África desconectada

Los regímenes autoritarios del continente negro privan de Internet a su población para evitar la contestación política

La adolescente keniata Imelda Mumbi, de trece años, trata de captar cobertura para su móvil en las inmediaciones de su casa en Nairobi./AFP
La adolescente keniata Imelda Mumbi, de trece años, trata de captar cobertura para su móvil en las inmediaciones de su casa en Nairobi. / AFP
GERARDO ELORRIAGA

La aldea virtual en la que moramos la mayoría de los habitantes del planeta cuenta con caseríos periféricos, víctimas de una precaria conexión con Internet que se pierde o recupera en función de espurios intereses. El pasado 3 de julio, los usuarios de España, Alemania e Italia no pudieron cargar archivos multimedia en sus cuentas de Facebook, Instagram y WhatsApp, y este problema puntual llegó a convertirse en noticia. Hace unos días, los residentes en Chad recobraron el uso de las redes tras seis meses de bloqueo gubernamental, situación que ha permanecido prácticamente ignorada más allá de sus fronteras. Tampoco se trata de un abuso excepcional. 18 países africanos han privado temporalmente a sus poblaciones del acceso a la red desde 2017. «Es como estar separado del mundo», compara la ONG Asociación para el Progreso para las Comunicaciones. El problema es político. Los cibernautas de la otra orilla del Mediterráneo son aislados cuando constituyen un problema para sus respectivos Gobiernos.

Los regímenes autoritarios del continente negro temen la fluidez con la que circula la información en Internet y, sobre todo, la capacidad de convocatoria que ofrecen los nuevos medios. La represión de los espacios reales, tan habitual en el pasado, se ha trasladado a los virtuales porque se han convertido en plataformas de comunicación que burlan la censura de los medios tradicionales. Tal es el caso de Túnez, donde el blog Nawaat (Núcleo) cubrió la explosión de la Primavera Árabe y, además, contextualizó los hechos. La conciencia de la injusticia movilizó aún más a la población.

El control público de los proveedores de Internet es un arma de censura en muchos países

La propagación de las convocatorias a través de Facebook y Twitter resulta determinante. Las famosas redes sociales también han servido de mecanismo de divulgación para las manifestaciones populares en Argelia y Sudán, países que ejercen un férreo control sobre las organizaciones civiles, y fueron determinantes en la rebelión popular que desembocó en la caída del dictador burkinés Blaise Compaoré hace cinco años.

La brecha digital influye sobremanera en ese eco social. La escasa repercusión de la desconexión digital en Chad no resulta ajena al hecho de que solo el 5% de sus habitantes disponga de acceso regular a la red. África tiene el índice de penetración de Internet más bajo del planeta, aunque existen enormes diferencias internas. En el año 2000, menos del 1% de los argelinos se hallaba conectado, y ahora alcanza al 40%, mientras que Ruanda ha extendido la conexión de alta velocidad a todo su territorio. Eritrea cuenta con menos de 100.000 usuarios, que representan en torno al 1,3% de la población, pero, aún así, también aplica periódicas restricciones del uso. Pero su influencia se acrecienta, a pesar de su baja incidencia. La reciente expansión de las líneas wifi a través de 'hotspots' o lugares de conexión gratuita permite nuevas posibilidades a usuarios incapaces de abonarse al servicio regular.

La relativa expansión de los servicios cibernéticos ha alentado a la oposición colectiva e individual. En algunos estados, la labor de francotiradores digitales alienta la libertad de expresión y la protesta que no tienen cabida en la escena política. Pero su posición resulta sumamente frágil frente a la autoridad. Tras seis años de reclusión, el mes pasado fue liberado el bloguero mauritano Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaitir, acusado de apostasía por criticar el uso de la religión para justificar el sistema de castas que rige en su país.

Varios jóvenes senegaleses chatean en un cibercafé de Dakar.
Varios jóvenes senegaleses chatean en un cibercafé de Dakar. / AP

Pero hay formas más sibilinas de sofocar la oposición virtual. Los regímenes autoritarios en África, como en otras regiones del mundo, se valen del control público de las empresas que proveen el servicio de Internet y del bloqueo arbitrario de la red Tor, una forma de conexión que permite navegar de forma anónima e, incluso, acceder a webs bloqueadas. La lucha contra el colectivo bloguero Zona 9 constituyó uno de los episodios más conocidos de la represión en Etiopía, una dictadura hasta el pasado año, cuando el nombramiento del primer ministro Abiy Ahmed propició reformas democráticas.

