Más de 4.000 firmas se oponen a un centro de drogodependientes en una pedanía de Pedraza de 62 vecinos

Uno de los edificios en los que se quiere instalar el centro./Antonio Tanarro
Uno de los edificios en los que se quiere instalar el centro. / Antonio Tanarro

Los habitantes de La Velilla consideran que saturará los servicios sanitarios y de seguridad y advierten que los edificios se ubican en una zona inundable

CLAUDIA CARRASCALSegovia

La Velilla es el típico pueblecito castellano en el que la piedra y el verde son parte de su esencia. Bañada por el río Cega, esta villa perteneciente al municipio de Pedraza cuenta con solo 62 habitantes, aunque ha sabido sobrevivir a la principal lacra del medio rural, la despoblación, ya que en una década apenas ha reducido su población en una veintena de habitantes y ha logrado un importante rejuvenecimiento en los últimos años.

El turismo rural es su principal motor de desarrollo, sin embargo, los vecinos consideran que este proyecto de municipio podría estar en peligro si finalmente la ONG Dianova implanta un centro de drogodependientes. Se trata de una residencia sanitaria para tratar a personas con adicciones durante las 24 horas del día, los 365 días del año. El centro contará con servicios de psicología, psiquiatría, medicina general y tratamientos ambulatorios. El problema es, según explica el presidente de la Asociación de Vecinos La Velilla, Pablo Pinillos, que este centro superaría la capacidad de absorción de la villa, provocando «una distorsión» a nivel social, asistencial y poblacional.

Pinillos advierte de esta pedanía ni siquiera tiene un centro de salud con Atención Primaria, sino que tan solo cuentan atención médica dos días a la semana durante una hora. Tampoco hay una oferta cultural que permita a los usuarios integrarse en diferentes grupos y colectivos sociales para lograr su reinserción.

Aunque recalca que no es una cuestión de prejuicios, indica que son personas que se encuentran en proceso de recuperación de la enfermedad que pasan por determinados picos. Y aunque también afirma que no tienen por qué ocasionar problemas de seguridad, apunta que en La Velilla no hay Guardia Civil o Policía Local que puedan solventarlos de forma inmediata en caso de producirse, ya que tan solo hay cuatro agentes en Pedraza y tienen asignada una gran extensión de territorio. La mayoría de la población son personas mayores de 80 años, «acostumbradas a vivir con las puertas abiertas» o niños que juegan por el pueblo «sin peligro», ya que de los 62 habitantes 17 son menores de dieciséis años.

Pinillos compara la situación a la que se produce en los centros educativos de las ciudades. Cuando hay una entrada importante de inmigrantes, «no todos van al mismo centro educativo, sino que distribuyen para para evitar que se creen guetos y lograr su inserción social». En un municipio como La Velilla, los integrantes del centro supondrían un tercio de la población, por lo que «la reinserción no sería posible», afirma. Otro de los inconvenientes es la ubicación. Los dos edificios en los que se ubicará el centro se encuentran en una zona de aguas próxima a los ríos Cega y Vadillo. Pinillos afirma que no se trata de una valoración personal, sino que es el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de 2012 el que califica esta zona de inundable. Asimismo, es un área preferente de corriente adicional mayor y en un terreno de estas características «no se puede instalar un centro sanitario, pero tampoco educacional o cultural», subraya.

En su opinión, puede resultar peligroso para los usuarios internos y para los bienes materiales por el riesgo de inundación. De hecho, la última riada tuvo lugar en febrero de 2017. Las intensas lluvias y nieves desbordaron los ríos, anegando completamente el sótano de los edificios, arrastrando vehículos y bloqueando los accesos.

La zona donde se ubicarían las instalaciones, inundada por el agua.
La zona donde se ubicarían las instalaciones, inundada por el agua. / El Norte

En caso de que esta riada se hubiese producido con el centro de toxicómanos en marcha, se hubiesen inundado algunas de las estancias más importantes, entre ellas el aula de talleres, la sala de terapia, la enfermería, el almacén, el cuarto de calderas, el de custodia de medicamentos, una habitación y dos baños. Por este motivo, el representante de los vecinos considera imprescindible que la CHD también emita un informe sobre la viabilidad del proyecto y los riesgos que puede entrañar.

A la saturación y las cuestiones de seguridad se suma la falta de correlatividad entre el uso permitido por la licencia ambiental y el real. Los vecinos insisten en que una actividad tan específica como la sanitaria no puede equipararse con la residencial y hotelera, que es el uso que legalmente tienen autorizado los dos edificios en los que se pretende instalar el centro, porque se estaría incurriendo en fraude de ley. «El uso es completamente diferente por lo que no se puede intercambiar una licencia turística por otra sanitaria», asevera Pinillos.

Plan de evacuación

El presidente de la asociación considera que ni las dotaciones ni el espacio es el adecuado en este edificio en el que también haría falta un nuevo plan de evacuación y otro de tratamiento de residuos, ya que en estos centros se trabaja con residuos peligrosos. Acondicionar las estancias con suelos antideslizantes o pasillos amplios que permitan el paso de camillas o sillas de ruedas sería otra de las medidas necesarias.

