El Palacio de Justicia de Segovia necesita obras para adecuarse al Tribunal de Instancia

De hecho, la zozobra ha tenido su correspondiente altavoz en forma de comunicado colectivo en el que se ponían negro sobre blanco las inquietudes que suscita el calendario en el que se ya otea cómo se acerca ese horizonte temporal establecido por la Administración General del Estado.

Hace unos días, jueces decanos exclusivos, el decano de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional y decanos de los partidos judiciales integrados en la tercera fase para la constitución de los Tribunales de Instancia firmaron un escrito en el que advertían de «la carencia de los medios exigibles», en alusión a la falta de funcionarios que de por sí ya sufre la Justicia, y Segovia no es una excepción, así como del «escaso margen de tiempo previsto» para la implantación del nuevo sistema.

No da tiempo, aunque la provincia haya cumplido con buena parte de un camino que otras capitales de provincia de mayor tamaño apenas han empezado a andar. Manzano explica que la asunción de la denominada Oficina Judicial, hace casi tres años, trajo consigo la puesta en marcha de dos de las tres patas sobre la que se asienta la reordenación procesal: el servicio común de ejecución, encargado de hacer cumplir las resoluciones, gestionando la realización de las sentencias y otras decisiones; y el llamado servicio común general, responsable de tareas transversales de gestión y apoyo, como el registro, el reparto y los actos de comunicación, liberando a los juzgados de tareas administrativas.

La jueza decana reitera que el hecho de contar con estos elementos del nuevo modelo «coloca Segovia en una situación mejor» para completar la tercera fase. Sin embargo, lo que queda aún por delante se antoja misión imposible en el mes y medio que resta para la plena implantación de los Tribunales de Instancia en España. «Es un problema de tiempo y de recursos», subraya.

Para empezar, falta el tercer pilar de la nueva organización procesal, que es la instauración en la sede segoviana del servicio común de tramitación. «Tan importante o más que los otros», señala la magistrada, porque sus atribuciones abarcan desde que empieza a tramitarse un asunto hasta que se dicta sentencia. Por el momento, lo que se está acometiendo es la etapa formativa para instruir sobre los protocolos de actuación, pero dicho servicio no está operativo, precisa Alicia Manzano.

«Se tiene que hacer el acoplamiento» de todos los profesionales implicados en este procedimiento, desde los Letrados de la Administración de Justicia hasta los propios jueces, añade. El calendario va deshojando la recta final de 2025, ha consumido ya parte de noviembre y resta diciembre, un mes salpicado de festivos, advierte la representante segoviana, que ve «escaso» el margen de tiempo para ensamblar todas las piezas en el nuevo protocolo.

El otro obstáculo que se alza para cumplir con el plazo establecido por el Ministerio de Justicia para que a fecha del 31 de diciembre de este año estén preparadas las sedes judiciales del país se refiere a «los medios materiales exigibles para que la transición sea posible». Manzano explica que la instauración del Tribunal de Instancia en Segovia conlleva pasar página y olvidarse del modelo actual de juzgados. Estos órganos desaparecen.

Por lo tanto, la actual distribución de estancias del Palacio de Justicia requiere algunos cambios que amolden las instalaciones donde trabajan los profesionales al nuevo marco que impone el sistema entrante.

La jueza decana indica que el edificio actual se construyó en función de una ordenación basada en las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD). El nuevo modelo del Tribunal de Instancia supera ese criterio, lo que significa, entre otras cuestiones, que «no haya funcionarios asignados a ninguna plaza al ser servicios comunes». El definitiva, Alicia Manzano ve necesaria la ejecución de una serie de obras para adaptar los espacios al nuevo funcionamiento, y esa adecuación «no se va a hacer en solo un mes».

Estos problemas con los que choca la transformación son producto de la «premura», lamenta. Para muestra, el botón de la cartelería. A principios de este mes, el Palacio de Justicia de Segovia recibió la visita de una delegación del Ministerio, que empezó a colocar los nuevos paneles y a quitar los indicativos de las UPAD. «Los ciudadanos ven carteles de servicios que no existen», llama la atención Manzano. Estos cambios provocan desconcierto y confusión y ni siquiera se ha puesto en marcha el Tribunal de Instancia.