Cáritas Segovia aumenta un 35% las intervenciones en 2020 y entrega un 56% más de ayudas económicas

El 2020 ha sido un año duro porque han visto como la necesidad se multiplicaba, pero los recursos seguían siendo limitados. En marzo tuvieron que planear una estrategia para llegar a marchas forzadas al máximo número de familias posible porque «cerraron todo de la noche a la mañana y tuvimos que coordinar de emergencia los servicios básicos».

El estado de alarma obligaba a bajar la persiana de la tienda y del economato por lo que el primer paso fue organizar los repartos de comida para las familias más vulnerables. Sin embargo, las dificultades a las que tuvo que enfrentarse esta organización fueron todavía más serias porque salvo tres personas el resto de la plantilla de Cáritas en la ciudad se contagió de covid-19. «Solo una estuvo ingresada, el resto lo pasamos bien, pero fue un obstáculo añadido porque fueron días de precariedad absoluta para muchas familias».

El cierre de empresas y negocios provocó que un elevado porcentaje de los empleados con contratos temporales o que directamente no tenían contrato se fueran a la calle sin ningún tipo de ayuda o subsidio. «Marzo y abril fueron meses terribles en los que la demanda de nuestros servicios se disparó en picos puntuales un 100%», asegura Hernández. Poco a poco fueron recuperando el ritmo de trabajo y entre los meses de mayo y junio lograron retomar la mayoría de los servicios, entre ellos, el economato, el programa de empleo o la atención primaria presencial. En septiembre volvieron a poner en marcha los programas de infancia y juventud y los de mayores, por su gran riesgo, han sido los últimos en reactivarse.

Las trabas no cesaron porque cerca del 70% de los más de 300 voluntarios son personas de riesgo por su avanzada edad y no podían desempeñar sus funciones. De hecho, algunos, al ver la extrema necesidad volvieron, en contra de la opinión de sus familias. Poco a poco la organización ha recuperado colaboradores porque desde el inicio de la pandemia se ha sumado gente joven a este voluntariado para sustituir a los más mayores.

En 2020 Cáritas intervino en 1.690 hogares, lo que supone un total de 2.864 personas. Algo más de un 44% fueron hombres y en torno al 55% mujeres. No obstante, advierte de que este año el dato más significativo no es de personas atendidas, ya que ha descendido ligeramente con respecto a 2019 debido a la supresión de algunos servicios de forma temporal.

Por el contrario, el número de intervenciones ha subido casi un 35%, superando las 15.000, y es que «la problemática se ha agudizado». La intensidad de las actuaciones también ha sido mayor, ya que cada caso ha requerido más seguimiento y acompañamiento. Hecho que se refleja en el importe de las ayudas económicas gestionadas por Cáritas, que han pasado de algo más de 59.100 euros en 2019 a los cerca de 134.000 de 2020, es decir, casi un 56% más.

A este incremento de las necesidades se suman las pérdidas que ha tenido la organización en las residencias, en torno a 500.000 euros, debido al descenso de usuarios. Gestionan una residencia en La Lastrilla, otra en Cuéllar y la tercera en Sepúlveda, pero está última no está en funcionamiento, ya que todavía está pendiente de recibir el visto bueno de la Junta tras la ampliación. «Desde mayo no hemos tenido ni un solo caso de coronavirus. Además, ahora todos los residentes están vacunados, pero el miedo y las restricciones de visitas a los familiares hacen que no entren nuevos residentes», detalla.

Antes del virus tenían una lista de espera en estos centros que superaba el año y ahora su ocupación es de dos terceras partes lo que está generando «un déficit muy grande», que no ha podido ser compensado por el incremento de donativos de particulares y empresas. Por el momento, Cáritas ha tenido que recurrir a préstamos de entidades bancarias para cubrir estos gastos, pero si la situación no mejora «podría perderse un servicio fundamental para los mayores».

