IU lanzará una ofensiva de mociones para dar voz a las víctimas de la tragedia del Alvia

Izquierda Unida de Segovia va a lanzar una ofensiva de mociones en ayuntamientos en los que posee representación para que las administraciones locales escuchen, atiendan y den voz a las demandas de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155. Las iniciativas también pretenden que sean los consistorios los que reivindiquen al Ejecutivo central la creación de «una comisión de expertos y técnicos independientes para determinar lo ocurrido» el trágico 24 de julio de 2013, en la curva de Angrois, antes de llegar a Santiago de Compostela. Y por último, pedir la constitución de una comisión de investigación en sede parlamentaria «para depurar responsabilidades políticas».

El concejal del grupo municipal del IU en el Ayuntamiento de la capital segoviana, Ángel Galindo, ha presentado este martes los motivos y términos de la moción a debatir en el próximo pleno. El edil justifica la iniciativa en el «bloqueo que han ejecutado PP y PSOE en el Congreso de los Diputados» a las cuatro solicitudes que instaban a crear una comisión de investigación. Galindo confía en que los grupos municipales de ambas fuerzas políticas en el Consistorio de Segovia no mantengan «esos vetos» con los que se han topado las reivindicaciones de la plataforma.

«Queremos generar una presión» para que el nuevo Gobierno «ponga en primera línea a las víctimas y se conozca la injusticia que se está cometiendo con ellas», ha esgrimido el concejal de IU. Esa ofensiva se va a extender a las corporaciones municipales de la provincia y de la región donde la coalición de izquierdas tiene representación. Además, el procurador autonómico de Izquierda Unida, José Sarrión, registrará una proposición no de ley en los mismos términos en las Cortes de Castilla y León.

Segovia será uno de los arietes de avanzadilla en España para «dar voz» a la plataforma de familiares después del revés sufrido por el cierre de la instrucción judicial con la única responsabilidad del conductor.

«Quieren enterrar el caso»

Entre los 81 fallecidos en la tragedia del Alvia estaba el joven segoviano Francisco Javier García Liras. Su padre, Javier, es «un ejemplo de lucha y constancia para que se conozca la verdad», ha alabado el concejal de IU. Los ánimos están bajos en la plataforma de víctimas. Sin embargo, hay resquicios de esperanza a los que se aferra para que «los organismos oficiales no se salgan con lo que pretenden, que es el enterramiento del caso».

Javier García Municio considera que el cambio de juez, a mediados de 2014, fue un golpe al proceso de la búsqueda de la verdad. El magistrado que tomó el relevo de Luis Alaez ha sido «nefasto a la hora de pedir responsabilidades». El padre de Curro quiere, por este orden, «la verdad, justicia y la reparación». Recuerda que hubo «negligencias que el poder desea ocultar para que no caiga mancha sobre la alta velocidad».

El miembro segoviano de la plataforma de víctimas del peor accidente ferroviario ocurrido en España en los últimos cuarenta años se niega a pensar que solo el conductor fue responsable, tal y como ha dado a entender la resolución del juez Lago. La línea se inauguró cuatro años antes de lo previsto, «sin balizas ni nada, con el sistema de frenado automático suprimido un año antes» del siniestro en el que perdió la vida su hijo, cita García Municio como una de las irregularidades detectadas por expertos.

Las «mentiras» del ministro

La modificación del proyecto original supuso que la seguridad se cortara en el kilómetro 80 de los 87 del trazado, explica. Añade que «hasta siete veces vieron que el tren daba problemas de software y se ponía automáticamente a 80 kilómetros al activarse la seguridad automática, entonces Renfe pide que se desconecte el sistema». Además, reprocha a la operadora «la ocultación del peso real del tren, un híbrido homologado como un tren nuevo».

Sus dardos apuntan también a Adif y al Gobierno central. «Es inconcebible que en 22.000 folios de sumario no haya un sola declaración de los directores de seguridad ni de los presidentes» de la compañía ferroviaria y del administrador de infraestructuras. Javier García Municio carga también contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien «miente cuando dice que hay una persona de Renfe que todos los días llama a las víctimas».

Los once recursos de forma interpuestos por la plataforma han sido rechazados, se queja el segoviano, mientras «el fiscal se ha dedicado a defender los intereses del Estado y no de las víctimas».

Una de sus esperanzas está en Europa. Una delegación del colectivo de familiares se entrevistó a finales del año pasado con responsables de la dirección general de transporte de la Comisión Europea y miembros de la Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, que se comprometieron a estudiar sus reivindicaciones. La delegación de afectados también les enseñó el documental 'Frankenstein 04155' y «quedaron consternados». Según les comentaron en Europa, podía haber indicios de un atentado contra la independencia en la elaboración del informe en el que el juez ha fundamentado el cierre de la instrucción. «También les extrañó que las víctimas no tuvieran audiencia en la comisión de investigación», apostilla el segoviano.