El Tribunal Supremo ratifica la orden de demolición de la balsa de purines de Losana del Pirón

Un grupo de vecinos se disponen a entregar las firmas. /El Norte
Un grupo de vecinos se disponen a entregar las firmas. / El Norte

La Sala rechaza el recurso de casación interpuesto por la empresa y el Ayuntamiento de Torreiglesias

El Norte
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El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que obliga a demoler la balsa de purines que se construyó en Losana de Pirón, de 3.000 metros cúbicos de capacidad y ubicada en suelo rústico protegido, a escasos veinte metros del cauce del arroyo Pililla, que vierte sus aguas al río Pirón. El alto tribunal ha rechazado el recurso de casación presentado por la sociedad Sagrado de Corazón de Jesús 2266 SL y el Ayuntamiento de Torreiglesias y ha dado la razón al colectivo vecinal, manteniendo los dictámenes del Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Segovia y del Tribunal Superior de Justicia. Según explica el colectivo vecinal, que recogió más de trescientas firmas en contra de la licencia, que finalmente fue otorgada y que ha sido anulada por los tribunales, la balsa fue construida por la empresa sin ningún tipo de permiso, a unos 250 metros del casco urbano de Losana de Pirón». Con posterioridad el Ayuntamiento de Torreiglesias la legalizó, a pesar de los movimientos vecinales y de otras organizaciones como Ecologistas en Acción y la Asociación Profesional de Turismo Rural y Activo en Segovia.

Las actuales normas subsidiarias provinciales protegen los cauces y arroyos con una distancia de seguridad de 100 metros y la actual balsa de purines se encuentra a 25 metros, argumenta la plataforma vecinal, que lamenta que «uno de los puntos que la Diputación pretende modificar es precisamente el de posibilitar la construcción de este tipo de balsas a menos distancia de la actual, dejando desprotegidos los cauces y arroyos». Los vecinos alertan «del grave riesgo que se cierne sobre la protección del medio ambiente en la provincia de Segovia, sobre su suelo, sus masas forestales y, en definitiva, sobre su población, si desde la Junta de Castilla y León se aprobara esa modificación sustancial».

Tras la sentencia del Supremo, los opositores al proyecto esperan que el Ayuntamiento de Torreiglesias cumpla la sentencia y restituya la legalidad vigente.