Uno de cada cuatro trabajadores del Ayuntamiento es interino

Empleados de la oficina de tributos del Ayuntamiento de Segovia. /Antonio De Torre
Empleados de la oficina de tributos del Ayuntamiento de Segovia. / Antonio De Torre

En el gobierno regional de Segovia la situación es distinta, pues se sitúa en el 3,4% gracias a las plazas cubiertas en servicios sociales

CLAUDIA CARRASCALSegovia

El Ayuntamiento de Segovia y la Diputación han convocado este año un total de 28 empleos públicos. En el caso de la institución provincial, la oferta de empleo público que ha logrado sacar adelante los últimos tres años ya que ha permitido recuperar gran parte de la estabilidad previa a la crisis. Sin embargo, para el Ayuntamiento de la capital esta oferta sigue siendo insuficiente y con muchas limitaciones. Aunque el Consistorio ha logrado recuperar el 100% de la tasa de reposición, la actual Ley de Contratos del Sector Público impide que esta administración pueda cubrir las plazas del personal que dejó su puesto o se jubiló entre 2012 y 2016, por lo que la tasa de interinidad ronda el 25%. Este lastre hace que la oferta de empleo público municipal sea escasa, según explica la concejala de Gobierno Interior y Personal y Patrimonio Municipal y Contratación, Marisa Delgado, quien lamenta que sigan sin poder cubrir las vacantes de hace seis años.

«Esta ley ha atado de manos y pies a los ayuntamientos, en especial a los pequeños», lamenta la edil. Además, recuerda que en un principio la tasa de reposición era de tan solo el 10%, el otro 90% quedó vacante. El porcentaje fue subiendo progresivamente hasta el 100%, una mejora que, sin embargo, no resuelve el problema. El Ayuntamiento tiene 530 empleados públicos y en la actualidad existen 131 vacantes de personal funcionario y 11 de personal laboral, es decir, hay cerca de un 25% de interinidad.

Este año el Consistorio sacará a concurso público dos plazas de bombero, dos de Policía Local y seis de auxiliar administrativo, ya que tan solo puede sacar las que han quedado vacantes en 2017. Por eso, además, de permitir de forma inmediata que se repongan todas las vacantes y no solo las del año anterior, Delgado aboga por una remodelación de esta ley para que se adapte a las peculiaridades de cada cuerpo y que permita anticiparse a las necesidades de los años consecutivos.

Esto supondría que las plazas del personal que prevé que pueda marcharse durante los años siguientes por jubilación o por cualquier otro motivo se puedan sacar a concurso con antelación y así evitar retrasos para su ocupación. Este sistema resultaría especialmente útil en cuerpos como el de la Policía Local donde el proceso, desde que sale a concurso la plaza hasta que empleado se incorpora al puesto, suele prolongarse durante más dos años, matiza la edil. En primer lugar, porque el procedimiento de selección es complejo, pero también porque es personal que antes de ejercer tiene que realizar la formación y un periodo de prácticas. Por eso, en estos casos solo sería posible cubrir las plazas casi de inmediato si se implantaran medidas más flexibles que dieran la opción de prever las bajas y convocar plazas con anticipación.

Además, la responsable del área recuerda que esta situación podría agravarse si el Gobierno aprobase la anticipación de la jubilación de los policías locales a los 60 años, en vez de a los 65. En Segovia, aproximadamente el 15% de la plantilla se encuentra en esta franja, por lo que en caso de implementarse para todos los agentes el mismo año en lugar de mediante un sistema paulatino, tal, y como se hizo en el caso de los bomberos, habría escasez de personal durante los dos años que conlleva la selección del nuevo personal.

Los sindicatos piden más empleo público en la provincia

Los sindicatos consideran que se tiene que seguir apostando de forma decisiva por el empleo público en la provincia. El secretario general de CC OO en Segovia, Álex Blázquez, indica que son pocas las plazas que ofertan cada año ambas instituciones e insiste en la importancia de remunicipalizar la gestión de servicios públicos como el abastecimiento de agua, el alumbrado, las basuras o la limpieza. «Los intermediarios encarecen el producto y disminuyen la calidad», sentencia. Sin embargo, advierten de que la implicación no tiene que ser únicamente con los empleados públicos, sino que tiene que ir un paso más allá y apostar también por los colectivos en riesgo de la ciudad y la provincia. Por esto, tanto Comisiones Obreras como UGT abogan por poner en marcha, lo antes posible, un plan de empleo local. «La clave es intentar paliar el desempleo en la provincia con contrataciones a parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social, como jóvenes o mayores de 55 años, con medidas que lleguen al máximo número de personas posible», explica el secretario provincial de UGT, Manuel Sanz.

Aunque las negociaciones llevan meses encima de la mesa, la Diputación «no ha mostrado buena disposición», según los sindicatos, que confirman que todavía no han recibido el borrador de esta institución. Más avanzado está el proceso con el Ayuntamiento de la capital, con el que esperan poder ultimar los detalles a lo largo de este mes de septiembre con el fin de poner en marcha este proyecto que aúna a patronal sindicatos y administración. Además, el Consistorio ya ha aportado las cifras anuales destinadas a empleo que, tal y como ha indicado Blázquez, con las ayudas de la Junta de Castilla y León superan el millón de euros.

