CC OO alerta de una mayor conflictividad para los 850 funcionarios de la Junta

Comisiones Obreras lamentó este lunes el fiasco en su negociación con la Junta de Castilla y León sobre una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que afecta a 15.000 funcionarios en la región, unos 850 en Segovia, y alertó de los riesgos que supone la nueva normativa. «Muchas tienen más de 20 años y es un cambio importantísimo en la función pública», explicó el coordinador del sector autonómico, Ernesto Angulo. CC OO ha convocado asambleas en todas las capitales de provincia de la región para acercar esta realidad a los funcionarios.

La RPT es el instrumento que sirve para ordenar los efectivos en los distintos servicios públicos. La negociación con la Junta deriva de un acuerdo de 2015 que, critica el sindicato, debía estar en vigor desde 2016. «La inactividad de la propia Junta ha conllevado que hayan pasado dos años y no tengamos una ordenación más satisfactoria para los intereses del personal. Ahora estamos con el hándicap de la premura de tiempo porque en primavera habrá elecciones autonómicas y la administración está con la espada de Damocles de no tener tiempo. Y en verano hemos asistido a una locura de negociación», lamentó el responsable autonómico de funcionarios del sindicato, Juan Caros Hernández.

El proceso ha culminado con la aprobación de la nueva RPT, que entrará en vigor el 1 de octubre, con el voto en contra de CC OO y otros sindicatos, pendientes del texto final por si correspondiera impugnarlo.

El sindicato explica su voto en contra porque destruye empleo en las zonas rurales más periféricas –hay problemas para cubrir puestos en Ayllón o en en el castillo de Coca– pero el punto fundamental de su crítica es la dependencia jerárquica. «Un porcentaje muy elevado de los trabajadores sabía de qué órgano dependía; ahora se hace borrón y cuenta nueva y se elimina esa especialización muy definida por una dependencia casi total de las jefaturas de servicio y no de su jefe más inmediato», apuntó.

A su juicio, esta situación «va a acarrear un aumento de la conflictividad por las arbitrariedades que pueden producirse, pues tu tarea no depende tanto de criterios técnicos como políticos o de preferencia personal. Ya ha ocurrido en otras administraciones que han aplicado este modelo», explicó.

El sindicato también critica el sistema de traslado para el personal funcionario y pide que su funcionamiento sea más libre, como ocurre con el personal laboral. «En vez de seguir ese ejemplo, que está funcionando muy bien, la propuesta de la Junta cambia, se limita a una convocatoria anual. Nosotros queremos ir mucho más allá, que se puedan pedir todas las plazas y cuando queden vacantes, se cubran con los aspirantes que las hayan solicitado», valoró el responsable de funcionarios.

Dentro de su eslógan 'Recuperar lo arrebatado', el sindicato recordó otros acuerdos alcanzados con la Junta en materia de condiciones salariales, incapacidad laboral o materia forestal. «La Junta tiene un problema importante en Segovia con las bolsas de empleo, algunas son de 2003. Están agotadas y tenemos que estar todo el día con procedimientos extraordinarios. Pedimos que la Junta empiece a convocar bolsas», demandó el secretario de la sección sindical de la Junta, Marcos Tarilonte, que exigió el cumplimiento de la jornada de 35 horas lo antes posible: «A partir de enero tiene que empezar, sí o sí. Y si no, estaremos en la calle».