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Miércoles, 13 de junio 2018, 11:03
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El cuerpo de letrados de la Administración de Justicia se moviliza para exigir «un sueldo digno, retribuciones acordes con el estatus» que ocupan y la «equiparación salarial» con otros colectivos del ámbito público que tienen la misma categoría profesional, entre otras demandas. La reivindicación nacional ha tenido su repercusión en Segovia, donde estos empleados se concentraron ayer para reclamar más medios y recursos adecuados a sus atribuciones.
Los funcionarios conocidos antes como secretarios judiciales demandan «la modernización urgente de la justicia». Así, apremian al Ministerio para que adopte las medidas oportunas «para superar las graves carencias que afectan al ámbito organizativo, tecnológico, de medios materiales y personales».
En este sentido, la representante de los letrados, Celia Salvador, ha incidido en la necesidad de la implantación de la nueva oficina judicial «bajo la dirección exclusiva» de estos trabajadores. En la provincia hay quince letrados de la Administración de Justicia, que dirigen equipos de oscilan entre los ocho y diez funcionarios por cada órgano judicial. Esta dotación «ahora es insuficiente».
Pero el problema principal que lastra el trabajo diario de este colectivo se concreta en «los constantes fallos del sistema informático», han apostillado en su crítica. Piden que el proceso de digitalización, necesario por otra parte, «se haga bien». Celia Salvador explica que cuando los programas se caen y se imposibilita la firma del letrado, los procedimientos se paralizan y entonces llegan los atascos, los retrasos y los colapsos. «Y los últimos responsables somos nosotros», se queja la portavoz segoviana. Estas averías son prácticamente diarias, hacen hincapié. Unas veces se solucionan en unos minutos, pero en la mayoría de ocasiones el arreglo puede alargarse casi toda la mañana, comentan los afectados.
Los letrados recuerdan que cada vez han asumido más funciones «a coste cero». Desde la reforma de 2009 han triplicado sus atribuciones. Argumentan que se hacen cargo del «80% del trabajo procesal que antes correspondía a jueces y magistrados», además de ejecutar la resolución de muchas reclamaciones judiciales y de llevar a cabo «multitud de labores gubernativas de la organización judicial».
Esta suma de tareas ha acarreado una carga laboral adicional que «no ha sido recompensada». Un letrado de nuevo ingreso percibe un salario de 1.400 euros, concretan los profesionales. «Ni siquiera se han equiparado las retribuciones de estos funcionarios con las que perciben otros cuerpos nacionales de la misma categoría A1 dentro y fuera del Ministerio de Justicia», se quejan en el manifiesto leído ayer en el Palacio de Justicia. Uno de los empleados segovianos que ayer participó en el acto de protesta manifestó que «hoy cobro menos que cuando entré» en alusión al empobrecimiento de las condiciones laborales que padece el colectivo.
Entre las muchas atribuciones de los letrados están la de la fe pública, la decisión final en muchos procesos, la llevanza de la ejecución o el impulso a los procedimientos mediante resoluciones propias, por ejemplo. Estos empleados reclaman también una negociación colectiva propia, diferenciada del resto como personal directivo de la Administración de Justicia.
La concentración de ayer es la primera acción de protesta que llevan a cabo estos profesionales. La segunda será el día 19. Si el Gobierno no atiende sus peticiones y negocia las mejoras laborales demandadas, plantearán un endurecimiento de las medidas de presión.
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