El Obispado prescinde del párroco de Coca, condenado en Colombia por el cobro ilegal de un contrato

El Obispado de Segovia ha decidido no seguir contando con el párroco de Coca, Aníbal Olaya, a quien no ha prorrogado su estancia en la provincia. La medida se produce después de tener conocimiento del procedimiento judicial que pesa sobre el sacerdote colombiano, quien regresa a su país para aclarar la situación en la que se ve envuelto. Fuentes de la diócesis explican que han recibido recientemente la noticia del enjuiciamiento y condena del cura a través de un artículo de 'La Nación', medio del país sudamericano.

En dicha información se detalla la sentencia contra el ya expárroco por «falsificación ideológica en documento público» por unos hechos que se remontan a 2004. Antes de que el citado artículo llegara a manos del Obispado, la Diócesis de Mocoa, a la que pertenece el sacerdote, había reclamado la vuelta de Olaya tras «haber cumplido tres años» de estancia en España. Fuentes del clero en Segovia matizan que el cura «se encontraba en una prórroga», la cual ha sido suspendida ante el requerimiento de la citada diócesis colombiana.

«No podemos retener a nadie», explica el Obispado, cuyos representantes intuyen que esa llamada desde Mocoa puede estar vinculada con el proceso del que luego han tenido noticia con el objetivo de que el expárroco «solucione sus problemas». «En todo el tiempo que lleva con nosotros no hemos tenido ninguna queja», apostilla la diócesis.

Los hechos por los que ha sido juzgado y condenado Olaya se remontan a 2004. Según el medio colombiano, en aquella época el religioso fue nombrado secretario de gobierno y de servicios sociales del municipio de Aipe durante la administración del alcalde Hugo Hernán Garzón. En 2011, la fiscalía inició una investigación sobre la gestión de ambos por una supuesta irregularidad cometida en el cobro de un contrato que nunca se ejecutó por valor de 1,98 millones de pesos, que al cambio son unos 545 euros.

En julio de 2014, el cura fue acusado formalmente de «falsedad ideológica en documento público». En julio de 2017 fue condenado por dicho delito a tres años y diez meses de prisión y a sesenta meses de inhabilitación. El sacerdote recurrió el fallo, en el cual se decía que el documento para la contratación de unos servicios sociales destinados a unos ancianos de dos fundaciones no se firmó, por lo que tampoco se ejecutó ni se abonó.

El cura, «como funcionario de la administración municipal de Aipe, obró con pleno conocimiento de que estaba certificando un hecho contrario a la realidad», señala el auto. El cheque fue «endosado y cobrado» en un banco «usando firmas espurias». En el proceso se acusa al religioso de falsificar la rúbrica de una contratista, quien niega haber suscrito ninguna certificación ni percibido dinero alguno. Olaya va a recurrir la nueva sentencia.