El Ayuntamiento de Segovia limpia sus ofertas de trabajo de antecedentes por acoso a menores

«A todo el mundo que vaya a tener una mínima relación con menores se les exige el certificado». Con esta rotundidad (porque el tema merece seriedad y contundencia) se expresan los representantes del Ayuntamiento de la capital segoviana. Se refieren al documento que se exige en las bolsas municipales de empleo con el que el candidato de turno ha de acreditar que no ha sido condenado por sentencia firme a raíz de la comisión de algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Es decir, el Consistorio de Segovia impone la obligatoriedad a «todos» los empleados que vayan a desempeñar un trabajo que implique vínculos con menores de edad de presentar el llamado Certificado Negativo Antipederastia. Así se incluye en los pliegos de convocatorias de personal, sobre todo en las que atañen a la Concejalía de Juventud que dirige Álvaro Serrano. Monitores o educadores deben de disponer de la citada acreditación.

Por citar algunos ejemplos a los que afecta la medida, están también los aspirantes a desempeñar su labor en la escuela municipal infantil, o los candidatos a desarrollar actividades y talleres que se imparten en la Casa Joven o en el ámbito de actuación de los Centros de Acción Social. Todos ellos son susceptibles de que sus ofertas de empleo contemplen la obligatoriedad de la acreditación antipederastia.

El compromiso también engloba a entrenadores deportivos, socorristas, catequistas o empleados en comedores escolares. Por su parte, la Dirección Provincial de Educación de Segovia, dependiente de la consejería de la Junta, ya envió a todos los centros de la provincia una carta en la que se recordaba la condición indispensable e ineludible de los profesores de presentar el certificado antipederastia. La Administración autonómica advierte de que empezará a abrir expeidente a los maestros y profesores que no hayan entregado la pertinente acreditación antes del 1 de septiembre.

Los delitos

Según el articulado penal, cuando las condiciones que se imponen se refieren al citado requisito inexcusable de no contar con una sentencia firme por algún delito contra la libertad o indemnidad sexual incluyen las agresiones, acosos o abusos de carácter sexual, así como la corrupción de menores, el exhibicionismo, la prostitución, la trata de seres humanos o la propia provocación sexual.

Los sindicatos se han mostrado de acuerdo con el fondo de la normativa; sin embargo, las organizaciones también han puesto de relieve su desacuerdo con la forma de tramitar este certificado en el caso de los profesores que están en activo, sobre todo por la sobrecarga de trámites burocráticos que supone para los docentes. En ocasiones, durante el tiempo que lleva este certificado en tramitación, han planteado que sea la Administración la que lo gestione de oficio, previa autorización del docente.

Aunque los sindicatos de la enseñanza están completamente de acuerdo con las autoridades en apartar a aquel personal que cometa conductas de acoso sexual sobre menores, o utilicen su superioridad para cometerlas, la petición del documento antipederastia ha generado inquietud en el colectivo educativo. Son muchos los que piensan que esta obligatoriedad para presentarlo ante la Junta cuestiona años de ejercicio profesional.