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Defensas de los acusados, durante la última sesión del juicio de las prejubilaciones. Antonio de Torre
Los exdirectivos de Caja Segovia alegan «haber sufrido ya una muerte civil»

Los exdirectivos de Caja Segovia alegan «haber sufrido ya una muerte civil»

El juicio por las prejubilaciones millonarias ha quedado visto para sentencia tras un mes de declaraciones y pruebas

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Viernes, 22 de febrero 2019, 12:34

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El tribunal que juzga si hubo o no delitos de administración desleal y apropiación indebida en la elaboración, aprobación y cobro de las prejubilaciones millonarias que se embolsaron exdirectivos de Caja Segovia ha dejado visto para sentencia el juicio que se ha desarrollado a lo largo del último mes, desde aquella primera sesión del 22 de enero en la que las acusaciones y las defensas esgrimieron las cuestiones previas a las declaraciones.

En la última jornada de ayer coincidieron las conclusiones de los cuatro abogados que representan a los seis principales encausados –Atilano Soto, expresidente de la entidad; Manuel Agudíez, que fue vicepresidente primero; Elena García Gil, antigua vicepresidenta segunda; el exdirector general, Manuel Escribano; el que fuera secretario general, Antonio Tapias, y Enrique Quintanilla, quien ocupaba la dirección de Recursos Humanos–. Los letrados cargaron contra las acusaciones, a las que tacharon de actuar «de mala fe» y «con temeridad. También reprobaron el papel de los medios de comunicación, a los que responsabilizan de «la tortura moral notable» a la que han estado sometidos sus patrocinados durante más de cinco años.

Esa fue una de las expresiones que empleó el penalista Luis Rodríguez Ramos, letrado de Escribano y Tapias. El abogado se encargó de subrayar en su informe que las «difamaciones» de las que habían sido objeto los antiguos directivos de la Caja ya les había causado «una muerte civil» al ser considerados de cara a la sociedad segoviana como «unos ladrones». El resto del estrado de los representantes legales de la excúpula de la entidad repitió este argumento con mayor o menor vehemencia.

Así pues, Jesús Tovar, además de aclarar que Elena García Gil no percibió un euro en concepto de las prejubilaciones, lo que la exime de un posible delito de apropiación indebida, también criticó que los encausados hayan sido «víctimas de un juicio social».

«La pistola» del informador

Este letrado también se refirió a las conclusiones del Ministerio Fiscal, que el pasado martes dejó entrever en su intervención que las prejubilaciones eran legales, aunque pudieron ser «amorales». Tovar precisó que «la moralidad es un concepto relativo». El abogado de García Gil añadió que los importes económicos que percibían los exdirectivos no sirven para medir la moralidad, sino que «es el mercado el que informa de lo que es moral, inmoral o amoral». A partir de ahí, defendió que las retribuciones eran «ajustadas» a las que marcaba el sector de las entidades de ahorros en aquel momento, a pesar de que «el juicio popular ya ha recaído» sobre los antiguos altos cargos, quienes «han sido condenados ante la opinión pública» por aceptar las normas del mercado, arguyó Tovar.

Los otros letrados se alinearon con este discurso. Por ejemplo, el representante de Escribano y Tapias, que incidió en atribuir a la presión mediática la celebración de un juicio que ha calificado en varias ocasiones de «injusto» porque, en su opinión, no se tenía que haber abierto nunca por la ausencia de indicios delictivos. Rodríguez Ramos afirmó a la salida del juzgado que lo ocurrido en este caso de las prejubilaciones es que «el informador ha recibido la pistola» durante el periodo de la instrucción judicial y la ha disparado al «publicar un secreto quebrantado», algo que «en países más civilizados es delito».

Al igual que sus colegas, solicitó la libre absolución para sus patrocinados y la condena en costas procesales para las acusaciones particular y popular, ejercidas por la Fundación Caja Segovia e Izquierda Unida, respectivamente. El prestigioso penalista confía en que el tribunal declare la inocencia de los encausados, ya que una sentencia absolutoria contribuiría a que los antiguos directivos de la entidad puedan «rehabilitar su fama que estos años se ha visto perturbada». Si dicho fallo se viera arropado por la condena en costas procesales, también ayudará a resarcir «los graves daños morales» padecidos por quienes se han sentado en el banquillo y por sus familias, apostilló el abogado.

Las defensas también han hecho hincapié en la solvencia de Caja Segovia, en contra de lo planteado durante el juicio por el abogado de IU, Alberto López-Villa. Tovar puso uno de los acentos de su informe en la falta de pruebas sobre el perjuicio económico causado a la entidad por el plan de prejubilaciones, al mismo tiempo que subrayó que los acuerdos sobre estas retribuciones de 2006, 2008 y 2010 estuvieron «dentro de la normalidad jurídica». De esta manera, también cuestionó que la Fundación Caja Segovia sea una víctima y, por tanto, tenga la legitimización de encarnar la acusación particular.

El 'deber' de Arahuetes

Asimismo, desvinculó a la extinta entidad de la crisis de BFA y rechazó el argumento de las partes acusatorias de que el FROB concediera ayudas a la caja segoviana. En su informe, también se refirió al exalcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, quien prestó declaración en la causa como testigo al haber formado parte del consejo de administración.

El letrado recriminó al exregidor que atribuyera su dimisión al frente del Ayuntamiento a la supuesta opacidad de la organización cuando «no miraba las cuentas». Asimismo, Jesús Tovar expuso que, de haber detectado el menor indicio de irregularidad, «debería haber permanecido porque era el representante de la ciudad». Concluyó que Arahuetes, al igual que el resto de consejeros, «estuvieron de acuerdo y fueron partícipes» de la luz verde a las prejubilaciones, cuyo valor conjunto superó los 17 millones de euros.

El abogado de Atilano Soto y Manuel Agudíez, Joaquín Rodríguez, centró buena parte de su conclusión en desvirtuar la motivación del proceso judicial que calificó de «perverso» porque «la falta de rigor» de las acusaciones. En este punto, recordó que hubo un primer auto tras la denuncia presentada en 2011 por UPyD que decretaba el sobreseimiento. Rebatió a la acusación particular, a la que afeó de «plantear hipótesis, como el engaño a los consejeros» cuando se aprobó el plan de las prejubilaciones, unas conjeturas que luego asentaron el recurso que reabrió la causa.

«Nada que ocultar»

En cuanto al silencio de sus representados, especificó que no respondieron a los interrogatorios de las acusaciones por «no ser personas técnicas ya que no tienen nada que ocultar». Las preguntas de los abogados de IU y de la fundación podrían ser «peligrosas por entrar en un campo en el que no son expertos y podrían incurrir en explicaciones confusas o no satisfactorias», reveló Rodríguez, quien criticó con dureza las pruebas testificales y periciales propuestas por la acusación particular, a las que negó valor alguno, y calificó de «falacia» el argumento de la fundación y de IU del coste que acarreaba la externalización de las obligaciones de cobro mediante las pólizas contratadas con Caser.

Cerró el turno el abogado de Enrique Quintanilla, quien reiteró el mensaje de que los encausados han sido víctimas de «enjuiciamiento público». Fernando Polo ahondó en «los errores» de las pruebas presentadas por la acusación, y se ratificó en que ni su patrocinado ni el resto de encausados obtuvieron un beneficio de las prejubilaciones, ya que el ERE de Bankia ofrecía unas cantidades económicas mayores.

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