El TSJCyL ordena el «cierre y precinto» del crematorio del camino del Cementerio de Ciudad Rodrigo

Domingo Benito muestra la última de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia. /S.G.
Domingo Benito muestra la última de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia. / S.G.

El Ayuntamiento de Miróbriga no recurrirá la sentencia y habrá que esperar la postura de la empresa afectada

SILVIA G. ROJOCIUDAD RODRIGO

La situación de los crematorios en Ciudad Rodrigo y, más concretamente, el situado en el camino del Cementerio firma un nuevo capítulo tras conocerse la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Ésta es la sexta sentencia que tiene que ver con este asunto y aunque previamente se había anulado la vigencia de las licencias, no ha sido hasta ahora cuando un tribunal ha pedido de manera expresa «el cese de la actividad desarrollada en las instalaciones de autos, con el consecuente cierre y precinto del crematorio litigioso».

El crematorio en cuestión es propiedad de la empresa Fabián Martín y la ejecución de la sentencia la ha pedido otra empresa del sector, Tanatorio Ciudad.

Esta nueva situación, conocida la pasada semana, fue expuesta por Domingo Benito como portavoz de IU-En Común, quien consideró que «estamos ante el mayor problema urbanístico de Ciudad Rodrigo, que puede generar problemas de largo alcance si no se resuelve de forma adecuada».

En este sentido, es preciso recordar que, de manera paralela a todo este proceso judicial, desde el Consistorio se ha promovido la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para adecuar el uso sanitario-mortuorio y que los integrantes del tripartito no han defendido la misma postura por lo que en pleno salió adelante la postura de IU-En Común con el apoyo del PP. Esa modificación, en la que se recogen los lugares donde se pueden asentar ese tipo de instalaciones, tiene que volver a llevarse a pleno y Benito se sorprendió de que varios meses después aún no se haya hecho. «La modificación se tiene que hacer cuanto antes, si no se hace será en detrimento de los vecinos».

Insistió, además, en que su postura ha sido «siempre la misma» y que ya advirtió de cómo podía terminar la situación, que «espero que se resuelva esta legislatura».

De momento no hay previsión de que el asunto se vaya a llevar a pleno y, según se dijo en el último, se sigue pendiente de dar respuesta a las alegaciones presentadas por la empresa Fabián Martín.

La sentencia que ahora se ha conocido tiene un plazo de 30 días para ser recurrida y la siguiente vía es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes del equipo de Gobierno han descartado ese recurso pero habrá que esperar la decisión de la empresa afectada. En el aire siempre está que pueda pedir responsabilidad patrimonial al Consistorio.

En opinión de Benito, «esta licencia se dio por parte del PP y nunca se tenía que haber concedido».

Concluyó apuntando que todo el proceso judicial está suponiendo un importante gasto para las arcas municipales y «en algún momento habrá que hacer las cuentas de los miles de euros que se han gastado en defensa jurídica».