La Junta exige al Ministerio «respeto por el territorio» a raíz del cierre de Navacerrada

«No son formas de hacer política la imposición y la unilateralidad, hay que tener más respeto por el territorio». Con estas declaraciones como premisa sobre el polémico y próximo cierre de la estación de esquí Puerta de Navacerrada se presentaba ayer en el patronato del Parque Nacional Sierra de Guadarrama el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien además de representar a la comunidad autónoma le toca ejercer la presidencia del organismo por el turno rotatorio que se estableció con el Gobierno de Madrid a la hora de consensuar la gestión de la declaración del espacio protegido. Tras más de cuatro horas de reunión, el titular regional no varió apenas el discurso crítico que ha mantenido desde que se conociera que el Organismo Autónomo Parques Nacionales, encuadrado dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, había decidido no renovar la concesión privada que en los últimos 25 años ha explotado y gestionado las pistas de esquí alpino de Navacerrada.

Suárez-Quiñones recriminó a la directora del citado organismo estatal, María Jesús Rodríguez, también presente en el patronato de ayer, «las formas» empleadas por el Gobierno central, y que no es la primera vez en las últimas semanas que lleva a cabo una «política de hechos consumados», recordó el consejero en este caso la reciente estrategia de conservación del lobo. El representante castellano y leonés pidió explicaciones la directora de Parques Nacionales, que, según la Junta, continuó amparando el cierre de las pistas de Navacerrada en razones de sostenibilidad. Ya argumentó la preocupación por la saturación que sufre este enclave serrano y la afectación sobre la protección del entorno natural. Rodríguez ha justificado desde el principio que la revocación de la concesión también tiene que ver con los efectos del cambio climático en el puerto situado entre las vertientes segoviana y madrileña de Guadarrama. En esta línea, alertaba del aumento de la temperatura media y de la reducción de los días de nieve.

Suárez-Quiñones, al igual que la Comunidad de Madrid, pide más pruebas «porque el fondo de la medida no tiene justificaciones jurídicas, aunque pueda tenerlas de índole filosófico o político». El consejero castellano y leonés ha hecho hincapié en las formas y en su queja por la ausencia de consulta previa a las comunidades autónomas, a los municipios implicados y los agentes sociales y económicos, que también están representados en el patronato.

«No es admisible que las comunidades nos enteremos casi por la prensa», ha incidido a la hora de lamentar «la falta de lealtad». Juan Carlos Suárez-Quiñones ha exigido «respeto por el territorio» al Organismo Autónomo y al Ministerio que dirige Teresa Ribera. Asimismo, ha solicitado que en una próxima reunión, además de razones más concluyentes, se aporten soluciones al perjuicio económico y social que va a traer consigo el cierre de la estación.