La detención en 2014 de los nueve componentes de este grupo impulsó una campaña global para su liberación, un fenómeno también inédito tanto por las características específicas como por las dimensiones que obtuvo la lucha en Twitter en torno al 'hashtag' FreeZone9Blogguers. Su defensa demostró la posibilidad de nuevas vías para la contestación e impulsó la aparición de organizaciones que tomaban el relevo en el ciberespacio a las entidades tradicionales que luchan en pro de los derechos humanos. Desde entonces, Artículo 19, Electronic Frontier Foundation o Global Voices Advocacy se han sumado a los esfuerzos de Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

La libertad de expresión a través de la red fluctúa, según los designios gubernamentales. Tampoco su utilización se reduce a movimientos progresistas. Los cibernautas pakistaníes más conservadores han lanzado una campaña para la retirada de un anuncio televisivo de detergentes con mensaje feminista aduciendo que contiene un velado ataque al Corán. Los grupos yihadistas han sido también sorprendentemente modernos en su utilización del espacio virtual para fomentar sus prédicas y afanes proselitistas.

La lucha contra ese enemigo radical también ha proporcionado argumentos para ahogar las protestas en la red. Las leyes antiterroristas han incluido medidas punitivas y restricciones en el ámbito de Internet y África, uno de los continentes más afectados por la expansión del salafismo violento, sufre sus efectos.

CENSURA EN LA RED

Una evolución negativa
En los 65 países testados por Freedom House en 2018, 19 han experimentado un acceso más libre a Internet y 26 sufren mayores restricciones.
20%
de los usuarios de la red en el mundo se beneficia de un uso completamente libre. El resto sufre restricciones en su uso o su actividad es vigilada o censurada.
42%
de los cibernautas del mundo vive bajo regímenes que desconectan Internet por razones políticas.
29
países africanos aplican restricciones sobre sitios web, y siete censuran abiertamente los accesos a Internet:Sudán, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Marruecos, Tanzania y Gambia. En Asia, 23 países censuran todo tipo de contenidos. En Europa, los estados más restrictivos son Bielorrusia y Turquía.

Pero también la aparición de las 'fake news' o noticias falsas ha servido para introducir normativas censoras. El último informe de la ONG Freedom House menciona la ley del Cibercrimen aprobada en el Parlamento keniano, que imponía penas de diez años de cárcel por publicar información falsa y que fue combatida por una asociación de blogueros. Su suspensión por el Tribunal Constitucional del país no anticipa necesariamente su definitiva supresión.

El ciberespacio nigeriano también ha sido un campo de batalla. La milicia Boko Haram lo utilizó para expandir sus amenazas, aliñadas con vídeos de asaltos a bases gubernamentales e imágenes de adolescentes raptadas. La llegada al poder del general Muhammadu Buhari dio lugar a una respuesta expeditiva. El Gobierno se decantó por una estrategia de tierra quemada y quebró el sistema de telecomunicaciones en el noreste del país. La medida impedía la difusión de los vídeos de la banda, pero también la cobertura informativa de la actuación del Ejército y condenaba al silencio a la región.

La lucha contra el yihadismo y la ciberdelincuencia sirve de excusa para cerrar la red

La ofensiva para controlar las redes no se quedó ahí y en 2015 se aprobó una ley contra la cibercriminalidad, el recurso habitual para implementar una censura efectiva. El videoclip de la canción 'This is Nigeria' fue prohibido tras alcanzar los trece millones de reproducciones. El rapero Falz, autor de la letra, hacía alusión a la corrupción policial, la violencia intracomunitaria o los abusos sexuales protagonizados por varios pastores evangélicos. Pero la retirada se debió, formalmente, a una protesta de una organización musulmana por la inclusión de bailarinas que portaban el hiyab y danzaban el 'shaku shaku', un ritmo local. Ante la advertencia de que la grabación iba a provocar «un conflicto religioso sin precedentes», y en aras de la convivencia, el Gobierno se apresuró a eliminarlo.