39 ayuntamientos de Segovia recurren la reforma local ante el Tribunal Constitucional

«Es un proyecto de ley que no soluciona los problemas del mundo local ya que coarta las competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura de la administración local, ni resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos», argumentó este lunes José Luis Aceves, secretario de Organización del PSOE de Segovia, al comunicar que 39 ayuntamientos de la provincia han formalizado el recurso presentado hace unos días ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local, que ha sido literalmente «revolcada» por «la contra-reforma local de Rajoy».

Aceves recordó que cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a 17 millones de ciudadanos, se han unido y han presentado en el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma local aprobada por el Gobierno para intentar así frenar «el mayor ataque que se ha cometido en la democracia contra el municipalismo» que «va a tener enormes y negativas consecuencias para millones de españoles».

En opinión de Aceves, se trata de un «conflicto en defensa de los ciudadanos» porque, a su juicio, es necesario que los consistorios de toda España puedan «seguir manteniendo las políticas sociales» y defendiendo a aquellos a los que la crisis «está golpeando más duramente».

El dirigente socialista explicó que la iniciativa se aprobó en 41 ayuntamientos segovianos, aunque en dos de ellos no se consiguió la mayoría absoluta, por lo que no lo pudieron formalizar, al no tener la mayoría requerida por el Tribunal Constitucional.

Los 39 ayuntamientos que recurren la Reforma de la Administración Local aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy representan a 73.334 habitantes, «lo que significa que los plenos de los municipios que representan a casi la mitad de la población de la provincia lo apoyan», señaló Aceves, quien destacó que «cuatro ayuntamientos gobernados por el PP, Torrecaballeros, Turégano, Martin Muñoz de la Dehesa y Escobar de Polendos, y otros cuatro de otros partidos , Armuña, Cabañas de Polendos, Fresneda de Cuéllar y Samboal, se adhirieron a la iniciativa».

Los socialistas consideran que la «contra-reforma local de Rajoy despoja directamente de competencias» a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y amenaza con reducir los servicios públicos prestados por los municipios, que podrían pasar a manos privadas, con la consiguiente repercusión en el bolsillo de los usuarios. Además, añadió que esta Reforma «deja a los ayuntamientos en una situación de dependencia» o subordinación a otras administraciones, lo que es claramente contrario al texto constitucional.

El primero de la historia

Por estas razones, Aceves explicó que los ayuntamientos han presentado un conflicto en defensa de la autonomía local, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, contra varias disposiciones de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Por ello, los 39 municipios, se unieron para «aportar a esta iniciativa que pretende frenar una reforma local que dejará a los ayuntamientos sin competencias y el recurso es de los ciudadanos».

«Esta ley del PP no soluciona ninguno de los problemas del mundo local, ya que coarta las competencias, no evita duplicidades, ni simplifica la estructura de la administración local, ni resuelve los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos», aseguró Aceves.

Perjudicados

«Los ciudadanos, sobre todo los del medio rural, serán los grandes perdedores de esta iniciativa del Gobierno del PP, ya que tendrán servicios municipales más caros y menos eficientes, y con la misma se dañará la autonomía municipal y la vida democrática local porque quita a los alcaldes y concejales, elegidos por los ciudadanos, la capacidad de decidir sobre servicios públicos esenciales que deja en manos de la Diputación, órgano de elección no directa», explicó Aceves.

En su opinión, «es una frivolidad y lo único que intenta el PP con esta ley es aprovechar la coyuntura económica para imponer su modelo en la administración local, abriendo una puerta muy peligrosa a la privatización cuando no al desmantelamiento de los servicios» que prestan la mayoría de los entes locales, una reforma que «provocará además la pérdida de miles de empleos públicos».