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Miércoles, 7 de marzo 2018, 13:03
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Cuatro sindicatos aprietan el acelerador de la negociación colectiva con el Ministerio de Justicia en favor de la equiparación salarial de las plantillas. Son funcionarios del cuerpo nacional que se sienten discriminados por trabajar en territorios donde las transferencias judiciales no han sido traspasadas a las comunidades. Una de las damnificadas es Castilla y León, que junto las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o Castilla La Mancha, por ejemplo, sufren a la baja la desproporción retributiva.
Hace unos meses, el delegado de Justicia de CC OO, Roberto Alonso, advertía de las condiciones laborales en las que trabaja el personal de la Audiencia de Segovia. Se quejaba del excesivo calor que hace en verano en el vetusto palacio de San Agustín debido a las defectuosas instalaciones y la falta de aire acondicionado. «Aquellos problemas no se han solucionado», asevera. Se avisó a la inspección de Trabajo, y aquella revisión concluyó que «un 80% de las dependencias superaban los 27 grados». Tampoco son nuevos los «fallos informáticos que ralentizan el trabajo». «El tiempo en el que antes se hacían veinte expedientes, ahora se hacen la mitad», se lamenta Alonso, quien apunta que «los problemas tecnológicos» son fruto de que «el programa está obsoleto», en alusión al Medora y Lexnet. Estas dificultades impiden la consecución de la política de ‘cero papel’. «Ahora imprimimos más que antes», aunque el secretario general ha ordenado que se haga todo por vía telemática, precisa el portavoz.
Las organizaciones que han dado un paso adelante mediante la recogida de firmas que respalden su demanda son Comisiones Obreras (CC OO), Unión General de Trabajadores (UGT), la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) y el Sindicatos de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
En el conjunto de Segovia, el delegado provincial del sector de Justicia de Comisiones Obreras, Roberto Alonso, calcula que hay unos 150 funcionarios perjudicados por la diferente vara de medir las nóminas en función del territorio en el que se tenga y ejerza la plaza. El portavoz sindical indica que la «diferencia media» en los salarios que perciben los funcionarios segovianos con respecto al cómputo del resto del país es de «entre 300 y 400 euros menos al mes». Aunque esa brecha se agranda si se compara, por ejemplo, con la comunidad foral de Navarra, donde el sueldo que cobra «un trabajador que hace el mismo trabajo y que tiene la misma categoría puede ser de unos 600 euros más».
Alrededor de una treintena de representantes de CC OO han salido a la calle para exigir esa equiparación salarial y se han concentrado ante la Audiencia Provincial de Segovia. Estas protestas se están repitiendo en otras ciudades de España, asegura Alonso. El delegado provincial de Justicia de Comisiones añade que este martes se entregaron en las oficinas del Ministerio en Madrid las miles de firmas recabadas en todo el país a través de la campaña promovida por los cuatro sindicatos.
Las organizaciones acusan al Gobierno central de demostrar «un absoluto desinterés» por los funcionarios del ámbito judicial. Responsabilizan al departamento que dirige el ministro Rafael Catalá de «no proporcionar ni medios para trabajar ni formación, además de no solucionar los fallos tecnológicos y negar unas retribuciones dignas». Roberto Alonso espera que el respaldo de las firmas recogidas cale y obligue al ministro a sentarse a la mesa con los sindicatos para cumplir con la negociación colectiva en favor de la equiparación salarial. De no ser así, las reivindicaciones saldrán a las calles, advierte.
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