«Puede suponer un impulso para la economía y el empleo de la zona»

Una visión muy diferente a la de los vecinos tiene la directora de acción social de Dianova España, Mercedes Mosquera, quien considera que La Velilla es el lugar idóneo para implantar este centro por varios motivos. Entre ellos, destaca las adecuadas condiciones que reúnen los dos inmuebles para albergar la actividad y el entorno natural en el que se encuentran ubicados. El estado de los dos edificios es bueno y ambos reúnen los requisitos necesarios, por lo que apenas han requerido intervenciones. De hecho, detalla que las obras que han realizado han sido pequeñas, como la adaptabilidad de uno se los servicios, pintar las estancias o instalar un lavamanos en la consulta. Otro punto a favor es el entorno, la tranquilidad y la naturaleza, que permitirán a los usuarios dedicarse a actividades ocupacionales y de ocio saludables, asegura.

Asimismo, lamenta el revuelo que está ocasionando la apertura de este centro en La Velilla porque antes de iniciar los trámites y de alquilar el inmueble pasaron por el municipio en varias ocasiones, e incluso contaron el proyecto a algunos vecinos de la zona y a las autoridades, pero no recibieron ninguna queja como respuesta.

Por otra parte, advierte de que la reunión con la asociación de vecinos todavía no se ha producido a pesar de haber intentado contactar con ellos en varias ocasiones. El objetivo es escuchar las dudas e inquietudes de los habitamtes de la localidad para tratar de resolverlas de forma directa, así como informales del proyecto y presentarles las propuestas. Mosquera entiende que si desconocen la realidad y los detalles del proyecto puedan tener dudas y preocupación. «Es importante que lo conozcan porque un proyecto social no tiene sentido si no es con el apoyo de la sociedad», recalca. Sin embargo, Pinilla cree que este asunto no puede resolverse con una reunión entre dos personas como pretenden desde Dianova, sino que es un asunto que tiene que abordarse de forma conjunta con todos los vecinos.

La directora de Acción Social de Dianova cree que la actividad que desarrolla la organización en otros puntos del país puede estar generando confusión y malos entendidos sobre lo que será el centro de La Velilla. La connotación negativa en parte se debe, tal y como apunta, a que la mentalidad sobre las adicciones se ha quedado en los años 80, cuando la realidad es que han variado mucho.

El de La Velilla será un espacio en el que «se tratarán todo de adicciones de personas integradas socialmente y que son conscientes de su dependencia». Desde personas con adicción al alcohol, a pastillas o medicaciones hasta ludopatía o adicciones tecnológicas tendrán cabida en este centro, eso sí, siempre derivados de consultas psicológicas o médicas, aclara. De hecho, informa de que en muchas ocasiones «son los propios pacientes los que llegan a la conclusión de que necesitan un tiempo para deshabituarse en un entorno adecuado, lejos de las adicciones y con la supervisión constante de especialistas».

En estos momentos el centro está pasando todos los requisitos legales necesarios y entre los permisos que requiere la actividad se encuentran la licencia municipal o la de la Junta de Castilla y León. No obstante, Mosquera asegura que si pudiera entrañar cualquier riesgo o problema de seguridad para las personas o las instalaciones no lo habrían llevado a cabo, por lo que confía en recibir las autorizaciones cuanto antes para poder comenzar a trabajar y dar la oportunidad de recuperarse a las veinte primeras personas, ya que es la capacidad máxima del centro, que contará con 18 profesionales en varios centros.

Considera que puede suponer un impulso para la economía y el empleo de la zona porque todos los suministros cotidianos. como por ejemplo el pan o determinados alimentos. los adquirirán de proveedores locales. Esto contribuirá a la desestacionalización de los negocios para que no tengan tanta dependencia de los fines de semana o periodos vacacionales. Además, indica que tratarán de buscar al máximo número de trabajadores posible en la zona.

El último punto que preocupa a los vecinos es que la ONG Dianova «tiene un pasado turbio y algunos expedientes abiertos», por lo que todo son «granos de arena que van sumando y restando confianza». También ha sido criticada «por mezclar proyectos de drogodependientes y refugiados», señala.

Espíritu emprendedor

Los habitantes de La Velilla buscan proyectos que profundicen en el espíritu emprendedor y turístico de la localidad, pero consideran que un centro de drogodependientes no solo supone una «distorsión social», sino que además su implantación en zona inundable pone en riesgo a las personas y bienes materiales.

Pinillos subraya que cualquier persona con adicción«tiene derecho a rehabilitarse y a tener una segunda oportunidad», pero en un espacio apropiado. En este sentido, especifica que el resto de centros que tiene la ONG en el país se encuentran en municipios de como mínimo 2.000 habitantes y en algunos casos hasta 30.000. Además, suelen instalarse en cortijos o fincas con terreno para talleres y diferentes actividades al aire libre lo que, a su juicio, «es mucho más apropiados para estos fines». Por el momento, han entregado a las instituciones cerca de 3.000 firmas que han recogido en los municipios de la zona y a través de la plataforma Change.org han recopilado otras 1.200. No obstante, si la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, que aún no se ha pronunciado, no frenan el proyecto están dispuestos a convocar una concentración para que se escuchen sus argumentos.