El Gobierno reclamará ante Europa que se mantengan los actuales fondos de la PAC

El ministro de Agricultura, Luis Planas (i.) conversa con el organizador del foro, Tomás García, en presencia del vicerrector del campus, Agustín García Matilla. /Antonio De Torre
El ministro de Agricultura, Luis Planas (i.) conversa con el organizador del foro, Tomás García, en presencia del vicerrector del campus, Agustín García Matilla. / Antonio De Torre

Luis Planas, que inauguró en Segovia el Congreso de Estudios Rurales se marca hasta mayo de 2019 para definir los grandes rasgos de la negociación

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

La preocupación que había expresado la Junta ante las propuestas planteadas por Europa de recortar los fondos europeos ha obtenido el consuelo y la respuesta del Gobierno español. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, declaró ayer en Segovia que «la posición de España coincide con la de Castilla y León». Es decir, que en el marco de la negociación de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) que se está construyendo, el Ejecutivo central va a «defender que se mantengan los fondos actuales», tanto para la comunidad autónoma como para el conjunto de España. Y si no, que esas ayudas se acerquen lo máximo posible a las que están vigor ahora, según explicó el ministro, quien añadió que «en una segunda fase» ya se abordaría la redistribución.

Planas recordó a modo de matiz que estos fondos «no son territoriales, sino que se conceden a agricultores y ganaderos». Asimismo, reveló que la propuesta que se acaba de conocer por parte de la Comisión Europea posee dos vertientes, y ambas abogan por una disminución de las ayudas. Por una parte, en el denominado primer pilar de la política agraria que es el de las ayudas económicas directas, la intención anunciada recientemente es de rebajarlas un 3,5%. Por otra, en lo que atañe al segundo pilar, es decir, al desarrollo rural, la tijera sería más severa y aplicaría un recorte del 15%.

Ante este punto de partida que plantea Europa, motivado por la salida del Reino Unido de la Unión, el Gobierno que preside Pedro Sánchez contrapone una «estrategia nacional». Luis Planas ha explicado que la voluntad del Ejecutivo es que haya «un plan estratégico nacional para el primer pilar». Y es aquí, en este punto, en el que se está en la actualidad. En sus primeros escarceos, realmente. El ministro de Agricultura reveló que la próxima semana habrá una segunda reunión con los consejeros de las comunidades autónomas para trabajar y avanzar en el acercamiento de posturas con la vista puesta en apuntalar «una postura de Estado» sobre la reforma de la PAC.

Dicho llamamiento a la unidad de acción también incluye la búsqueda del consenso con las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) y el sector cooperativo, precisó el titular estatal. Planas también bosquejó la cronología que se ha marcado su departamento para forjar esa postura común en la negociación de la PAC. Hasta mayo de 2019, la voluntad del Ministerio es «definir los grandes rasgos de la reforma». De nuevo, su titular reitera la necesidad de construir una posición conjunta entre las comunidades autónomas y los agentes implicados.

A partir de verano del año que viene, se pondría en marcha la segunda fase. Luis Planas concretó en sus declaraciones que entonces se abriría un periodo de unos dieciocho meses «para aplicar el modelo de la nueva PAC en España». Sobre los tiempos, detalla que la futura política agraria tendrá una vigencia que va del año 2021 a 2027.

Así pues, el marco actual tiene una caducidad; pero el ministro subrayó y aseguró que el Gobierno de la nación no va a estar dispuesto a dejar «vacíos» en el tránsito de un reglamento a otro. Y es que –arguyó– el 30% de los ingresos que obtienen los profesionales del campo provienen de las ayudas.

A partir de verano de 2019, en esa segunda fase a la que se refirió Luis Planas, la intención es que se definan asuntos concretos del reglamento, según dejó entrever el responsable ministerial. En este sentido, por ejemplo, se determinará si los jubilados o mayores de 65 años deben seguir percibiendo la PAC. «De momento llevamos un mes y cuatro días» de trabajo, apeló Planas a la paciencia. En lo que sí fue mucho más conciso y claro fue a la ahora de aseverar que «España va a intentar lograr la mejor PAC para el país desde el punto de visto financiero».

El punto de mira más inmediato de cara a la negociación está enfocado a «recuperar lo que se ha dado en el último periodo y lograr un mecanismo de aplicación práctica eficaz para el conjunto del país», añadió el ministro de Agricultura, que pospuso para la segunda fase la definición de otros conceptos, como los referidos a los perfiles de beneficiarios de la Política Agraria Común. Al respecto, admitió que el debate sobre quién debe acceder a estos fondos no es nuevo y precisó que «en cada periodo es diferente».

Los asesores que acompañaban ayer al ministro en su visita a Segovia reconocían que ya habían advertido a Planas del enorme interés y la inquietud que suscita el asunto de la Política Agraria Común en Castilla y León. Con ese aviso como premisa se enfrentó a los micrófonos y las cámaras que le esperaban ayer en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid (UVA), donde acudió para inaugurar decimosegundo Congreso Iberoamericano de Estudios Rurales.

Más de doscientos expertos de quince países –cuatro de ellos europeos– analizarán la realidad del mundo rural, sus oportunidades y sus amenazas. El foro aglutina numerosos enfoques y las más diversas perspectivas, de ahí que el lema escogido en esta ocasión para su celebración haya sido 'Territorios globales. Ruralidades diversas'. Este eslogan recoge el espíritu del los organizadores del congreso de recabar «la pluralidad de intereses» y plasma «el gran reto de mantener la diversidad de los territorios y las dinámicas locales en un mundo cada vez más globalizado».

Precisamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación puso de relieve, en su discurso de apertura del congreso, «el desequilibrio territorial» existente, que se refleja en una paulatina concentración de ciudadanos en las urbes, lo que provoca que «el 80% de la población resida en el 20% del territorio».

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