«Soy cumplidor de las leyes y hombre de fe»

La misiva de Olaya ha sido publicada por el diario colombiano 'La Nación' bajo el título 'Padre Aníbal: Lo que los medios no conocen'. En ella, el sacerdote se define como «cumplidor de las leyes y hombre de fe». De esta forma, subraya que acata y asume el veredicto que dictó la justicia de su país como ciudadano colombiano que es y se hace cargo de la sanción que se fue impuesta, «que consta de dos salarios mínimos (1.475 .434 pesos, que equivalen a 430 euros) y la firma y fiel cumplimiento de un acta de compromisos». Aníbal Olaya apostilla en la citada carta que «esta sanción la he cumplido con cabalidad».

En el escrito también recuerda las atribuciones que tenía cuando se produjeron los hechos por los que fue procesado. El cura detalla que hace catorce años, cuando era secretario de Servicios Sociales, «mis funciones requerían la colaboración de varias personas en la que confiaba y de las cuales dependía para realizar a cabalidad las tareas encomendadas». En el periodo en el que ocupó esta responsabilidad, el sacerdote asegura que tuvo «el gozo y satisfacción de ayudar a mucha gente pobre y necesitada».

«Disponía de mi sueldo para comprar alimentos, medicinas, libros de estudios para estas personas que trabajaban conmigo y la comunidad de Aipe». Como publicó El Norte de Castilla el pasado mes de noviembre, en 2004 el religioso fue nombrado secretario de gobierno y de servicios sociales del citado municipio colombiano durante la administración del alcalde Hugo Hernán Garzón. «Trabajé en la Alcaldía poco tiempo», concreta el sacerdote en el escrito. En aquel tiempo, aún no había sido ordenado sacerdote, precisa en la carta ahora publicada por 'La Nación'.

En 2011, la fiscalía inició una investigación sobre la gestión de ambos por una supuesta irregularidad cometida en el cobro de un contrato que nunca se ejecutó por valor de 1,98 millones de pesos.

En julio de 2014, el cura fue acusado de «falsedad ideológica en documento público». En julio de 2017 fue condenado por dicho delito a tres años y diez meses de prisión y a sesenta meses de inhabilitación. El sacerdote recurrió el fallo, en el cual se decía que el documento para la contratación de unos servicios sociales destinados a unos ancianos de dos fundaciones no se firmó, por lo que tampoco se ejecutó ni se abonó. El cura, «como funcionario de la administración municipal de Aipe, obró con pleno conocimiento de que estaba certificando un hecho contrario a la realidad», concluía el auto que precipitó la salida de España de Olaya y su retorno a Colombia.

El religioso agrega en su misiva que cuando se le acababa el salario y acudía alguien a pedirle auxilio, a su vez solicitaba la colaboración de sus compañeros, «quienes desinteresadamente ayudaban». Admite que «en alguna ocasión firmé una letra de cambio». Aníbal Olaya especifica que fue para «pagar con mucho esfuerzo, pero con gran alegría, una aportación a la operación de corazón de un señor». La cantidad por la que suscribió la letra fue aproximadamente de 900.000 pesos.