Blázquez lamenta que Segovia sea la última provincia de la Comunidad en poner en marcha estos acuerdos que, a su juicio, beneficiarían enormemente a los más de 6.000 parados que hay en la provincia. Asimismo, explica que los sindicatos tan solo ponen dos condiciones: que el plan de empleo tenga una vigencia de dos años, para evitar la campaña electoral, y que el presupuesto que destinen ambas instituciones a la lucha por el progreso y la creación de empleo sea lo más elevado posible.

Delgado confía en que el nuevo Gobierno analice estas necesidades, escuche a los ayuntamientos y flexibilice esta ley de contratos que, a su juicio, está pensada para grandes administraciones como ministerios o comunidades autónomas, pero no para ayuntamientos pequeños con serias limitaciones de presupuestos y de recursos.

Las contrataciones y las condiciones laborales de los 530 funcionarios e interinos, así como de los cerca de 50 trabajadores temporales que cada año pasan por esta administración para hacer sustituciones o para servicios concretos como parte de las ayudas y subvenciones de diferentes administraciones, depende de esta concejalía. Por eso, otra de las máximas que defiende la edil es la modernización.

En 2008 comenzó el proceso de mejora de la valoración de los puestos de trabajo hasta el nivel 17, lo que incluye a operarios, ayudantes, auxiliares, oficiales y administrativos, estos últimos hasta el punto de que este 2018 han logrado una equiparación de nivel con la policía local. «Está bien que los puestos con peor valoración y retribución mejoren sus condiciones, pero estos avances tienen que trasladarse de forma progresiva a categorías superiores para evitar la desigualdad», sentencia. Por eso, a pesar de la oposición de los sindicatos considera justo que los próximos años se sigan revisando las condiciones y los complementos a partir del nivel 18, correspondiente a la PolicíaLocal porque «el objetivo es que todos los empleados públicos tengas las mismas oportunidades de mejorar sus condiciones laborales».

Plantilla estable

La Diputación de Segovia también ha sufrido las importantes restricciones de la ley de Contratos del Sector Público, aunque el diputado de de Administración y Personal, José Luis Sanz Merino, insiste en que los puestos «han estado cubiertos en todo momento con personal interino o temporal». Reconoce que la situación de esta institución se resintió durante los años de la crisis porque no pudo sacar oferta de empleo público y cubrir las vacantes. Sin embargo, recalca que la flexibilidad que el Gobierno otorgó en el área de servicios sociales, donde se permitió reponer el 100% de las plazas, ha facilitado la situación.

Además, desde 2016 han logrado sacar un número de puestos muy considerable, según el diputado. En concreto, este 2018 han convocado un total de quince plazas. De ellas, once son de auxiliar de administración general, una de ingeniero superior en telecomunicaciones, un técnico auxiliar de gestión tributaria, otro técnico jurídico de servicios sociales y un encargado de obras.

En este caso predominan las de auxiliar administrativo y es que, al igual que los dos últimos años, la Diputación prima la cobertura de las plazas con mayor interinidad, es decir, las que llevan en torno a cinco años ocupadas por personal interino. No obstante, Sanz Merino, confirma que la situación de la institución provincial no se puede considerar preocupante, ya que de los en torno a 725 empleados que trabajan en las diferentes áreas hay unas 25 vacantes que en estos momentos están cubiertas por interinos, es decir, en torno al 3,4%. El objetivo es reducirlas al máximo y recuperar los años en los que no existían vacantes, pero para la rigidez que ha supuesto la ley de contrataciones las condiciones son razonablemente buenas, comenta. Asimismo, confía en que esta administración logre estabilizar su plantilla prácticamente por completo con la oferta de 2019.

Estas nuevas convocatorias también están suponiendo una reducción de la edad media de los empleados, que oscila entre los 45 y los 50 años. Eso sí, las cifras varían en función del colectivo. Por ejemplo, en el caso de las auxiliares de clínica predomina la gente más joven, mientras que en puestos de ingenieros o arquitectos hay personal más veterano.

Petición al nuevo Gobierno

Sanz merino espera que el nuevo Gobierno socialista mantenga la senda de flexibilizar cada vez más las contrataciones del sector público. Además, le transmite la petición que ya realizó al anterior Ejecutivo el pasado mes de mayo de convocar de forma urgente oposiciones a la escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en todas sus categorías. A su juicio, existen importantes problemas generacionales en los ayuntamientos de los municipios de la provincia con la renovación de secretarios e interventores. «En dos o tres años se jubilarán la gran mayoría, por lo que el Estado debería de plantearse sacar más plazas de forma urgente», detalla.

En este ámbito la interinidad se sitúa en torno al 50% de los cerca cien empleados públicos que hay en los diferentes consistorios de la provincia y podría llegar hasta el 75% en los próximos años, según las estimaciones del diputado. Una situación, en su opinión, «muy preocupante».

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores tanto la Diputación de Segovia como el Ayuntamiento han aprobado en pleno, en el primer caso en el mes de julio y en el segundo el pasado viernes, la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos. Además, ambas han aplicado las subidas salariales estipuladas para este colectivo y se han comprometido a retribuir los atrasos a lo largo de este 2018. La institución provincial también ha aprobado el cobro del 100% de la retribución de las bajas laborales desde el primer día.

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