Los restos de 200 asesinados en la guerra permanecen en las cunetas de Segovia

Exhumaciones que se llevaron a cabo en Otero de Herreros hace quince años. /Antonio de Torre
Exhumaciones que se llevaron a cabo en Otero de Herreros hace quince años. / Antonio de Torre

Las zonas pendientes de exhumaciones se localizan en Sepúlveda, la sierra de Ayllón, Cuéllar y Maderuelo

CLAUDIA CARRASCALSegovia

Nunca conoció a su tío, pero ha escuchado decenas de historias sobre él. Su madre solo tenía 18 años cuando fue asesinado en la guerra, un golpe muy duro para la familia y, en especial, para esta hermana con la que estaba muy unido. «Era su protector, el que jugaba con ella, el que le enseñaba y le quitaba los miedos», relata Pilar Martín Moreno. Por eso, lo único que ha pedido toda la vida es «un lugar al que llevarle flores».

Ahora la única forma que ve esta familia de avanzar en paz y de suturar las heridas es desenterrar de las cunetas a los muertos. «Para mí, es un reto poder recuperar los restos de mi tío.en los ojos por el pesar de no haber conseguido enterrar a su hermano y dejó en mis manos esa misión por la que lucharé hasta el final», sentencia.

«Mi madre murió con lágrimas en los ojos por no haber conseguido enterrar a su hermano» pilar martín moreno, asociación de la memoria histórica

Las ganas de recuperar los restos de su tío para cumplir con esta promesa y la «vergüenza que supone para toda España» esta situación han llevado a Pilar a formar parte activa de la nueva Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Segovia. Hace poco más de una semana que se constituyó oficialmente. Su objetivo es claro: la búsqueda y recuperación de los restos de entre 150 y 200 personas que fueron asesinadas en la guerra o el franquismo. De ahí el lema del colectivo 'Abrir fosas para cerrar heridas'.

En la mayoría de los casos se desconoce la ubicación de los restos, aunque las fosas suelen encontrarse a las afueras de los municipios, en cunetas o descampados. En las ciudades o núcleos más grandes también es posible identificarlas en las paredes de los cementerios, explica el presidente de la asociación, Miguel Ull.

Erradicar vestigios

Otro motor que mueve el trabajo de esta asociación es el impulso, el estudio y la difusión del conocimiento sobre el franquismo y la Guerra Civil para reconocer y reparar el daño a las víctimas. En esta línea también se enmarca la colaboración para erradicar todos los vestigios franquistas de la provincia, desde escudos y marcas hasta nombres de calles que todavía existen en decenas de pueblos.

Retirada de placas de calles de Cantalejo que tenían nombres con reminiscencias del franquismo y la Guerra Civil.
Retirada de placas de calles de Cantalejo que tenían nombres con reminiscencias del franquismo y la Guerra Civil. / Antonio Tanarro

A estos dos objetivos fundacionales se suma un tercero, que todavía se está esbozando. Consiste en la creación de un archivo o centro documental sobre memoria histórica que recopile toda la información disponible de la provincia. «El fin no es sustituir a los archivos municipales, sino crear uno específico de esta temática para que la información sea más accesible», precisa. Para la difusión de los materiales y estudios que se obtengan, sus miembros organizarán y participarán en charlas y conferencias.

«El fin no es sustituir los archivos municipales, sino crear uno específico de esta temática» miguel ull, asociación de la memoria histórica de segovia

Creada por once socios fundadores, esta agrupación, que comenzó a gestarse hace año y medio, ya cuenta con cerca de una veintena de inscritos a mayores. Por el momento la afiliación es gratuita. Ull insiste en que se trata de una asociación heterogénea y abierta, por lo que puede acceder cualquier ciudadano, independientemente de su color político, solo tiene que tener motivación por la memoria histórica y por la recuperación de las víctimas.

Un proceso lento

En la provincia hay dcenas de focos que podrían contener fosas comunes. Ull destaca las zonas de Sepúlveda, Maderuelo, la sierra de Ayllón o la comarca de Cuéllar. Hasta la fecha se han producido exhumaciones en más de una decena de puntos; sin embargo, todavía hay entre 150 y 200 desaparecidos.

Con el fin de aunar fuerzas y de lograr mejores resultados, esta asociación está manteniendo los primeros contactos con otros grupos de la provincia como el Colectivo Republicano Antonio Machado o el Centro de Investigación de la Guerra Civil Española del Real Sitio de San Ildefonso, entre otros.

«Las víctimas y las familias merecen una solución, aunque sea ochenta años después» miguel ull, asociación de la memoria histórica de segovia

El cambio de Gobierno puede ser una gran oportunidad, según Ull, quien asegura que la Ley de Memoria Histórica con la que contaba el país hasta ahora estaba anulada y carecía de presupuesto. Por eso, valora la sensibilidad exhibida durante los dos meses del nuevo presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. «La infraestructura y el apoyo que ha ofrecido a asociaciones y a personas son imprescindibles», subraya al mismo tiempo que considera que el Gobierno debe de asumir los gastos que generen las exhumaciones.

El proceso es lento y requiere la presencia de especialistas, como historiadores, arqueólogos forenses y antropólogos; también, son necesarios permisos municipales y judiciales y la exhumación tiene que cumplir con la normativa autonómica. En cuanto a los costes hay pocos datos y no son demasiado exactos, señala Ull.

De 3.000 a 6.000 euros

Según varios expertos, la partida necesaria para exhumar un cuerpo puede rondar entre los 3.000 y los 6.000 euros. Esto incluye la apertura de la fosa, las pruebas de ADN y los estudios antropológicos y forenses. España tendrá que afrontar estos gastos porque las víctimas y sus familias «merecen una solución aunque sea 80 años después», asevera. Ull recuerda que en el país hay entre 120.000 y 150.000 personas documentadas y no localizadas, y en Castilla y León la cifra es de 15.000.

Hasta ahora, las exhumaciones se han producido a cuentagotas y con grandes complicaciones, que en la mayoría de los casos han prolongado el proceso hasta más de una década. Por eso, además de asumir los gastos, el Gobierno central tiene que dar un impulso a la normativa y simplificar los trámites.