El 31% de los presos que fracasan en el programa de reinserción vuelven a delinquir

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella (2º por la izq.), inaugura el encuentro anual de directores de prisiones de España que se desarrolla hasta mañana en Segovia. /A. de Torre
La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella (2º por la izq.), inaugura el encuentro anual de directores de prisiones de España que se desarrolla hasta mañana en Segovia. / A. de Torre

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, inaugura en Segovia la reunión anual de directores de cárceles de toda España

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

Segovia reúne hasta mañana a los directores de todos los centros penitenciarios de España. El encuentro fue inaugurado ayer por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, quien admitió las carencias y necesidades que arrastra el sistema y, en especial, el personal de prisiones. Sin embargo, también reconoció que el escenario en el que se producen las reivindicaciones de asociaciones y sindicatos es «muy singular» debido a la prórroga presupuestaria y a la situación política, en referencia al Gobierno ahora en funciones de Pedro Sánchez y a la corta legislatura de apenas dieciséis meses.

Antes, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, esbozó la radiografía actual del sistema y echó la vista atrás cuarenta años para recordar el aniversario de la Ley Orgánica Penitenciaria. «Estamos mucho mejor de como estábamos entonces», aseveró al mismo tiempo que animó a los directores de las cárceles del país a avanzar en el mismo objetivo que guía los pasos que se dan en el ámbito de la política penitenciaria, que no es otro que «lograr que quienes ingresan en prisión salen mejor». La reinserción de quienes han cumplido condena es la máxima que marca el camino, insistió.

Ángel Luis Ortiz llamó la atención sobre las diferencias que se observan entre los internos que salen de la cárcel tras haber cumplido con éxito el tratamiento pertinente y quienes por el contrario fracasan en su participación en estos programas dirigidos a la reinserción social. En concreto, el índice de reincidencia oscila entre el 15% y el 7,3% en el caso de los exreclusos que acaban con éxito el tratamiento.

«Desinversión» en seguridad

Sin embargo, hasta el 31% de los que no lo hacen terminan volviendo a delinquir, apuntó el secretario general de Instituciones Penitenciarias en la inauguración del foro que se celebra en Segovia, quien también se felicitó al evocar la mejora desarrollada en las infraestructuras durante los últimos años. «Las instalaciones es casi totalmente renovadas», subrayó.

Por su parte, Ana Botella se lamentó que «en poco más de un año no se puede poner solución a cuestiones que vienen de siete años atrás», en referencia a la falta de cobertura de las vacantes que se suceden en los centros penitenciarios. En la cárcel segoviana de Perogordo, el déficit es de unos 45 funcionarios. En este sentido, la secretaria de Estado admitió «la desinversión en Seguridad», que también ha afectado a la falta de reposición en las plantillas. Sin embargo, también ensalzó los intentos del actual Gobierno de sacar una oferta pública de empleo para paliar estas carencias. «Sin ser una propuesta electoral –matizó– existe la voluntad de revertir esta situación y de apostar por la seguridad».

La falta de médicos

También los corsés de financiación, como consecuencia de la coyuntura política, aprietan a la hora de aumentar el sueldo de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, dio a entender Botella. «Somos sensibles a las reivindicaciones, pero el Gobierno se ha encontrado con unos presupuestos ya determinados». La titular estatal se escudó en el proceso de equiparación salarial emprendido para atender las demandas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. A este respecto, precisó que «existe un acuerdo de Estado con el que no se juega».

Por lo tanto, la intención esbozada por Ana Botella es la de culminar primero esta equiparación de las Fuerzas y Cuerpos del Estado y comenzar a tramitar la petición retributiva del personal de las cárceles a partir de 2020, ya que «hasta ahora no había nada firmado».

La secretaria de Estado citó la sanidad penitenciaria como otro de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar en estos dieciséis meses. «Se está trabajando con Función Pública para ver cómo paliar las carencias», dijo Botella, quien advirtió de que ese déficit de médicos en las cárceles «pone en peligro la capacidad de carga del sistema y de los profesionales no sanitarios». En cuanto a las alternativas que se están estudiando «a corto plazo» y para no chocar con la legislación en vigor, avanzó la opción de que se incorpore personal a modo de interinos sin titulación de médicos residentes. No obstante, la secretaria de Estado de Seguridad reiteró que la solución a este problema es «muy compleja».