El Gobierno «no tiene intención» de clausurar cuarteles en el medio rural

La delegada del Gobierno de Castilla y León, Mercedes Martín, interviene ayer en la Subdelegación de Segovia ante representantes políticos de Segovia y Burgos y de la Policía Nacional y Guardia Civil de ambas provincias. /Óscar Costa
La delegada del Gobierno de Castilla y León, Mercedes Martín, interviene ayer en la Subdelegación de Segovia ante representantes políticos de Segovia y Burgos y de la Policía Nacional y Guardia Civil de ambas provincias. / Óscar Costa

La delegada en Castilla y León, Mercedes Martín, replica a las agrupaciones de guardias civiles que alertan del trasvase de agentes a grandes núcleos

César Blanco Elipe
CÉSAR BLANCO ELIPESegovia

La delegada del Gobierno en Castilla y León discrepa de las agrupaciones profesionales de la Guardia Civil que alertan desde hace tiempo del paulatino cierre de cuarteles que operan en las entornos más periféricos. Mercedes Martín descarta de manera rotunda estos temores y asegura, también tajante, que «no hay intención de desmantelar ni de reducir recursos en las zonas rurales de Segovia ni tampoco de Castilla y León».

Sin embargo, las organizaciones que representan a los agentes están con la mosca detrás de la oreja y advierten de que ese desmantelamiento se está ejecutando de manera silenciosa y progresiva. Uno de los colectivos del Cuerpo que ha dado la voz de alarma sobre esta situación es la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC), que explica que en comandancias de provincias como las de Zamora, Palencia, Badajoz, León o Toledo ya se nota una «merma de plantilla en sus puestos territoriales». Los agentes que se detraen del medio rural se trasladan a grandes poblaciones, añade la asociación profesional.

La citada agrupación de suboficiales del Instituto Armado llama la atención sobre el método que utiliza el Gobierno para vaciar y clausurar acuartelamientos «de forma oficiosa». Así, sus portavoces desvelan cómo se resta personal de los catálogos de trabajo que existen en las plantillas más que ajustadas que desempeñan su deber en estos puestos de pequeño tamaño ubicados en los entornos rurales. La ASESGC añade que esas plazas se destinan a reforzar los grandes núcleos de población, así como las llamadas Unidades de Seguridad Ciudadana que acogen las comandancias. A su juicio, este tipo de actuaciones por parte de la Dirección General de la Guardia Civil no contribuyen precisamente a fijar población en la denominada 'España vaciada'. Más bien todo lo contrario, porque lo que realmente valoran los vecinos de los pueblos es la sensación de seguridad.

Estragos de la nula reposición

Mercedes Martín, por su parte, asevera que en Castilla y León tiene, si cabe, más sentido el servicio de cercanía a la sociedad que efectúa la Guardia Civil, debido a las características geográficas y demográficas de la comunidad, las cuales dibujan un territorio envejecido y cada vez más disperso que sufre una constante sangría de población.

La delegada del Gobierno contrapone frente a los oscuros augurios que vaticinan el progresivo cierre de acuartelamientos y de puestos territoriales los buenos datos cosechados en la lucha contra la delincuencia. Dichos índices son «mejores que la media nacional», ha ensalzado la máxima representante en la región de la Administración central.

Lo cierto es que la supresión de la tasa de reposición ha afectado a las plantillas de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En el caso de la Comandancia de la Guardia Civil en Segovia, el recorte de efectivos sufrido entre los ejercicios 2011 y 2017 fue de 47 agentes, pasando de 614 a 567 (a fecha del mes de octubre de 2016). El matiz es que la ardua causa de velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos recuperó agentes en 2018 para compensar las pérdidas de los años centrales de la crisis financiera generalizada.

En cuanto a los cuarteles, el Gobierno cuenta con programa planificado de reformas progresivas para que estén en las debidas condiciones para que las familias puedan vivir. Por cierto, el pasado mayo, la subdelegada del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, anticipó la prioridad de la creación de un nuevo acuartelamiento en el alfoz para disponer de más espacio cerca de la capital y lograr que un mejor servicio la Guardia Civil es estas zonas del cordón metropolitanas. Esta infraestructura, que se habilitará en La Lastrilla, ya está prevista en los planes estratégicos de la Guardia Civil, pero depende de la disposición de unos Presupuestos Generales del Estado firmes y contundentes.

En cuanto la Unidad de Seguridad Ciudadana, que se puso en funcionamiento en 2018, contribuye a reforzar los servicios y a realizar operativos y dispositivos que requieren de un mayor nivel de especialización, como ha ocurrido en la reciente operación contra el narcotráfico que ha acabado con veintitrés detenidos entre Segovia, la Comunidad de Madrid y Miranda de Ebro