El TSJ ratifica la condena de seis años por violar a una adolescente tutelada

Los hechos ocurrieron en febrero de 2021, cuando la víctima, una joven de 15 años que se había fugado de un centro de menores en Segovia, se encontraba en situación de desamparo. Fue a través de una amiga como conoció al acusado, en cuya casa de Valladolid se alojó, pues temía ser identificada por la policía al estar fugada. Una vez en la vivienda, en el dormitorio del acusado, los hechos tomaron un giro dramático. Según la sentencia, el joven comenzó a realizar actos sexuales no consentidos, ignorando las reiteradas negativas de la menor, quien reiteradamente le pedía que «no la tocase y la dejase en paz». A pesar de sus intentos por apartarlo, cerrar los muslos y expresar verbalmente su oposición, el acusado la penetró vaginalmente, causándole lesiones físicas.

Al día siguiente, la menor relató lo sucedido a su amiga, que la llevó a casa de su madre. Esta la convenció para acudir al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Un ginecólogo y un médico forense constataron lesiones compatibles con la agresión: tres marcas eritematosas en el cuello por succión, dos erosiones lineales en la región escapular izquierda y laceraciones vaginales de menos de un centímetro. La menor, inicialmente reacia a denunciar por temor a las consecuencias de su fuga, presentó finalmente la denuncia, lo que dio inicio al proceso judicial.

La Audiencia Provincial de Valladolid condenó al acusado el 7 de abril de 2025 como autor de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. La pena impuesta incluye seis años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante ese tiempo, una orden de alejamiento de 300 metros y prohibición de comunicación con la víctima por 14 años, libertad vigilada por ocho años tras la pena de prisión, e inhabilitación para profesiones que impliquen contacto con menores durante 11 años. Además, se le ordenó indemnizar a la joven con 15.000 euros por daños morales.

La declaración de la víctima, considerada «firme, coherente y persistente» quedó suficientemente corroborada con el testimonio de la amiga, las contradicciones del supuesto agresor y los informes médicos que confirmaron las lesiones. El acusado presentó un recurso de apelación alegando dos motivos principales: la vulneración de la presunción de inocencia por falta de pruebas suficientes y un supuesto error sobre la edad de la víctima, argumentando que creía que la joven era mayor de 16 años. Sin embargo, el TSJCyL ha desestimado ambos planteamientos. En cuanto a la presunción de inocencia, la Sala considera que existe prueba de cargo válida, incluida la declaración de la víctima, el testimonio de la amiga y los informes médicos. Sobre el error de edad, el Tribunal señala que el condenado sabía que la víctima era menor, dado que ella le había desvelado la edad en presencia de la amiga y su apariencia física era marcadamente aniñada. La condena incluye medidas de protección a largo plazo, como la orden de alejamiento y la inhabilitación para trabajar con menores, buscando prevenir futuros delitos. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.