La Fiscalía apoya la petición de rebaja de fianza a la excúpula de Caja Segovia

La fianza que la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de lo Mercantil de Segovia ha impuesto a los exconsejeros de la extinta Caja Segovia por el caso de las prejubilaciones millonarias aprobadas en 2011, y que asciende a 24,4 millones de euros, no podrá ser asumida en su totalidad por los acusados, que esperan una rebaja por parte de la jueza tras el informe que previsiblemente elaborará la Fiscalía y que defenderá una disminución de las cuantías.

Así lo dejo entrever ayer el abogado Luis Rodríguez Ramos en la Audiencia Provincial de Segovia tras el acto en el que se notificó a los acusados el auto de apertura del juicio oral con la entrega de las respectivas copias de los escritos de acusación. «Es un acto formal. Hay una serie de resoluciones que no basta con notificárselas al interesado a través de su procurador sino que tienen que hacerse personalmente. Este es uno de los casos», explicó el letrado, quien confirmó que desde la notificación del requerimiento los acusados disponen de cinco días hábiles para hacer frente a la fianza, aunque si la jueza observa que hay voluntad para prestar dichas cantidades se puede conceder una prórroga.

No obstante, recordó que hay acusados que residen fuera de Segovia y que todavía no han recibido el auto de apertura y el requerimiento de fianza. Además, las defensas están a la espera de la resolución de la impugnación planteada contra las fianzas y que está pendiente de un informe del Ministerio Fiscal, órgano que todavía no ha recibido traslado de tal actuación. En el momento en el que se produzca, su informe defenderá una rectificación, modificación o disminución de unas fianzas que Fiscalía considera «inadecuadas».

Rodríguez Ramos, que asumirá las defensas de Atilano Soto, Manuel Escribano, Manuel Agudíez y Antonio Tapias, aseveró que si se mantienen las cantidades fijadas como medidas cautelares por la jueza «va a haber insolvencia parcial». En su opinión, la cantidad solicitada es «disparatada e infundada» y solo asumible por «muy pocas personas en España».

Negó que los exconsejeros de la extinta entidad de ahorro tengan cantidades preparadas para hacer frente a las fianzas exigidas para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que pudieran imponérseles, indicando que lo único que pueden ofrecer son los inmuebles que tienen, «o el inmueble –en singular– en alguno de los casos». Lo que sí reconoció el letrado a su llegada a la Audiencia Provincial de Segovia es que aquellos acusados que tengan bienes en régimen de gananciales tendrán que pedir plazo para poder liquidar las sociedades que dispongan en dicho régimen, de modo que sus parejas, «que no tienen nada que ver, no se puedan ver afectadas por posibles embargos», paso que ya se ha producido, según afirmó el abogado de Izquierda Unida, Alberto López Villa, en declaraciones a Ical.

Rodríguez Ramos llegó a la Audiencia Provincial acompañado de un sonriente Atilano Soto, quien no quiso hacer declaraciones. Tampoco las hicieron ni Manuel Agudíez ni Antonio Tapias, que se dejaron ver pasadas las diez de la mañana en el inmueble situado en la calle San Agustín y que comparten abogado con el que fuera presidente de la entidad de ahorro. «Hoy no es el día», se limitó a declarar Antonio Tapias.

Al resto de los exconsejeros acusados de un presunto delito de apropiación indebida agravado y de otro de administración desleal (Elena García Gil, Enrique Quintanilla y Manuel Escribano) no se les vio por el juzgado número 2, al igual que a los responsables a título lucrativo (Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Javier Varas de la Fuente, Juan Magaña Busutil, Malaquías del Pozo y Juan Antonio Folgado) que también estaban citados durante la mañana de ayer.

Una vez notificado personalmente el auto de apertura de juicio oral a los acusados, y a la espera de la resolución de la impugnación planteada por las defensas sobre las fianzas, el siguiente paso –una vez concluidas las diligencias– es la presentación de los escritos de calificación de cada una de las partes. En primer lugar llegará la del Ministerio Fiscal, que reitera que será «una calificación absolutoria», seguida de los escritos de acusación y de las defensas en último lugar. Cuando todas las partes hayan concluido sus escritos de calificación será la jueza o la propia Audiencia la que establezca cuando tendrá lugar el juicio contra la excúpula de Caja Segovia.

La fecha en la que se celebrará es «impredecible» para Luis Rodríguez Ramos, quien entiende que serán los magistrados de fuera de Segovia que designe el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León los que establezcan la fecha en la que se desarrollará el juicio. El letrado insistió en que los magistrados segovianos «están contaminados» por la revocación del auto de procesamiento, motivo por el cual deben abstenerse. «Uno de los motivos de abstención de jueces y magistrados es haber intervenido en la instrucción y en este caso la intervención en la instrucción ha sido definitiva, puesto que han prejuzgado que puede haber delito. Ya no son idóneos para de un modo imparcial presidir el acto de juicio oral».