Decepción en la defensa de La Manada e indignación en la clase política

El abogado de cuatro de los acusados en el caso de La Manada, Agustín Martínez Becerra./EFE
El abogado de cuatro de los acusados en el caso de La Manada, Agustín Martínez Becerra. / EFE

Los letrados de los procesado anuncian recurso ante el Supremo y subrayan la presión «mediática y social»

CECILIA CUERDOSevilla

«No puedo valorarla». Fue el único comentario de La Manada sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que confirma la pena de nueve años de cárcel por abuso sexual con prevalimiento. Como cada lunes, miércoles y viernes, José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero acudieron al juzgado para firmar y confirmar que siguen localizables en la ciudad. Solo el gesto serio reflejaba que conocían el nuevo varapalo para sus intereses. No obstante, los jóvenes continuarán de momento en libertad provisional, dado que ninguna de las partes implicadas ha pedido por el momento la ejecución de la sentencia, que ha levantado una cadena de críticas de las instancias políticas y sociales de todo el país.

Al caso todavía le queda un largo recorrido judicial por delante, como reconoció el abogado de cuatro de los acusados, Agustín Martínez, tras dejar constancia de su malestar con el fallo. «No me voy a poner a pegar patadas a la puerta del juzgado ni a insultar a los jueces», dijo desde el juzgado de Málaga donde le pilló la noticia. Su enfado tiene que ver con dos motivos fundamentales. Sigue manteniendo que los jóvenes no son un dechado de virtudes, pero que las relaciones que mantuvieron esa noche del 6 de julio de 2016 en Pamplona fueron «relaciones sexuales consentidas entre seis adultos». En este sentido, le molesta que en el fallo se haga alusión a la «pasividad doliente» de la víctima, cuando «menos dolor, allí hubo de casi todo», espetó en declaraciones a Antena 3.

Su crítica al fallo se deriva también del rechazo de la sala de lo Civil y Penal a la presión social y mediática que siempre ha denunciado. «Ha habido un juez con escolta; cuando se conoció la primera sentencia, una turba embravecida saltó en la calle; algunas de las sesiones del juicio han tenido que celebrarse a puerta cerrada. ¿En serio que no ha habido presiones?», inquirió ayer el letrado, para quien negar esas presiones «es no querer ser realista». «Es un juicio mediatizado por estas actitudes. No me cabe dude que el tribunal cree en lo que ha dictado, pero a mi juicio no es ajustado a derecho». No obstante, Martínez concedió que no tenía «especial esperanza» en esta resolución, y que espera que las cosas cambien cuando el fallo salga de Navarra y llegue a instancias superiores. El abogado también entró a valorar el voto particular de dos de los cinco magistrados, considerando que se «genera un cierto punto de perplejidad», ya que apuntan a una intimidación psicológica para elevar la pena de cárcel a 14 años por ser entonces sí, un delito de agresión.

Más allá de la lógica decepción entre los acusados, la sentencia generó a lo largo del día una cascada de reacciones, principalmente de indignación porque se haya mantenido el delito de abuso y los jueces no hayan condenado por agresión sexual. «Es una vergüenza que demuestra que el machismo está instalado en los tribunales», bramó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamando la formación de género para los jueces. En la misma línea se manifestó el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para quien es una «auténtica barbaridad» que «se condene a penas de 25 años a la gente por votar y no por violar», en alusión a las peticiones de pena para los lÍderes independentistas.

Para la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, los jueces han perdido la oportunidad «de mandar una señal clara, inequívoca» que contribuyera a frenar la «ola de maltrato» que padecen las mujeres. «No se puede restar importancia a lo ocurrido», afirmó, lamentando que no se haya tenido en cuenta «el gran sufrimiento de la víctima, ni tampoco el peligroso mensaje de impunidad que se manda a la sociedad y, sobre todo a los jóvenes, siendo tibios en la condena de la violencia contra las mujeres». De la misma manera, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Pilar Llop, consideró que el voto particular de dos magistrados que sí entienden que hubo agresión sexual puede generar «desconfianza en la ciudadanía».

 

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