El voto a ciegas de los exconsejeros de Caja Segovia

El exalcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, durante su declaración. /ICAL
El exalcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, durante su declaración. / ICAL

IU sostiene que el «pretexto de la confidencialidad» sirvió para no dar transparencia a las cuentas de Caja Segovia

El Norte
EL NORTESegovia

El próximo jueves, 21 de febrero, finalizará el juicio por las prejubilaciones de Caja Segovia, tras escuchar los tres magistrados de la Audiencia Provincial las conclusiones de las defensas y las acusaciones. Para IU, que ejerce la acusación particular, las seis primeras sesiones de la vista oral les permiten concluir que con «el pretexto» de que la confidencialidad y la protección de datos imperaban sobre la transparencia en las cuentas, los consejeros desconocían el importe de los sueldos que los directivos se fijaban para ellos mismos.

IU Segovia recordó que Caja Segovia era de carácter benéfico e interés social pero que, tras las dos primeras semanas de juicio, tienen claro que «la práctica totalidad» de los consejeros votaron a favor del pago de las indemnizaciones millonarias para el equipo directivo sin tener conocimiento del alcance de las mismas, al desconocer el importe de sus retribuciones.

Desde la formación política sostuvieron que, si bien es verdad que las prejubilaciones millonarias en el sector financiero eran comunes durante años, era porque se presuponía que bancos y cajas tenían «beneficios astronómicos», pero esto dejó de ser así con la llegada de la crisis económica. Las cajas de ahorro no sobrevivieron por estar «excesivamente expuestas al saturado negocio inmobiliario», promoviendo proyectos de viviendas «inviables» y concediendo hipotecas con garantías que vieron derrumbarse su valor, teniendo que «ser rescatadas con fondos públicos», informa Ical.

Para IU, los ejecutivos de Caja Segovia obviaron el fracaso de su gestión, la ruina de los preferentistas y las ayudas públicas recibidas por la entidad resultante de la fusión en el BFA-Bankia argumentando «de modo ingenuo» que la responsabilidad de la quiebra fue del socio Caja Madrid, que es como «echar la culpa al jefe de la banda».

Para las jornadas del martes 19 y jueves 21 de febrero, están previstas en la sala de vistas de la Audiencia de Segovia, las defensas y las acusaciones expondrán las conclusiones. Desde Izquierda Unida no pierden la esperanza de que «la justicia entienda» que «los hechos probados» constituyen delitos societarios previstos y penados por el Código Penal, y se actúe en consecuencia.