Cs reprocha al PP que ocultara datos sobre el vial del hospital

Imagen de las obras de construcción del nuevo hospital. /LAYA
Imagen de las obras de construcción del nuevo hospital. / LAYA

La formación naranja asegura que el grupo de gobierno ya sabía en julio las objeciones que estaba planteando la empresa adjudicataria de las obras

RICARDO RÁBADE / WORDSALAMANCA

El grupo de gobierno del PP tuvo conocimiento en julio de las dificultades y las trabas que estaba aduciendo la unión temporal de empresas adjudicataria de la construcción del vial del hospital para iniciar las obras. Así lo desveló ayer el concejal de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Contratación del Ayuntamiento, Fernando Castaño, quien confirmó que el pleno extraordinario que se celebrará mañana tiene previsto ratificar el ultimátum de cinco días que se lanzará a esta UTE para que comience los trabajos, una medida de urgencia que ha sido consensuada por los cuatro grupos políticos de la corporación local, como son PP, PSOE, Cs y Ganemos. En el caso de que la empresa haga caso omiso y se desentienda de este apercibimiento, el Ayuntamiento rescindirá el contrato y volverá a licitar la obra, lo que implicará, según los cálculos de Castaño, un retraso de, al menos seis meses, sobre el plazo previsto inicialmente.

El concejal de Ciudadanos también verbalizó su «profunda inquietud» respecto a las obras del vial, ya que los trabajos de edificación del nuevo hospital se encuentran en estos momentos «en coma, porque el vial es la puerta y, sin puerta, difícilmente tendremos hospital». Además, expresó en términos irónicos que «la empresa se ha pasado de frenada con el presupuesto».

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Fernando Rodríguez, manifestó ayer que «todo parece indicar que se va a resolver el contrato», por lo que «se procederá a la incautación de la garantía depositada y haremos una nueva licitación pública». Este proceso, tal como reconoció el edil del PP, implicará una demora en la ejecución de las obras, aunque recalcó que harán todos los esfuerzos posibles, en coordinación con la Consejería de Sanidad de la Junta, para que se efectúe la licitación de forma paralela al expediente de resolución del contrato a la actual adjudicataria, todo ello con el fin de que los retraso en la ejecución del proyecto sean los menores posibles.

Indemnización

Además de la incautación de la garantía depositada, los servicios jurídicos del Ayuntamiento sopesarán la posibilidad de reclamar una indemnización por daños y perjuicios a la UTE por no haber iniciado las obras. Precisamente, la entidad adjudicataria pidió al Consistorio incrementar el periodo de ejecución de las obras en cinco meses más (hasta finales de noviembre de 2019 aproximadamente= y una cuantía adicional de 694.000 euros, peticiones a las que el Ayuntamiento, con el consenso de los cuatro grupos políticos, se ha opuesto frontalmente.

El Ayuntamiento hará la nueva licitación de forma paralela al expediente de rescisión del contrato

Tanto Fernando Castaño como Fernando Rodríguez coincidieron en que en la adjudicación del proyecto a esta UTE, que se materializó el pasado 28 de junio, influyó el hecho de que la adjudicataria hubiera concurrido con la oferta económica más rentable (4,4 millones) y con una considerable rebaja respecto el presupuesto inicial de licitación. El edil naranja matizó, no obstante, que en ningún caso se puede tildar dicha reducción como una baja temeraria.

Por su parte, Ganemos indicó que dentro la UTE seleccionada para acometer las obras del vial está incluida Arcor, empresa propiedad del leonés José Luis Ulibarri, principal responsable de la trama de corrupción Enredadera, por la que estuvo encarcelado.

La formación granate puntualizó también que hasta ahora, el órgano encargado de tomar todas las decisiones en relación con la obra del vial era la Junta de Gobierno Local, algo que fue otorgado por el equipo de gobierno del PP para tratar de agilizar los trámites al evitar que los asuntos se debatieran en el Pleno, una decisión por la que Ganemos votó en contra. Sobre los modificados, entre los que se encuentran los 694.000 euros que reclama la empresa, también correspondía a este órgano. «A lo mejor ahora nos estamos enterando de cuál era la intención oscura de este acuerdo», declaró el edil de Ganemos, Gabriel Risco.

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