Salvar el Archivo da 10 días al ministro de Cultura para que le responda antes de acudir a la Audiencia Nacional

Acto de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca en la Sala de la Palabra del Liceo./Manuel Laya
Acto de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca en la Sala de la Palabra del Liceo. / Manuel Laya

La asociación salmantina agota la vía administrativa para pedir la devolución de los 'papeles de Salamanca'

REDACCIÓN /WORD SALAMANCA

La asociación Salvar el Archivo de Salamanca presentó ayer un nuevo «y último» apercibimiento que «da 10 días» al ministro de Cultura del Gobierno de España, José Guirao, «para que cumpla y haga cumplir las sentencias judiciales que le obligan a ordenar a la Generalitat de Cataluña la devolución de los documentos que todavía retiene ilegalmente en su poder» del Archivo General de la Guerra Civil, antes de acudir a la Audiencia Nacional.

En el escrito presentado ayer por la asociación ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, y dado a conocer hoy a través de un comunicado, «se insta al ministro de Cultura, José Guirao, a responder a las cuestiones requeridas en los escritos presentados por la asociación Salvar el Archivo de Salamanca el 28 de enero y el 11 de marzo».

«Guirao dispone ahora de diez días para dar una respuesta», explica el comunicado, puesto que con la solicitud, la asociación «agota todas las posibilidades que ofrece la vía administrativa». Tras ello, y en caso de no obtener respuesta, la asociación acudirá «a la Audiencia Nacional» para exigir «las responsabilidades legales y las sanciones correspondientes para la Administración de Pedro Sánchez por hacer caso omiso a los requerimientos de la asociación».

La asociación Salvar el Archivo de Salamanca también continúa «a la espera» de una respuesta por parte de la Generalitat de Cataluña a la solicitud remitida el pasado mes de marzo en la que reclamaban «información concreta» sobre los documentos entregados a particulares, que de no producirse hará que la asociación presente «una querella contra altos cargos que desempeñaron sus funciones en la Generalitat desde el año 2010 por entregar documentos a quienes no son sus legítimos propietarios».