Los programas que han registrado un mayor incremento de solicitudes en 2020 han sido los vinculados al servicio jurídico, que ha aumentado un 150% debido sobre todo a los ERTE, despidos y problemas de legalización de nacionalidad. El volumen de trabajo también se ha multiplicado en el servicio de empleo porque han puesto en marcha itinerarios personalizados que se prolongan más lo de habitual. La atención primaria se duplicó durante los primeros meses de la crisis sanitaria, aunque a partir de agosto se fue normalizando. Desde Cáritas, este último año han tratado de ofrecer una atención global. «Si una familia no tiene qué comer o para pagar la luz tratamos de abordar estas necesidades de forma urgente, pero el trabajo a nivel emocional también se ha vuelto imprescindible. Mucha gente se encuentra bloqueada o con depresión y de ese modo no pueden resolver otros aspectos de su vida ni centrarse en encontrar un empleo».

Además de los usuarios crónicos y de otros que acuden esporádicamente, Hernández admite que vuelve a producirse la misma tendencia que en 2008, ya que ha aumentado el número de personas que buscan ayuda social y de emergencia por primera vez. «Normalmente les da vergüenza y son los vecinos o compañeros los que les hablan de nuestros servicios e incluso los acompañan». Por este motivo, considera que la labor de Cáritas en barrios y parroquias es decisiva, ya que son puntos clave para detectar las necesidades y animar a la gente a que pida ayuda.

El perfil de estos nuevos demandantes lo constituyen en gran medida trabajadoras del servicio doméstico, que cuando se quedan sin trabajo no tienen subsidios, así como el personal de hostelería. Por otra parte, recuerda que hay otros usuarios que siempre ha existido, pero de un modo mucho más invisible, las personas sin hogar. «Durante el estado de alarma vivieron una situación muy dura. Nos obligaron a confinarnos en nuestros domicilios, pero ellos no tenían casa en la que aislarse».

Con este asunto quiere hacer una llamada a las administraciones porque «en ciudades como Segovia es frecuente que nieguen la existencia de personas sin hogar, pero sí que las hay y es un problema muy serio que tienen que abordar», asevera. Por eso, valora de forma muy positiva el proyecto de colaboración que la organización ha iniciado con el Ayuntamiento para ofrecer una atención integral a estas personas que viven en la indigencia con el fin de que puedan integrarse en la sociedad.

La soledad en los mayores es otro de los aspectos que ha empeorado hasta el punto de que «muchos nos dicen que prefieren morirse de covid que de pena» y es que la ausencia de contacto con sus seres queridos se ha convertido en una «angustia vital» para ellos. Los conflictos familiares y los casos de violencia de género también se han disparado los últimos meses.

«Muchas víctimas no figuran en las estadísticas porque no lo denuncian, pero hemos detectado un aumento de las intervenciones por maltrato de parejas, padres o hijos», especifica. Casi todas estas demandas agravadas por la pandemia tienen un punto en común y es que requieren intervención social. Por ello, Hernández defiende la importancia de valorar el trabajo de estos profesionales.

«Los sanitarios están desbordados y muy cansados, además, hay escasez de personal, pero otros profesionales vinculados al área social, así como los voluntarios también merecen el reconocimiento de la sociedad. Están sufriendo un gran desgaste y después de tantos meses están agotados mentalmente», añade.

Ante una crisis como la actual, propone reforzar los sistemas de protección a las familias, aunque también insiste en que los problemas de salud mental no pueden caer en el olvido. «Hay que dotar de recursos humanos y económicos a estos programas de atención psicológica porque la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, la preocupación por la pérdida del empleo y los conflictos familiares están a la orden del día y si no se pone el foco en ello habrá consecuencias».

Por último, reclama que se reduzcan los trámites burocráticos para simplificar la vida a los ciudadanos en un momento tan crítico como el actual. «La burocracia afecta a todos los niveles, de modo que es un impedimento para que se desarrolle el tejido empresarial en la ciudad y crear empleos, pero también para abrir una residencia o para conseguir un permiso de trabajo». Como ejemplo de esta última situación hace referencia a una familia a la que atienden. Es un matrimonio con tres hijos que ha perdido su trabajo como consecuencia de la pandemia y no ha podido renovar el permiso, por lo que ahora se encuentran en situación irregular y sin posibilidad de acceder a un empleo.

Esta pérdida de puestos de trabajo provocada por la crisis sanitaria es la responsable de que 258.000 personas atendidas por Cáritas en España vivan en hogares sin ninguna entrada de recursos económicos, 75.000 más que a principios de 2020. Además, según los últimos datos publicados por la organización 825.000 usuarios están en situación de pobreza severa.