Los grupos políticos vuelven a enzarzarse por el uso del remanente del Ayuntamiento

El pleno del Ayuntamiento de Segovia, marcado por la despedida de la concejala Claudia de Santos, que renuncia al escaño después de 13 años de trabajo en varias áreas, vivió ayer un nuevo enfrentamiento dialéctico por el uso del superávit. La moción del Partido Popular para instar al Gobierno de España «a no apropiarse de los recursos de las entidades locales, de los ahorros acumulados por los vecinos», generó un cruce de reproches entre el bloque de izquierdas –PSOE, Podemos e IU– y el grupo que lidera Pablo Pérez, alineado con Ciudadanos. «Creí que venían aquí a pedir perdón a los segovianos, porque ustedes son los responsables de los más de seis millones de euros que Segovia tiene inmovilizados, y ahora vienen a hacer de bomberos pirómanos, es una falta de respeto», criticó el portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, que calificó de «puro teatro» la propuesta, definida por el concejal Ángel Galindo, de «despropósito».

Por su parte, el concejal de Ciudadanos David García-Foj pidió ver los informes de los técnicos, después de que el equipo de gobierno asegurara que el dictamen emitido por los servicios de Intervención y Tesorería concluye que participar en el fondo de remanentes no afectará de forma negativa al fondo de liquidez, que en agosto se elevaba a los 18.633.500 euros. El Consistorio cuenta con 6.349.611 euros para una posible participación en el fondo que quiere crear el Gobierno con el dinero de los remanentes acumulados que voluntariamente quieran aportar las entidades locales.

«La estabilidad presupuestaria nos hizo ser hormigas, como en la fábula, pero ha llegado el oso hormiguero a quitarnos esos ahorros», una valoración que fue rebatida por la alcaldesa, Clara Luquero, que pidió respeto institucional porque «Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España, como anteriormente lo fue Mariano Rajoy». Luquero insistió en que «o el dinero se muere de risa en los bancos o lo empleamos para beneficio de los segovianos. ¿qué harían ustedes?».

Sí salió adelante, con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos, la moción de Izquierda Unida para instar a la Junta de Castilla y León a que legisle el cierre de locales donde se realiza la actividad de prostitución, con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen.

La propuesta está encaminada «evitar la expansión de la covid, dadas las dificultades de rastreo de contagios, y prevenir riesgos en la salud de las personas en situación de prostitución», señaló la concejala de Izquierda Unida, Ana Peñalosa.

La propuesta pide a la Junta que incluya como beneficiarias dentro del reglamento de la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas en situación de prostitución, incluidas aquellas que se encuentren en situación irregular.

También prosperó, sin unanimidad, la moción de  Podemos-Equo que proponía un paquete de cinco medidas para ayudar a la economía segoviana a superar el bache al que se enfrenta como consecuencia de la pandemia de la covid-19, una crisis que afecta especialmente al principal motor de la ciudad, el turismo, sobre todo al internacional. «Lo que antes era deseable, en relación a la diversificación de la economía segoviana, hoy es una cuestión de urgente necesidad», señaló San Juan. La propuesta «llega tarde y esta ciudad necesita industrializarse urgentemente», apuntó el concejal de Cs Javier García Crespo, mientras que el popular José Luis Huertas recalcó que «si Podemos pide un impulso de la industria segoviana es que algo ha fallado».