El PP reclama la reanudación «inmediata» de las obras del Palacio de Justicia

Estado actual del futuro Palacio de Justicia./Antonio de Torre
Estado actual del futuro Palacio de Justicia. / Antonio de Torre

La subdelegada del Gobierno asegura que la mejor solución es la firma de un convenio con una nueva empresa

QUIQUE YUSTESegovia

Las obras del futuro Palacio de Justicia de Segovia acumulan ya tres meses sin actividad y siguen sin una fecha marcada en el calendario para su reanudación. Los problemas económicos que han registrado las dos empresas que se han encargado de su ejecución desde septiembre de 2016 han motivado la paralización de los trabajos, mientras PP y PSOE mantienen un cruce de acusaciones sobre quienes son los culpables de la situación y quienes son los responsables de garantizar la continuidad de las obras.

Los senadores del Partido Popular volvieron a reclamar este lunes públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez que tome cartas en el asunto para que las máquinas vuelvan a trabajar en el edificio que albergará once juzgados de la provincia y que está situado junto al nuevo parque de bomberos, entre los barrios de Nueva Segovia y de Comunidad y Tierra de Segovia. Por ello, han presentado una moción en el Senado para que de manera «urgente e inmediata» se reanuden las obras de un edificio que consideran «fundamental para Segovia».

Pero los deseos de los parlamentarios populares parece que no se van a cumplir, por lo menos a corto plazo. Y es que todavía no hay plazos ni fórmula fijada para la reanudación de unos trabajos que en 2018 tienen reservada una partida en los Presupuestos Generales del Estado de 1,5 millones de euros. La subdelegada del Gobierno, Lirio Martín, explica que el Ministerio de Fomento está buscando una solución al problema «que no es fácil ni rápida», siendo la preferida la firma de un convenio de cesión de transferencias de obligaciones a una nueva empresa mercantil que se haga cargo de las obras. Esta solución ya fue anunciada por la subdelegada durante la fiesta de la Policía Nacional, aunque no ha podido concretarse durante el último mes. Si no se pudiera materializar, el Ministerio de Justicia tendría que rescindir el contrato con Corsan-Corviam (la empresa a la que se adjudicaron las obras en diciembre de 2015 y que está en concurso de acreedores desde 2017) para iniciar un nuevo proceso de licitación y ejecución de las obras, fórmula más lenta que la cesión vía convenio y que retrasaría los trabajos varios meses.

El senador popular, Juan Ramón Represa, se mostró partidario ayer de una nueva adjudicación al considerar esta fórmula más segura. «Depende del ministerio el tiempo que se tardaría en hacer una nueva adjudicación», afirmó tras considerar «menos factible» la firma de un nuevo convenio con otra empresa. Para el próximo año estaba prevista una nueva partida de 1,5 millones de euros, cantidad que asciende hasta los 6,4 millones en 2020 y a 1,45 millones en 2021, año en el que se esperaba que pudieran concluir las obras del edificio.

No obstante, los tres meses sin actividad en el inmueble retrasarán su puesta en funcionamiento, aunque Lirio Martín rechaza calcular cuánto tiempo de demora acumulan las obras, que ya sufrieron en el verano de 2017 una paralización debido al concurso de acreedores de Corsan-Corviam y a la posterior cesión del 20% de la obra a Uncisa, mercantil que este verano se ha acogido a un preconcurso de acreedores.

«Deslealtad institucional»

Tras conocer la reclamación del PP, la subdelegada del Gobierno acusó de «deslealtad institucional» a los senadores populares por presentar una moción sobre un problema «que ya era conocido hace un año» cuando eran los populares quienes estaban en el Gobierno. Por su parte, los senadores del PP criticaron la falta de información que durante los últimos meses se ha facilitado sobre el estado de la obra y afirmaron que estarán «vigilantes» hasta su reanudación. «Nosotros éramos conocedores de que había problemas con la primera empresa porque había solicitado la declaración voluntaria de acreedores. Me consta que cuando se hizo la cesión a la segunda empresa, en el ministerio había ya informes jurídicos que preveían las posibles dificultades que pudiera haber en el futuro. Nosotros como parlamentarios no manejábamos esas soluciones», concluyó Represa.

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