Condenado por agredir sexualmente en Segovia a una menor de Albacete tras embaucarla por internet

El caso, que conmocionó a toda España, se remonta a los últimos días de abril de 2023, cuando el acusado, entonces de 42 años, contactó a través de la aplicación webschat de Google con M. V. L. B., de catorce años, que residía en Albacete. Según el escrito de calificación del fiscal, el hombre se ganó la confianza de la menor, que atravesaba problemas de autoestima y una situación de vulnerabilidad social, y manifestaba su deseo de abandonar el hogar. Aprovechando esta circunstancia, el individuo la convenció para iniciar una relación de tipo 'sumisa-amo', en la que ella debía obedecer sus órdenes, incluyendo las de naturaleza sexual, a cambio de un lugar donde vivir. Finalmente, el 27 de mayo, el acusado y la menor se encontraron en la estación de tren de Los Llanos, en Albacete. Viajaron juntos hasta Madrid y, posteriormente, en autobús hasta la vivienda del hombre, situada en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael.

Durante los cuatro días que la menor permaneció en la casa, aislada y sin medios para comunicarse con el exterior, sufrió agresiones sexuales continuadas, tanto vaginales como orales, según consta en el escrito del fiscal. Además, el acusado grabó a la menor en actos sexuales, aunque posteriormente borró las grabaciones, y en una ocasión usó esposas para inmovilizarla y perpetrar los abusos. La investigación también reveló que S. C. G. poseía material pornográfico infantil en varios dispositivos electrónicos. En aplicaciones como Kik y Wickr Me, el acusado compartía imágenes de pornografía infantil, algunas generadas por inteligencia artificial, y solicitaba a otras usuarias que actuaran como «esclavas sexuales». Estos hallazgos agravaron las acusaciones en su contra.

Agentes de la Policía Nacional localizaron a la menor, el 31 de mayo de 2023, en la vivienda del acusado, en una operación que culminó con su detención. La madre de la menor había denunciado su desaparición tres días antes, al ver que su hija no regresaba a casa después de salir, supuestamente, para realizar un trabajo escolar. Tras la detención, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional tomó declaración al acusado, que en ese momento era profesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Precisamente, la UNIR condenó los hechos y dejó constancia de que trataba de un asunto «estrictamente privado» que nada tenía que ver ni con la actividad académica del profesor ni con el alumnado».

S. C. G. ingresó en prisión provisional sin fianza el 3 de junio, medida que se prorrogó hasta mayo de 2025. El fiscal lo acusó de hasta ocho delitos: embaucamiento de menor de 16 años (dos cargos), agresión sexual continuada a menor de 16 años, exhibicionismo, elaboración y distribución de material pornográfico infantil, maltrato de obra y trata de seres humanos. La petición inicial de pena sumaba 60 años de prisión, además de medidas accesorias, como alejamiento de la víctima, libertad vigilada, inhabilitación para profesiones en contacto con menores y una indemnización de 50.000 euros por daños morales.

Según María Martín, de Davvero Abogados, defensora del acusado, las negociaciones previas al juicio permitieron alcanzar un acuerdo que rebajó significativamente la condena. La defensa logró que se reconocieran dos atenuantes: confesión y reparación del daño, esta última gracias al pago de 25.000 euros de la indemnización exigida. La acusación particular, que inicialmente reclamaba 150.000 euros, aceptó reducir su petición a 50.000, de los cuales la mitad ya ha sido abonada.

El acuerdo establece, pues, una pena total de 27 años y 8 meses de prisión, frente a los 60 años solicitados inicialmente. No obstante, la defensa solicitará en la fase de ejecución de la sentencia un límite de 20 años de cumplimiento efectivo porque ninguna de las condenas individuales supera este umbral, circunstancia que podría reducir aún más el tiempo de prisión.

El caso tuvo en su día gran repercusión mediática. Tanto en Albacete como en El Espinar, los vecinos expresaron su indignación al enterarse de lo ocurrido. La menor presenta un trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa como secuela de los hechos. Su madre es la que ha asumido su representación. El decomiso y destrucción de los dispositivos electrónicos del acusado, que contenían material pornográfico infantil, es otra de las medidas que el fiscal ha solicitado, junto a la inclusión del perfil del acusado en la base de datos de ADN policial y el bloqueo en España de las aplicaciones Kik y Wickr Me, señaladas como plataformas que facilitan la difusión de pornografía infantil.