El Ayuntamiento ya ha regularizado el 65% de sus 104 viviendas sociales

El alcalde, José Mazarías, dijo en su comparecencia de los jueves que estas revisiones que se están llevando a cabo responden al «esfuerzo por regularizar de manera equitativa y justa los alquileres sociales». De las 104 viviendas de carácter social (no todas son de propiedad municipal), 66 –cerca del 65%– han sido revisadas desde la entrada en vigor del reglamento. Entre las irregularidades detectadas figuran adjudicaciones sin contrato, sin intervención social, sin revisiones desde su concesión o con impagos sistemáticos. En el caso de la revisión aprobada ayer, el inquilino carecía de contrato desde 2020 y no abonaba la renta de 79 euros, situación que generaba «desigualdades» en relación con otras familias que sí cumplían. «No es una situación aislada», desveló el alcalde, que criticó la «absoluta falta de control» de los anteriores gobiernos, tanto en la adjudicación como en el cobro de las rentas. «Se adjudicaban viviendas sociales sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de intervención social en algunos casos, y después se les ponía la renta que se creía conveniente. Si después el inquilino no pagaba, no pasaba nada», señaló.

El nuevo reglamento obliga a revisar anualmente la situación socioeconómica de los beneficiarios para adaptar el alquiler. «Si la renta aumenta es porque la situación del inquilino ha mejorado, algo de lo que debemos alegrarnos; si disminuye, es señal de un empeoramiento preocupante», explicó el alcalde. Con estas actuaciones, el Consistorio pretende garantizar la transparencia, la intervención social preceptiva y el cumplimiento de las obligaciones para dotar de seguridad jurídica a las adjudicaciones.