El 30% de los ascensores revisados en Segovia tenían algún defecto de seguridad

Segovia ha logrado superar por primera vez desde que hay registros la barrera de los 3.000 elevadores instalados en diferentes puntos de la provincia. La gran mayoría se concentra en la capital, ya que más del 57% de los edificios censados cuentan con este medio de transporte para una mayor accesibilidad; mientras que en el medio rural la proporción se reduce al 5%, según detalla el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, cada vez más población participa en los procedimientos que son necesarios para disponer de esta dotación.

Son 3.265 ascensores los que figuran en el Registro de Instalaciones de la Junta de Castilla y León, según confirma la última actualización de datos efectauda a principios de este mes de octubre. Esto supone un aumento cercano al 16% respecto al mismo periodo de 2023, lo que se traduce a su vez en la incorporación de casi medio millar de elevadores más al parque provincial en poco más de dos años. También acerca Segovia a la media nacional, ya que su ratio asciende desde los 18 hasta los 20 elevadores por cada mil habitantes. El último recuento llevado a cabo por la Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) rebajaba el censo a poco más de 2.800 inscripciones.

El volumen de negocio de las empresas instaladoras se ha disparado, tal y como especifica la citada organización. El repunte, que también ha hecho mella en los precios, se debe en cierta medida a las promociones de obra nueva que se han desarrollado estos meses en Segovia. Sin embargo, el motivo principal que explica el incremento de la demanda de elevadores es la necesidad de ejecutar proyectos de rehabilitación al haber quedado obsoletos. «Más del 14% de los ascensores vendidos son en edificios existentes», los cuales simplemente urgen su modernización, explica la federación.

Hace tan solo un año, el sector preveía que más de un millar de ascensores censados en la provincia iban a precisar alguna intervención porque no se ajustaban a las condiciones de seguridad actualmente exigidas a raíz del decreto que entró en vigor en julio de 2024. Todo apunta a que se superarán las expectativas. Lo cierto es que más del 40% de los elevadores de la provincia rebasan con creces los 30 años de antigüedad y el 60%, las dos décadas, concreta la Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla y León (Acyleas), que era partidaria de poner en marcha algún tipo de reforma o iniciativa para un mayor control periódico de los montacargas.

La regulación recién estrenada contempla diferentes requisitos que todos los elevadores deben implantar progresivamente, como es contar con una nivelación correcta en cada parada para evitar los tropiezos o caídas, proteger a las personas o animales contra el cierre de puertas de la cabina o los movimientos incontrolados, disponer de comunicación bidirecccional para su activación en caso de que los usuarios se queden atrapados, instalar dispositivos de control de carga que lancen un aviso si el peso excede la limitación máxima, sustuir guías y colocar contrapesos adecuados.

Un total de 1.285 ascensores, menos de la mitad del parque provincial, han emitido desde julio del año pasado su solicitud para pasar la inspección periódica. Las peticiones han sido gestionadas por los Organismos de Control Verificados (OCA) a través de la aplicación PITI, que permite conocer también los resultados. En concreto, el 67,7% de las revisiones notificadas hasta el momento han conseguido el beneplácito, lo que significa que 870 elevadores ya garantizan todas las medidas de seguridad, según los datos facilitados por la Administración regional.

Al contrario, el 31,7% de las comprobaciones llevadas a cabo, que hacen referencia a 408 ascensores, han revelado la existencia de algún tipo de defecto «a distintos niveles». Los afectados por esta situación, ya sean particulares, instituciones o grandes comunidades de propietarios, han tenido un plazo máximo de seis meses para subsanar los errores. Sobre ellos ha recaído la responsabilidad de ejecutar las inversiones, reparaciones y modificaciones necesarias para evitar que el aparato sea dado de baja. Tan solo siete inspecciones, el 0,5% del total, han concluido con documentos negativos al constatarse defectos «muy graves», lo que ha supuesto su inhabilitación.

Estos baremos son «muy similares a los del resto de territorios del país», subraya el Servicio Territorial de Industria de Segovia. Las medidas obligatorias de las que «frecuentemente» adolecen los ascensores de la provincia, en las cuales hacen hincapié los organismos de control autorizado, son la ausencia de barreras de fotocélulas en las puertas, que son un tipo de sensores dirigidos a proteger a los usuarios contra el cierre incontrolado de las puertas, lo que protagoniza el 90% de los accidentes con elevadores; la carencia de métodos para avisar e impedir el uso del elevador con carga excesiva y la inexistencia de teléfonos para la comunicación de incidencias.

Hay algunas mejoras que requieren una mínima inversión, pero en su mayoría implican importantes derramas vecinales. «La adaptación de los ascensores a la legislación conlleva de media unos 5.000 y 8.000 euros de coste», asegura la Administración autonómicas. Pero hay casos en los que el gasto se dispara de forma tan exponencial que lleva a algunos propietarios a plantearse la sustitución de su actual ascensor por otro totalmente nuevo.

Afortunadamente, los titulares tienen un amplio margen de tiempo para adaptarse a la normativa vigente e implementar la nueva instrucción técnica complementaria (ITC). Es un proceso que dependerá de las características de los aparatos, como es el tipo de medida de seguridad que deban implantar, si su puerta es manual o automática, el año de instalación, la fecha de próxima inspección periódica e, incluso, si está catalogado como patrimonio histórico, pues en estos casos se deberá seguir una regulación específica para preservar su valor siempre que eso no comprometa la seguridad de los ciudadanos.

La Junta de Castilla y León vaticina que «en cuatro o seis años» el parque provincial podría quedar totalmente adaptado. Es un plazo que tiene en cuenta la acumulación de trabajo que afrontan los arquitectos o los administradores de fincas, pero sobre todo las empresas especializadas en fabricación o mantenimiento de ascensores. Las solicitudes de presupuestos y las contrataciones de obras devenidas de la entrada en vigor del reglamento monopolizan la labor actual en el gremio de ascensoristas segoviano.

Es una circunstancia que ha desencadenado en la ampliación en más de un 4% de las plantillas a escala nacional, lo que tiene también su impacto en el territorio provincial. El perfil más solicitado entre los diferentes candidatos es el de técnico de mantenimiento y reparación. El déficit de mano de obra se ha paliado en cierta medida por las iniciativas de formación que se han sucedido estos últimos años, pero todavía es necesario sumar más personal. «La incorporación de nuevos técnicos aún no es suficiente para cubrir la demanda de servicios, por lo que la escasez de trabajadores sigue siendo uno de los principales retos del sector», advierte la federación nacional de ascensores.