Piden cinco años y medio de prisión para dos bodegueros por apropiación indebida

La Fiscalía de Segovia mantiene la petición de cinco años y medio de prisión para ambos acusados por supuesta apropiación indebida al participar «con connivencia» en la presunta venta y compra, respectivamente, de una bodega de la provincia a través de operaciones no autorizadas por los miembros del consejo de administración, lo que causó un «perjuicio por enajenaciones y la generación de una deuda inexplicable» tras la descapitalización de la bodega, remarcó la acusación particular en las conclusiones definitivas.

En este sentido, también se solicita la imposición de una multa de un año, que asciende a 7.300 euros y al pago de una indemnización de 3,5 millones, cantidad en la que se cifra la venta y que presuntamente nunca fueron abonados por el comprador.

En suma a ello, el Ministerio Público extiende al exdirectivo, el mayor accionista de la bodega, un supuesto delito por administración desleal al «excederse en las labores de administración» y hacerse con el control de la bodega para usar este negocio como «grupo empresarial», ya que el acusado era socio de varios proyectos vitivinícolas.

Por ello, se le culpa de actuar de manera irregular para conseguir el control exclusivo de la empresa por beneficio propio, pues procedió a «desmantelar» sus activos patrimoniales para ampliar la deuda y venderla tiempo después. De ahí la petición de una sentencia condenatoria.

El exdirectivo justifica esta decisión, ya que la actividad empresarial estaba «abocada al fracaso, no había otra alternativa» que pudiese evitar el embargo, manifestó la defensa. A su vez, explicó que los socios consejeros estuvieron «permanentemente informados»de la venta y la situación de la bodega.

También incidió en que no había posibilidad de presentar concurso de acreedores porque el consejo de administración estaba bloqueado y, en consecuencia, se tomó la decisión de vender la unidad productiva. Todo ello sin que dejase de funcionar, puesto que «era lo único que tenía valor», añadió, a la vez que pidió la sentencia absolutoria del acusado de todos los procedimientos acusatorios. Tal y como recabó el Ministerio Público, aunque el negocio permanecía activo y en funcionamiento, la empresa segoviana vitivinícola se declaró en concurso de acreedores en 2017, momento en que el comprador creó la nueva sociedad con idénticas características.

La Fiscalía cuestionó el traspaso al comprador, que era ajeno al sector. En concreto, se trataba de un empresario de maquinaria que presuntamente era conocedor de las intenciones de su vendedor. Sin embargo, la defensa insiste en que esta adquisición no responde a dolo ni a connivencia. Y, en suma a ello, «ninguna prueba acusatoria se ha acreditado», insistió.

Esta afirmación está relacionada con la celebración de varios procesos judiciales por esta misma causa, uno de ellos en el Juzgado de lo Penal, que han concluido en la absolución de ambos acusados. «No es necesario buscar una condena a toda costa», recriminó uno de los letrados. También coincidieron en que, en caso de que la sentencia resulte condenatoria, iniciarán un procedimiento para declarar el juicio como «nulo».

En sus últimas palabras, el exdirectivo de la bodega incidió en que, desde el año 2011 al 2014, la empresa vivió una situación «tremenda», en un sentido económico y financiero. A su vez, lamentó los años colaterales causados a raíz de este proceso al comprador. «He perdido tres millones de euros y no los veré más», concluyó este último.