El PSOE cifra en 100 millones la posible indemnización por el contrato del autobús

Un autobús urbano circula por el centro de la ciudad. /LAYA
Un autobús urbano circula por el centro de la ciudad. / LAYA

Ganemos solicita la remunicipalización del servicio y Cs liga el caso con la época en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta

RICARDO RÁBADE / WORDSALAMANCA

El torbellino político que ha generado la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la anulación de la adjudicación a la empresa concesionaria Salamanca de Transportes del millonario contrato del servicio público del autobús urbano sopló ayer con especial virulencia en todos los círculos políticos del Ayuntamiento de Salamanca.

El equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por su alcalde Carlos García Carbayo, subrayó que el varapalo judicial no desanimará al Ayuntamiento a la hora de volver a sacar a concurso público el contrato del transporte urbano, descartando de esta forma cualquier tentativa de remunicipalización del servicio. En cambio, Ganemos y el PSOE plantearon directamente, aunque con ligeros matices, la necesidad de la remunicipalización, mientras que Ciudadanos apeló a la prudencia y consideró que, antes de adoptar cualquier decisión de forma precipitada, debían sopesarse los pros y los contras de una hipotética remunicipalización.

El primero en irrumpir en la palestra mediática fue el PSOE de la mano de sus concejales José Luis Mateos y Arturo Ferreras, quienes no dudaron en proclamar que la anulación del contrato por el Alto Tribual había sido «la crónica de una muerte anunciada» y recordaron que fue precisamente el actual alcalde, Carlos García Carbayo, el responsable de la licitación en 2013 cuando era el concejal encargado del área de Contratación.

Mateos sostiene que la gestión de Carbayo supone «un peligro» para la ciudad

Los concejales socialistas recalcaron que los tribunales, tanto el TSJCyL con la sentencia de anulación del contrato que dictó en marzo de 2018 y ahora el Tribunal Supremo ratificándola, han acabado dando la razón a los argumentos que siempre esgrimió el PSOE durante el proceso de concesión de ese contrato, que ponían de relieve que esa adjudicación estaba dirigida a beneficiar a una empresa en concreto, «con un pliego de condiciones a la carta» que impedía la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades entre empresas.

Graves consecuencias

Con la anulación del contrato por parte de la Justicia y con «esta política de contratación pública clientelar, el PP y el señor Carbayo han puesto en serio riesgo la estabilidad económica del Ayuntamiento de Salamanca», según subrayó el candidato socialista a la Alcaldía, José Luis Mateos. La anulación de este contrato, uno de los más cuantiosos del Consistorio, puede traer consecuencias desde el punto de vista económico «muy perjudiciales» para las arcas municipales. En caso de que la empresa concesionaria decidiera pedir indemnizaciones al Consistorio tras la anulación de dicho contrato, el Ayuntamiento de Salamanca podría estar obligado a desembolsar, según las primeras estimaciones que baraja Mateos, unos 100 millones de euros, «dinero público que saldría de los bolsillos de todos los salmantinos».

Risco solicita la dimisión del alcalde y Castaño recalca que el pliego «estaba mal hecho»

El portavoz socialista consideró que el PP y el alcalde representan con su gestión «un peligro para los intereses generales de la ciudad». Por todo ello, Mateos exigió a Carbayo a que asuma públicamente su responsabilidad «por este desastre» o «señale al culpable que considere responsable de esta nefasta gestión», que puede ocasionar «un perjuicio económico sin precedentes para la ciudad».

El edil socialista enfatizó que «el alcalde por herencia, candidato a la reelección , y anterior responsable de Contratación, Carlos García Carbayo, no puede seguir escondido en su campaña de publicidad, caudillismos y proselitismo de anuncios vacíos y huecos y tiene que dedicarse a gestionar la capital, si es que sabe, pero que no lo haga como hasta ahora porque ya todos hemos visto a donde nos ha conducido.»

Como salida a este desaguisado, el Grupo Socialista planteó la necesidad de elaborar informes con el fin de valorar y avalar una posible remunicipalización del autobús urbano, es decir, que el Consistorio asuma directamente su gestión sin necesidad de contratar una empresa privada. «No proceder por esta vía o descartar este escenario sería dar un paso atrás y volver en este sentido a las andadas para volver a cometer un nuevo error del que los socialistas ya advertimos, por lo que el Partido Popular estaba avisado de que esta catástrofe podía ocurrir».

Por su parte, Ganemos volvió a pedir que la gestión del servicio del autobús urbano se lleve a cabo de forma directa desde el Ayuntamiento, sin empresas privadas de por medio. El concejal de la formación granate, Gabriel Risco, recordó que la sentencia del TSJCyL señala claramente que el grupo de gobierno tuvo un trato de favor hacia Salamanca de Transportes, vulnerándose con esta licitación los principios de libre competencia y de igualdad de trato. Para Ganemos, esta desigualdad de trato hacia las empresas y las personas es una constante en la forma de hacer política del grupo de gobierno.

Ganemos consideró «escandaloso» el hecho de que el actual alcalde, antes concejal delegado de Contratación, Carlos García Carbayo, fuera el principal responsable de esta adjudicación ilegal en 2013, y por ello pidió su dimisión. La edil Virginia Carrera estimó que «ahora es el momento para que la ciudad recupere lo que es suyo». En este sentido, la anulación del contrato supone, en realidad, «una oportunidad para hacer posible un modelo de gestión sana y honesta», dado que en otras ciudades la experiencia de la municipalización de servicios externalizados está desarrollándose con éxito.

El edil de Ciudadanos, Fernando Castaño, incidió en la idea de que el pliego de la licitación «estaba mal hecho» y fue el fruto «de lo que suponen las mayorías absolutas», ya que el contrato se licitó en 2013, justo cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. «Hoy, con Ciudadanos presidiendo la Mesa de Contratación, un pliego así jamás habría salido adelante». Además, recordó que el recurso contra la adjudicación lo presentó Globalia, una empresa de raíces salmantinas y de gran proyección internacional.

Respecto a una hipotética remunicipalización del servicio, Cs no cierra la puerta a esta posibilidad, pero apela a la prudencia abogando por hacer «una valoración sensata» con informes que aborden las ventajas e inconvenientes de la misma, pero sin caer en medidas electoralistas. «Venimos de una crisis en la que el gigantismo de la Administración nos generó muchos problemas», concluyó.