Los otros directivos de Caja Segovia que de momento evitan la causa

El auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 es lo suficientemente corto y conciso a la hora de señalar a los presuntos autores de la trama de prejubilaciones de la que se beneficiaron antiguos directivos de la extinta Caja Segovia. Sin embargo, en los fundamentos de derecho sobre los que el juez asienta su decisión de dar por concluida la instrucción y continuar las diligencias para la apertura de juicio oral, exime de este trance a una serie de cargos de la entidad de ahorros que, según la acusación particular de la Fundación Caja Segovia, pueden ser «partícipes a título lucrativo».

El abogado de la institución heredera de la Obra Social y Cultural, Rafael Yturriaga, reproduce y acata el auto judicial, aunque no descarta cursar durante el procedimiento que se abra a partir de ahora la petición, por la vía civil, para que estos directivos devuelvan el dinero embolsado mediante la aplicación de esa estrategia urdida supuestamente por los seis encausados por el juez: Atilano Soto, Manuel Agudíez, Elena García Gil, Manuel Escribano, Enrique Quintanilla y Antonio Luis Tapias.

No hay que perder de vista que el auto hace suyas las apreciaciones de la Audiencia Provincial de Segovia, que intuye indicios de dos posibles delitos: uno de apropiación indebida y otro de administración desleal. El juez se pronuncia sobre las diligencias de investigación solicitadas por la acusación particular de la Fundación Caja Segovia y se ampara en el escrito de la Sala Provincial para decidir que de momento «no se practiquen diligencias de investigación que no sean rigurosamente imprescindibles (...) habida cuenta que ya están suficientemente determinados los hechos portadores de relevancia penal indiciaria, así como los presuntos autores», en referencia a los seis exdirectivos encausados.

34 millones de euros

Así pues, no considera rigurosamente imprescindible en la conclusión de esta fase procesal actual encausamiento de otros nombres propios para los que la Fundación Caja Segovia había pedido diligencias. Amén de Manuel Escribano, Enrique Quintanilla y Antonio Luis Tapias, se trata de Juan Antonio Folgado, Malaquías del Pozo, Juan Bautista Magaña, Óscar Javier Varas y Miguel Ángel Sánchez. Además del requerimiento que hizo la representación legal de la fundación sobre la aseguradora Caser, que firmó las pólizas que avalaban las prejubilaciones aprobadas en diciembre de 2010 por el consejo de administración de la entidad de ahorro.

Según la cuentas que ha defendido UPyD-Centrados en Segovia desde su denuncia interpuesta hace más de cinco años, estos ocho directivos se repartieron más de 17 millones de euros solo en prejubilaciones. Si además se añaden las cuantías suscritas para el plan de pensiones y que suman otros 17 millones de euros aproximadamente, la cuantía total del fondo que se diseñó y que es objeto de la investigación supera los 34 millones de euros.

El abogado Rafael Yturriaga no descarta que estos cinco antiguos altos cargos a los que el juez exime del siguiente trámite procesal puedan ser requeridos en el transcurso del juicio oral, si éste al final sale adelante tal y como van a pedir en sus escritos de acusación las diferentes partes personadas como acusación. El objetivo no es otro que se devuelva el dinero de la Fundación Caja Segovia, «que en el fondo es el dinero de todos los segovianos», apostilla el letrado.