Urbanismo recaudó 400.000 euros en 2017 a través de los expedientes sancionadores

En 2017 ha emitido 115 órdenes de ejecución. De ellas, 34 se encuentran finalizadas, lo que supone casi un 30 % del total. Además, de las finalizadas el 73,5% han terminado en sanción al no cumplir con los requerimientos en el plazo estipulado tras el aviso por parte del Consistorio. Esto supone que este tipo de infracciones han aportado a las arcas municipales en torno a 403.000 euros.

El porcentaje es elevado, aunque el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, reconoce que muchas veces es por dejadez, y que normalmente cuando llega la sanción los ciudadanos ejecutan las exigencias transmitidas, por lo que un porcentaje muy bajo acaba en los tribunales. La mayor parte de las órdenes de ejecución de 2017 se han producido por expedientes de disciplina en la actividad de un negocio o empresa. Un total de 37 expedientes de los que cinco están finalizados y 32 se encuentran en curso. En la mayoría de los casos este tipo de advertencias se dan porque tienen licencia para un tipo de uso que no necesita permisos, tan solo la comunicación, pero desarrollan una actividad relacionada con el ámbito sanitario o de la alimentación que sí que los requieren.

El requerimiento de obras de seguridad es el segundo motivo que más órdenes motiva. Normalmente, se hacen referencia a edificios que se encuentran en malas condiciones o con algún riesgo y necesitan ser intervenidos por parte de los propietarios. De este tipo se han tramitado 29, de las cuales 16 han concluido y 13 siguen el procedimiento habitual. En el caso de las órdenes de ejecución por disciplina de obras se han trasladado 27 en 2017, pero 21 continuaban pendientes al finalizar el año. Estas advertencias se producen cuando se detecta una obra mal hecha en un inmueble y se pide que corrija o derribe.

Menos frecuentes son las disposiciones relativas a casos de edificios en ruinas, o bien porque lo declara el Ayuntamiento o porque lo solicitan los propietarios, ya que han supuesto nueve casos. De ellos, seis han finalizado y tres permanecen abiertos. También los relativos a cuestiones medioambientales, que suelen deberse a vertidos ilegales o a infracciones en el tratamiento de los residuos. En este caso son siete, dos finalizados y cinco en curso. En último lugar se encuentran las denuncias por ruidos u ocupación de vía publica sin licencia, que han generado un total de seis órdenes de ejecución y dos ellas ya están finalizadas.

Las sanciones que se han interpuesto en este periodo oscilan entre los 2.500 euros y los 70.000. Esta última, fue debida a la ejecución de unas obras en un edificio sin licencia previa, pero ha sido anulada por una sentencia. Dos multas de 50.000 euros y otras dos de 20.000 se impusieron por inicio de actividad sin licencia y se impusieron otras trece sanciones de este tipo que oscilaron los 500 y los 15.000 euros. Además, se registraron seis multas coercitivas de 24.921 euros cada una, que deben de afrontar en diez pagos, por la negativa a efectuar obras de seguridad. También en por la necesidad de efectuar este tipo de obras se han emitido otros dos expedientes sancionadores por valor de 2.500 euros y cinco de cerca de 5.500 euros. Por el mal estado de conservación de edificios cinco multas por un importe de 1.000 euros cada una y la ordenanza de terrazas registró otra por un valor de 2.625 euros.

Entre los casos más destacados, Reguera señala el Molino de los Señores, un edificio del siglo XII construido sobre tres bóvedas de ladrillo que permiten el paso del río por debajo. Además, cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) emitida por la Junta de Castilla y León en 1983.