Consulta la portada de El Norte de Castilla
Miembros del jurado esperan en la Audiencia el acuerdo entre las parte. Antonio de Torre

Acuerdan dos años de cárcel para el hombre que atropelló a un ciclista y se dio a la fuga

El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena por un delito de lesiones y por otro de omisión del deber de socorro

Berta Jiménez

Segovia

Lunes, 24 de mayo 2021, 23:08

El juicio por el atropello a un ciclista en Valverde del Majano en 2018, que tenía previsto celebrarse este lunes en la Audiencia Provincial de Segovia con un jurado popular, ha sido suspendido al llegar las partes a un acuerdo. Tras varias horas de deliberación, la defensa ha reconocido todos los hechos y ha aceptado una pena de prisión de dos años: un año por delito de lesiones y otro por delito de omisión del deber de socorro. Además, al acusado se le retirará su permiso de conducir durante un año y un día. La indemnización ya fue pagada por la aseguradora antes de la celebración del juicio, por lo que la cuestión de la responsabilidad civil ya estaba resuelta previamente.

Publicidad

Alivio entre los miembros del jurado popular

Hacía años que no se celebra en Segovia un juicio con jurado popular, algo que en España no suele ser muy frecuente. El de este lunes en la Audiencia Provincial de Segovia tenía previsto realizarse con jurado popular dado que los delitos que se valoraban (de lesiones y de omisión de socorro) están contemplados entre los que deben seguir este procedimiento.

Por este motivo, desde primera hora de la mañana han ido llegando las personas que habían sido llamadas para formar parte del jurado (algunos con maleta incluida por si se alargaba el pleito). Raúl Marcos, de 25 años, ha sido uno de ellos. Ha venido de Cuéllar y cuenta que al principio estaba «un poco nervioso» porque no había participado nunca en un juicio, aunque reconoce que el hecho de que las partes hayan alcanzado un acuerdo ha sido todo un alivio. Ha explicado además que, según el presidente el Tribunal, es muy inusual que se produzcan acuerdos de última hora entre las partes litigantes.

Así también lo piensa Álvaro Criado, de 24 años, quien ha declarado que «era una responsabilidad decidir si es culpable o no». Otra de las integrantes del jurado popular, Elena Miranda, que se ha desplazado desde Ayllón, se mostraba tranquila aunque admite que era algo «desconocido» para ella, dado que se trataba igualmente de la primera vez que asistía a un proceso judicial.

El abogado de la defensa, Francisco Miranda Velasco, ha alegado que por su parte siempre ha habido predisposición a lograr una situación de conformidad aunque insiste en que los acuerdos suelen alcanzarse «siempre en el último momento». «Entendemos la situación de la víctima y tratamos de solventarlo sin mayor desgaste emocional», ha declarado el letrado a las puertas del Palacio de Justicia de Segovia.

El acusado se enfrentaba a penas de más de 7 años por este atropello. La acusación particular pedía tres años de prisión por cometer un delito de lesiones por imprudencia grave y cuatro años por delito de omisión del deber de socorro. La Fiscalía, por su parte, solicitaba 21 meses de cárcel por el primer delito y dos años, por el segundo.

Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando el acusado embistió con su furgoneta al guardia civil Manuel Medina, que iba en bicicleta por la carretera que conecta Valverde del Majano con Abades. Según el relato del Ministerio Público, el ciclista iba provisto de casco homologado, gafas de sol y ropa de color blanco, con elementos retro reflectantes así como manguitos de calor amarillo, siendo «fácilmente visible» para el resto de usuarios de la vía. No obstante, el acusado no se detuvo a auxiliar al lesionado ni dio aviso a ningún servicio de emergencias, dejando a la víctima «muy malherido» tendido en el suelo.

El guardia civil, que presentó graves lesiones tras el accidente, ha requerido un periodo curación de un año, resalta la Fiscalía. A pesar de que no padecía patologías previas ni déficits físicos o psicológicos, el Ministerio Fiscal considera que, a consecuencia del atropello, la víctima ha perdido la capacidad de realizar gran parte de las actividades esenciales de la vida diaria y carece de capacidades que le permitan un desarrollo personal, sin poder así desempeñar ninguna actividad laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

3€ primer mes

Publicidad