechos a los cosumidores.

El actual sistema para sancionar la manipulación del contador debe cambiar, a día de hoy el consumidor tiene inferioridad. En 2015, tanto el Defensor del Pueblo como la CNMC plantearon al Ministerio de Industria un cambio en este sentido, pero todavía no se ha aprobado.

Deberían ser las Direcciones Generales de Industria quienes deberían de actuar cuando las empresas detectan algún tipo de anomalías en el contador. La palabra y las fotografías del empleado no pueden ser las únicas pruebas de cargo para sancionar a los consumidores.

No se debería de aplicar de forma automática la estimación máxima. Debería establecerse la fecha de manipulación a través de las lecturas y hacer los cálculos correspondientes.

Hay que garantizar el acceso de las familias a los servicios básicos como son el gas y la electricidad (mientras dura la controversia, porque es entonces cuando se corre el riesgo de corte sino se paga) una vez solucionada la disputa.

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