La repercusión del pago de atrasos a los empleados públicos será de 2,6 millones

Miguel Ángel Mateo (derecha) comenta con Tomás Pérez el contenido de unos documentos en la comparecencia de ayer. /De Torre
Miguel Ángel Mateo (derecha) comenta con Tomás Pérez el contenido de unos documentos en la comparecencia de ayer. / De Torre

UGT informa del acuerdo con la Junta por el que se establece un horario de verano para julio, agosto y septiembre de 35 horas semanales

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

La repercusión económica en Segovia que tendrá el pago de los atrasos pactado entre los sindicatos más representativos y la Administración pública está cifrada en unos 2,6 millones de euros. El secretario provincial de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de Unión General de Trabajadores (FESP-UGT), Miguel Ángel Mateo, hace este cálculo a partir de la cantidad de trabajadores que van a verse beneficiados por este acuerdo y de la media de unos 200 ó 250 euros que van a percibir entre las nóminas de julio y de agosto, según prevé y desea el portavoz sindical.

Esta mejora retributiva ha sido suscrita también por Comisiones Obreras (CC OO). La Junta y ambas centrales han quedado mañana para ver cómo quedará la tabla salarial definitiva para el personal que desempeña su función en la Administración regional. Los representantes de UGT subrayan la «suma importancia» que entraña esta negociación y el marco que ha salido de ella, ya que significa el inicio de «la recuperación de los derechos perdidos» a raíz de las políticas de contención y racionalización implantadas durante la crisis financiera generalizada. Así lo ha definido el secretario de Acción Sindical en FESP-UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, quien sitúa en torno al 12% la pérdida de poder adquisitivo por parte de los empleados públicos en este periodo de encorsetamientos.

Variables introducidas

Asimismo, destaca la relevancia de que, por primera vez, la proyección de aumento salarial incluya variables y no solo bases fijas, como son el crecimiento del índice del Producto Interior Bruto (PIB) y una especie de fondo adicional por si las administraciones cumplen otros requisitos en matera financiera.

Los representantes de UGT desvelan que esa nueva tabla contempla un incremento progresivo del sueldo de los empleados del sector público desde este año y hasta 2020. En el presente ejercicio, la subida fija establecida es del 1,75%, que en función de los citados fondos adicionales puede alcanzar el 1,95%. Para el curso 2019, el porcentaje fijo de subida pactado es del 2,25%, que se incrementará por tramos del 0,5% según el PIB hasta un máximo del 2,50% en el caso de que el índice sea igual o superior al 2,5% del Producto Interior Bruto, y de un 2,75% debido a los fondos adicionales de las administraciones.

En 2020, el acuerdo establece una subida fija de las retribuciones del 2%, que de nuevo podrán ascender hasta el 3% según evolucione el PIB, y al 3,30% a partir de la variable incluida de los fondos adicionales.

En resumen, en los mejores de los casos los trabajadores públicos percibirán un aumento en sus nóminas del 1,95%, 2,75% y 3,85% en 2018, 2019 y 2020, respectivamente. En el peor de los escenarios, ante una situación de mínimos, esas subidas serán del 1,95%, 2,50% y 2,30% a lo largo de los tres ejercicios.

Con sus sustituciones

Este avance en la recuperación de los derechos laborales del personal que trabaja en las diferentes áreas del sector público está acompañado de otra reivindicación que, según UGT, está cercana a materializarse. Los representantes sindicales confían en que el Gobierno central lleve adelante en el próximo consejo de ministros la propuesta que ha esbozado la ministra de Hacienda sobre la recuperación de la jornada de 35 horas semanales, ya que en la actualidad continúa vigente la norma introducida en 2012 por el anterior ejecutivo, que establece un mínimo de 37,5 horas.

Ya hay pasos dados en la comunidad autónoma al respecto. Tomás Pérez especifica que la Junta no ha cumplido el objetivo de déficit que abriría de par en par la reinstauración de las 35 horas semanales. Sin embargo, lo que se ha negociado es «un horario de verano», que en principio se aplicará los meses de julio, agosto y septiembre. La clave para este acuerdo, resalta el secretario regional de Acción Sindical, «es que se ha alcanzado con la inclusión de las sustituciones». El coste que va a tener la aplicación de esta medida en el conjunto de Castilla y León es de entre 8 y 9 millones de euros.

El acuerdo se llevará a la práctica de la siguiente forma. Los trabajadores públicos tendrán durante el trimestre estival una jornada de 35 horas. Cada día trabajarán media hora menos. En las plantillas organizadas por turnos, como ocurre en la sanidad o en servicios sociales, se darán tres días en compensación. Para ilustrar la repercusión en el sector asistencial, el responsable autonómico ha señalado que se tendrán que contratar profesionales suficientes para cubrir dieciséis jornadas entre julio, agosto y septiembre.

13.400 trabajadores

UGT va a hacer hincapié en que esta recuperación de la jornada semanal de 35 horas se lleve a cabo también en los ayuntamientos. «Unión General de Trabajadores va a luchar para que todos los empleados públicos» vuelvan a dicha jornada, advierte Pérez. Ayer, el sindicato celebró una asamblea con delegados para informales de estos acuerdos y para instarles a que pidan en las respectivas instituciones locales a que se empiecen a abonar los atrasos y reclamen la negociación para reinstaurar las 35 horas semanales en los consistorios que no tengan déficit.

Mateo apunta que el conjunto de empleados de la administración pública que trabajan en la provincia ronda los 13.400, aunque hay que matizar que unos 2.300 pertenecen a la Guardia Civil, Policía nacional y Ejército. Por administraciones, el personal que posee la Junta está compuesto por algo más de 4.100 empleados; los ámbitos dependientes del Estado cuentan con 1.296 trabajadores, y las entidades locales emplean a 3.026 personas.

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