Una plataforma se ofrece a los segovianos afectados por el fraude de emisiones en coches

Las asociaciones de consumidores y usuarios estiman que en España hay alrededor de 700.000 afectados por el fraude de las marcas alemanas de automóviles que trucaron el software de las centralitas de varios modelos para que, en los controles, no superasen el máximo de los niveles de emisiones. El cálculo por provincias no es fácil realizarlo porque depende de varios factores, como la marca del coche Volkswagen, Seat, Audi y Skoda, el modelo concreto y la antigüedad, y además los datos de los titulares de los compradores son datos protegidos.

Una de estas organizaciones de consumidores ya ha presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia denuncias contra las filiales del Grupo Volkswagen en España, así como ante las diecisiete administraciones autonómicas, pero su finalidad es que se sancione a los fabricantes. Además, siguiendo los pasos de reclamaciones como las de las preferentes de Bankia, otras asociaciones han iniciado una campaña para ofrecer sus servicios a los afectados.

Es el caso de la Plataforma de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), que este martes se presentó en Segovia con una charla informativa de la mano del abogado de la asociación, Albert García, y del letrado que la representa en la provincia, Andrés Martínez.

El abogado segoviano explicó que el fraude de las marcas alemanas se detectó en Estados Unidos, cuando tras la denuncia de una ONGse comprobó que el ordenador de determinados modelos de Volkswagen (y de otras marcas con el mismo motor) operaba de dos maneras, una de ellas cuando el vehículo era sometido a inspecciones técnicas, con lo que el resultado era adecuado a los niveles máximos permitidos de emisiones de gases contaminantes.

En cambio, durante la conducción normal el ordenador no limitaba las emisiones, el motor tenía más alegría y «contaminaba 40 veces más que lo que determina la norma». El fraude, destacó Martínez, «afecta a más de 600.000 vehículos vendidos en España», y dado que son menos viables las demandas colectivas o las acciones acumuladas, «APDEF pone en manos de las personas individuales la posibilidad de formular una reclamación individual en la que se determine en vehículos de menos de tres años la sustitución por uno nuevo, y si tiene más antigüedad, la resolución de la compraventa una indemnización por daños y perjuicios porque las circunstancias reales del vehículo no coinciden con las del producto que le vendieron, según la tarjeta técnica».

Martínez recomienda reclamar incluso ante la posibilidad de que las marcas comuniquen a los compradores que les sustituirán la centralita electrónica. «No es una reparación, es una modificación de las condiciones técnicas del vehículo y no sabemos qué va a hacer Tráfico con esa modificación, y tampoco si pasará la ITV, además de que a la hora de venderlo se ve el perjuicio porque es público y notorio que estás en una lista negra y el coche no tiene el valor que debería tener en función de la antigüedad porque han cambiado las circunstancias del motor».

El abogado destacó que las demandas tienen como fin la reparación del desequilibrio producido en el contrato, «que no gane el que ha engañado a las administraciones y al comprador». Son procesos civiles que pueden tardar en resolverse en unos seis meses, precisó.