La Policía precinta el garaje del 'caso Rosalía' y los vecinos lamentan la falta de alternativas
Los propietarios han dejado sus coches en otras plazas, en parkings municipales o en la calle
La Policía Local de Segovia ha ejecutado esta mañana el precinto del garaje subterráneo de los números 1 y 3 de la calle Los ... Almendros, en cumplimiento del decreto de Alcaldía emitido el pasado 10 de octubre. La medida, que ha obligado a los propietarios de 98 plazas de aparcamiento a desalojar todos los vehículos, ha causado un profundo malestar entre los vecinos, que denuncian la falta de alternativas para el estacionamiento mientras empiezan y concluyen las obras que permitirán la legalización de las plazas. El cierre se enmarca en el expediente urbanístico por obras no autorizadas que incluye la construcción de 18 trasteros vinculados a una sociedad relacionada con la ya exconcejala de Hacienda, Rosalía Serrano, que dimitió el pasado 15 de octubre en medio de una gran polémica.
El dispositivo se ha desarrollado a las 11:00 horas, hora límite establecida en el decreto municipal. Agentes de la Policía Local se han personado en el acceso al garaje comunitario. Allí, en presencia del presidente de la comunidad de propietarios, han procedido a documentar el interior mediante fotografías y a colocar precintos en las puertas de entrada. El presidente ha firmado un acta de notificación, que confirma la advertencia de la clausura. Los avisos colocados en los accesos también advierten de sanciones drásticas por vulnerar el precinto: cuantiosas multas económicas e incluso penas de prisión de hasta un año.
Previamente a la clausura, los propietarios habían procedido a la retirada de los vehículos durante la noche y la madrugada, si bien un único coche permanece en el interior, perteneciente a una vecina de avanzada edad cuya hija reside en el extranjero y no puede conducirlo. El precinto ha sumido a casi cien 100 familias en un pequeño caos logístico. Algunos propietarios han optado por garajes privados en niveles superiores del mismo edificio, en zonas adyacentes como Mahonías o en parkings municipales. El Ayuntamiento les ha prometido la emisión de tarjetas de residente para estacionamiento gratuito en áreas cercanas, pero aún no las tienen.
La comunidad, que agrupa a propietarios de las 69 plazas originales legalizadas en 1989 y las 29 adicionales creadas sin licencia hace tres décadas, ha criticado la falta de flexibilidad municipal. A pesar del cierre, los propietarios aseguran estar preparados para iniciar las obras de regularización en los próximos días. De hecho, ya tienen aprobado un presupuesto extraordinario de 125.000 euros y contratado a un aparejador para el proyecto técnico. «El proyecto es integral para legalizar las 98 plazas y los trasteros como un todo unificado», desvela uno de los afectados.
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El origen del conflicto se remonta a 1989, cuando se autorizaron 69 plazas en una nave transformada. Posteriormente, sin permiso, se reconfiguraron espacios para añadir 29 más y, en 2023, una empresa ligada a la exconcejala Serrano construyó 18 trasteros ilegales. Una inspección en abril de 2025 detectó riesgos de seguridad, lo que precipitó el decreto. Fuentes municipales aseguran que para poder usar los garajes que obtuvieron licencia en 1989, es preciso que los propietarios se retrotraigan a aquel momento, para lo cual deberán llevar a cabo las «actuaciones constructivas oportunas» de separación de esa zona (sectorización de incendio) en relación con el resto del actual garaje.
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