Uncisa, que trabajaba en el nuevo edificio de Justicia, presenta preconcurso de acreedores

La continuidad de las obras del nuevo edificio de Justicia en Segovia, paralizadas desde hace unas semanas, se enfrentan a un nuevo motivo de incertidumbre. El concurso de acreedores de la empresa adjudicataria, Corsan-Corviam, motivó en su día que el Ministerio de Justicia contratará con la firma Uncisa Construcciones e Infraestructuras SA un 20% de los trabajos que están siendo ejecutados en la parcela del barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Pero el proyecto puede sufrir un nuevo frenazo porque Uncisa, que también es adjudicataria de las obras de la Ciudad de la Justicia de Badajoz, ha presentado preconcurso de acreedores.

El rumor de que algo importante estaba pasando en las obras de Badajoz comenzó a circular después de que la mayor parte de los trabajadores que estaban desarrollando tareas en la nueva sede judicial se hayan marchado durante las últimas semanas. En el caso de Badajoz, se desconoce qué sucederá a partir de ahora, pero fuentes judiciales han confirmado el temor a que el proceso burocrático que se exige para resolver una situación de concurso de acreedores retrase la puesta en marcha de un edificio que unificará por fin todos los juzgados de Badajoz.

El nombre de Uncisa también ha aparecido durante los últimos meses en Segovia, donde se está edificando el nuevo edificio de Justicia con un presupuesto incluso superior al de Badajoz. En ese caso, el contrato fue adjudicado por el Ministerio de Justicia a la empresa Corsan-Coviam por 21 millones de euros, pero esa firma entró en concurso de acreedores el año pasado.

Ante la imposibilidad de continuar las obras, la empresa adjudicataria propuso ceder la adjudicación a Uncisa para que concluyera la ejecución, una posibilidad que finalmente presentaba dificultades porque era necesario que la empresa a la que inicialmente había sido encargado el proyecto hubiese ejecutado al menos el 20% de los trabajos. Pero ahora, al anunciar Uncisa el preconcurso de acreedores, la situación se complica.

El proyecto de ejecución del edificio del futuro Palacio de Justicia de Segovia estaba dotado en los Presupuestos Generales del Estado con una partida de 1,5 millones de euros para este año, con la previsión, antes de que se produjera el cambio de Gobierno, de destinar una partida semejante en 2019 y que las obras finalizaran en 2021, tras el replanteo realizado el año pasado, dadas las dificultades de la empresa, conocidas casi desde el inicio de las obras.

El contrato lo firmó Corsan-Corviam en marzo de 2016 con un presupuesto de ejecución de 11,9 millones de euros y un plazo inicial de 55 meses, de modo que la construcción en este terreno de 13.000 metros cuadrados del barrio de Comunidad de Ciudad y Tierra deberían finalizar a mediados de 2020, de acuerdo con el plan previsto.

Virgina Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, manifestó el pasado día 11 de septiembre durante su visita a Segovia para entrevistarse con la alcaldesa que, respecto a las obras del nuevo edificio de Justicia, los problemas derivados del concurso de acreedores de la empresa adjudicataria trataron de solucionarse al permitir que un 20% de las obras las hiciera otra empresa, es decir, con una subcontratación parcial.

Así fue «hasta hace poco», declaró Barcones, pues esta segunda empresa, Uncisa, siguió trabajando conforme al plan previsto y con el presupuesto asignado por el anterior Gobierno del Partido Popular. Ahora bien, los informes jurídicos sobre la relación de esta subcontratación con el concurso de acreedores aconsejaron suspender las obras.

Barcones manifestó que, «en la medida de nuestras posibilidades estamos intentando que otro adjudicatario pueda seguir con las obras, porque si no habría que sacar una nueva licitación que, en último término, no es una decisión del Gobierno de España, es una decisión judicializada en la que nosotros estamos intentando trabajar».

La continuidad de las obras, pues, dependía de lo que decidiera la administración concursal, según explicó la delegada del Gobierno. La opción de volver a licitar la ejecución del proyecto parece ahora la más probable, aunque supondría un considerable retraso para el edificio de Justicia.