La Fiscalía demanda a Iberpistas en nombre de los atrapados por el caos en la nevada de la AP-6

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante el rescate de los atrapados el 7 de enero de 2018./AFP
Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante el rescate de los atrapados el 7 de enero de 2018. / AFP

El Ministerio Público considera que la concesionaria de las autopistas de peaje incumplió la obligación de mantener las vías y sus accesos en perfecto estado de utilización

Miguel Ángel López
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZSegovia

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Segovia ha iniciado un procedimiento civil para reclamar a Iberpistas SA y Castellana de Autopistas SA, concesionarias de las vías de peaje AP-6, la AP-61 y la AP-51, las indemnizaciones que correspondan a las personas que quedaron atrapadas en más de 3.000 vehículos, como consecuencia de una intensa nevada, la noche del 6 al 7 de enero de 2018 en la vía de alta capacidad durante 18 horas, hasta que se produjo el rescate por la Unidad Militar de Emergencias. Será probablemente un proceso largo para dirimir unas indemnizaciones cuantiosas, aunque no están predeterminadas porque falta por establecer el número de perjudicados y las cantidades. Solo a modo de referencia, la Plataforma de Afectados por la nevada de la AP-6, que ha negociado un acuerdo con Iberpistas, estima que las indemnizaciones pactadas y aceptadas por 2.650 personas (el 85% de los damnificados) ascenderá a unos 600.000 euros.

El escrito presentado al juzgado inicia la acción civil «en representación de los intereses generales»

La demanda civil de la Fiscalía (quizá la última que firme antes de su jubilación el fiscal jefe, Antonio Silva) quedó registrada el pasado miércoles, «en representación de los intereses generales» y con un relato de los hechos que la motivan en el que destaca varias irregularidades, como la insuficiencia de medios para mantener abierta la autopista al tráfico «con un mínimo de normalidad», una «clara negligencia» al permitir la circulación de vehículos pesados con un solo carril operativo y, entre otras circunstancias, que la carretera quedara impracticable por la nevada, los coches y camiones retenidos y sin que la concesionaria con sus medios fuese capaz de revertir la situación.

En los hechos la demanda también explica los sucesivos cortes de tráfico, los tramos de las tres vías por los que se permitió acceder a la AP-6, las restricciones a la circulación por la nevada, los alcances, salidas de la vía por pérdida de control de vehículos en la zona del Caloco (kilómetros 72 a 67 en sentido Madrid), la reducción de carriles practicables decidido por la concesionaria, el aumento del tráfico y su circulación más lenta, retenciones, la dificultad para que pasaran las quitanieves y el corte total de la circulación ya el 6 de enero por un accidente con varios coches atravesados sin que hubiera posibilidad de que circularan las máquinas y sin que se comunicará el incidente al inspector de zona.

Más adelante, el escrito de la Fiscalía indica los sucesivos cortes y restricciones de la circulación, las medidas adoptadas para intentar restablecer la normalidad, el inicio de la circulación de vehículos detrás de las quitanieves y que, más tarde, algunas máquinas ya no pudieron avanzar y quedaron inmovilizadas en la retención.

En una de las conclusiones del relato, la demanda señala que ante una de las retenciones se decidió derivar máquinas desde la AP-51, pero «en el informe del inspector de zona AP-6 se hace constar que no existió ninguna derivación. Los tándem permitieron la circulación, pero el número de vehículos hizo que se disgregaran, esto no hubiese ocurrido si se hubiese dispuesto de más máquinas para trocear el convoy de vehículos».

En resumen

En el punto noveno de los hechos que relata, la demanda de la Fiscalía resume que la consecuencia de todos los incidentes fue que «al menos 3.000 vehículos se vieron afectados, durando su inmovilización aproximadamente 18 horas». Apunta además que «los resultados y perjuicios generados devienen de la carencia de medios suficientes, personal insuficiente y falta de medios para resolver las incidencias que iban surgiendo, deficiencia de información en los paneles de mensaje variable, descoordinación en el levantamiento de la restricción a pesados y posterior falta de control cuando se produce la nueva restricción e ineficiencia en los cortes realizados en las tres vías».

También recalca el escrito de demanda el «error en la orden de avance de vehículos en el kilómetro 81 (de la AP-6) en dirección a Madrid», la «mala gestión» en el accidente del kilómetro 66 en dirección Adanero y en «el levantamiento del corte» en el kilómetro 51. Añade la «deficiente limpieza en los tramos menos problemático» y «falta de información precisa a las autoridades administrativas». Todo esto, concluye la Fiscalía de Segovia, «supone un incumplimiento por parte de las concesionarias de la obligación de conservar la vía, sus accesos y servicios reglamentarios en perfectas condiciones de utilización».

Inicio de diligencias

La demanda de juicio ordinario supone el inicio de diligencias por el juzgado de primera instancia de Segovia que corresponda en el reparto y la ejerce el Ministerio Fiscal conforme al artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y como legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.

Las partes demandadas, por otro lado, son Castellana de Autopistas SA e Iberpistas SA, además de la compañía aseguradora con la que ambas sociedades tengan concertado un seguro de responsabilidad civil. El fundamento, explica el escrito de la Fiscalía, es la obligación de reparar el daño causado que establecen el artículo 1.902 y siguientes del Código Civil.

Así, la Fiscalía de Segovia ejerce la reclamación en nombre de todos los usuarios de las autopistas atrapados en la nevada del 6 y el 7 de enero de 2018, en un juicio ordinario cuya cuantía es aún indeterminada porque las indemnizaciones tendrán que establecerse, en su caso, en el trámite de ejecución de sentencia.

Pero el proceso se prevé de larga duración, tanto por los trámites que requerirá para identificar a los usuarios afectados como para, si es así, descontar a los que han llegado a un acuerdo con la concesionaria de las autopistas, aparte del posible recurso (o recursos) que Iberpistas pueda plantear si las sentencias le resultan desfavorables.