«Cuando uno tiene mala fama no te queda otra solución que empezar de cero. Aquí no hay estafa»

El acusado, frente a los magistrados durante la primera sesión del juicio, que fue suspendida. Antonio Tanarro/
El acusado, frente a los magistrados durante la primera sesión del juicio, que fue suspendida. Antonio Tanarro

El juicio contra un empresario para el que el fiscal pide cuatro años de cárcel y 400.000 euros de multa por impago a la Seguridad Social queda visto para sentencia

QUIQUE YUSTEsegovia

La Audiencia de Segovia ha dejado visto para sentencia el juicio contra un empresario acusado de los delitos de estafa a la seguridad social y alzamiento de bienes. El empresario, J.M.C.S., se enfrenta a una pena de prisión de cuatro años, a una multa de 400.000 euros y a una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 177.000 euros, tal y como solicita el ministerio fiscal. Por su parte, la defensa que trató de suspender el juicio por segunda vez alegando el desconocimiento del escrito de acusación pide para su representado la absolución al entender que no existe fraude a la Seguridad Social, tan solo impago.

J.M.C.S. era el administrador y socio único de cuatro empresas diferentes que fue fundando desde el año 2006 hasta la actualidad, las cuales comparten el mismo domicilio social en la localidad de Brieva, y la actividad en la calle Teodosio El Grande de Segovia. Todas ellas se dedican a la explotación de toda clase de establecimientos y negocios de hostelería, restauración y alimentación. Según argumenta la Fiscalía, el acusado pretendía defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas correspondientes a los trabajadores que empleaba. El acusado, según el ministerio público, creaba una nueva sociedad cuando no le era posible el pago de los tributos o deudas a la Seguridad Social, con el objetivo de que la sociedad que acumulaba el endeudamiento quedara inactiva y el Estado no pudiera cobrar sus deudas.

En la vista oral, el acusado justificó la sucesiva creación de empresas en la «mala fama» que con el tiempo habían adquirido sus sociedades. «Cuando uno tiene mala fama no te queda otra solución que empezar de cero. Aquí no hay ninguna estafa», expuso el empresario, quien a día de hoy continúa sin realizar los pagos a la Seguridad Social. «A mí no me llega, he perdido todo. Lo único que me queda es el entusiasmo por hacer florecer el negocio», subrayó en una de sus respuestas a la fiscal.

La estrategia de la defensa se basó en demostrar que el acusado no tiene intención alguna de defraudar a la Seguridad Social. «Doy de alta a todos mis trabajadores y comunico a mi gestoría regularmente todos los formularios. La Seguridad Social está al corriente de los trabajadores que tengo», explicó a preguntas de su abogado el empresario, quien desmintió que durante una inspección de Trabajo se negará a identificar a uno de los trabajadores de su negocio, tal y como planteó el informe de la Inspección. «Lo mío ha sido un acoso y derribo, ni que yo fuera un terrorista. Puedo estar bien tranquilo porque todos los trabajadores están correctamente», indicó.

Según el ministerio fiscal, durante el juicio en el que intervinieron un testigo y tres peritos quedó demostrado el carácter defraudatorio de los impagos. «No han sido algo puntual. Tampoco hay en ningún momento voluntad de intentar pagar las cuotas o de conseguir un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda. Está clara la voluntad de no pagar», argumentó la fiscal, quien también defendió que existe un delito de insolvencia punible, con la destrucción u ocultación de activos, con el objetivo de «frustrar las legítimas expectativas por parte del acreedor de cobrar sus derechos económicos».

La defensa afirmó que los hechos no son constitutivos de delito, sino de una sanción administrativa. «En este país, la prisión por deudas no existe. Defraudar significa engañar. El acusado no ha engañado a nadie, solamente no ha podido pagar», subrayó. También rechazó un delito de insolvencia punible, argumentando que ni el empresario ni ninguna de las empresas creadas tenía bienes, circunstancia necesaria para que exista tal delito.

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