El Ayuntamiento se expone a una denuncia por no quitar los vestigios franquistas

El abogado Eduardo Ranz prosigue con su cruzada particular para hacer cumplir la Ley de la Memoria Histórica. La espada de Damocles de la denuncia pende ahora sobre Sepúlveda, villa segoviana a la que además el letrado está muy vinculado, por lo que comenta aún le duele más que permanezcan visibles y en pie reminiscencias del antiguo régimen franquista. Ranz no pudo acudir a Cantalejo, el pasado jueves, a la retirada de siete placas del callejero de la ciudad que recordaban la dictadura y la Guerra Civil. El abogado aplaude la decisión del equipo de gobierno briquero, encabezado por el alcalde socialista Máximo San Macario, y lo pone como ejemplo a seguir por el resto de ayuntamientos de España que aún no han dado el paso de borrar de la nomenclatura urbana cualquier vestigio franquista.

Uno de ellos es el sepulvedano. El letrado critica que la corporación municipal «todavía no ha hecho nada», a pesar de estar advertido desde hace meses de que de no cumplir la legislación vigente, se expone a una denuncia. La inacción según se ratifica Eduardo Ranz del Consistorio sepulvedano va a conllevar su correspondiente demanda. Antes, el abogado quiere respetar los tiempos y esperar al informe que emita la Diputación, ya que el equipo de gobierno de la villa había solicitado asesoramiento y consulta a la institución provincial.

A expensas de la Diputación

El alcalde de Sepúlveda ha asegurado en reiteradas ocasiones que el Ayuntamiento cumplirá la Ley de Memoria Histórica y retirará la simbología franquista. Sin embargo, está también a la espera de que los servicios jurídicos de la Diputación emitan el informe, que fue solicitado en verano. Por su parte, el abogado experto en Derechos Humanos insiste en que «no se ha gestionado nada». De hecho, remitió un escrito a la Corporación que preside Francisco Vázquez para que obligara al Ayuntamiento de Sepúlveda a elaborar un catálogo de vestigios de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como a eliminar de manera inmediata toda la simbología que existe en el municipio. «Además de estar fuera de plazo, en el pleno no han dicho nada de nada del catálogo», lamenta Eduardo Ranz, que ve casi inevitable que Sepúlveda se sume a la lista de consistorios demandados.

La ausencia del abogado, el jueves pasado, en Cantalejo se debió precisamente a la presentación de varias denuncias contra ayuntamientos de España por mantener en su denominación nombres evocadores el franquismo, como Quintanilla de Onésimo, en Valladolid.

Como ya instara en junio pasado, Ranz incide en la solicitud de retirar tanto el monumento dedicado a la Falange Española que hay en el cementerio municipal de Sepúlveda como los nombres de los Caídos por Dios y por España existentes en la iglesia de San Justo y San Pastor. Asimismo, recuerda la presencia de un escudo preconstitucional bajo el nombre de Pascual Marín Pérez, antiguo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, y una placa del Plan Nacional de Construcciones del año 1952, también de escudo preconstitucional.

En respuesta a aquella solicitud formulada por el letrado, el Ayuntamiento informó de que la iglesia era propiedad del Obispado; y en lo que respecta a la inscripción de la fachada, declaró que está prácticamente borrada. A su vez, propuso solicitar un informe a la Diputación.