La Plataforma Financiera de la Junta impulsa a más de 8.200 empresas y genera casi 28.300 empleos

La Plataforma Financiera de la Junta de Castilla y León, que gestiona la Consejería de Economía y Hacienda, mediante el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), ha impulsado 8.249 proyectos de empresas con ayudas y préstamos por valor de 1.116,4 millones de euros desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo 2020. El desarrollo de estas operaciones ha supuesto además la creación o el mantenimiento de 28.296 empleos y una inversión inducida empresarial de 1.553,3 millones de euros más.

Así lo reflejan los datos ofrecidos este viernes por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien mantuvo hoy un encuentro con empresarios en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca para presentarles las 29 medidas de apoyo que ofrece el ente autonómico con el objetivo de impulsar la recuperación económica tras el impacto de la pandemia del COVID-19. «No queremos que haya ningún fondo que se pierda por falta de conocimiento, ni de la Junta ni de fondos europeos», manifestó, según recoge ICAL.

En concreto, según especificó Carriedo, las medidas de apoyo empresarial de la Plataforma Financiera de ICE se engloban en cuatro grandes bloques, incluyendo «apoyos extraordinarios al tejido empresarial ante la crisis COVID-19, operaciones de préstamos avalados, programas de capitalización, y ayudas directas a empresas». Según matizó, todas las líneas de ayuda de la Plataforma Financiera están abiertas «permanentemente».

Dentro de estas ayudas por valor de 1.116 millones de euros, la Consejería de Economía y Hacienda puso en marcha once líneas extraordinarias para hacer frente de forma específica al impacto de la pandemia, que han financiado 886,3 millones de euros a 6.906 empresas hasta ayer, para «responder a la emergencia económica y facilitar liquidez a autónomos y pequeñas y medianas empresas». «Son cifras ciertamente relevantes», apuntó el consejero.

En la provincia de Salamanca, según comentó el consejero en presencia del presidente de la Cámara de Comercio provincial, Benjamín Crespo, se ha apoyado hasta la fecha a 862 empresas por un importe de 120,6 millones de euros, con una inversión empresarial de 143,5 millones y la creación o mantenimiento de 2.765 empleos, desde el inicio del COVID-19.

En concreto, la Plataforma Financiera ofrece apoyo extraordinaro a la financiación urgente de estaciones de servicio, anticipo de subvenciones, financiación a empresas afectadas por el conflicto bélico, apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial y financiación a alojamientos turísticos y agencias de viajes. Por otro lado, en operaciones de préstamos avalados cuenta con dos grandes bloques de financiación, incluido el Programa ICE Financia y un bloque de Instrumentos Financieros de Garantías destinado al crecimiento empresarial a Proyectos de I+D y empresas innovadoras. Además, los programas de capitalización cuentan con ocho líneas específicas diferentes y las ayudas directas se dividen en 13.

Más allá de la pandemia, Fernández Carriedo advirtió sobre otras amenazas que se ciernen sobre el tejido productivo de Castilla y León. «Desde el año pasado venimos advirtiendo un deterioro añadido, una agravamiento de la situación económica, como consecuencia del incremento de la inflación, de aumento del acceso a las materias o algunas roturas de stock de determinados productos intermedios, factores que venían de antes pero que se han visto agravados con la guerra de Ucrania y que pueden empeorar en un escenario próximo con la posible retirada de estímulos por parte del Banco Central Europeo y la subida de los tipos de interés como riesgo añadido», resumió.

Por eso, según recordó Carriedo, lo primero que hizo la Junta de Castilla y León al iniciar esta legislatura fue aprobar un plan de respuesta a la crisis. Lo primero fue una bajada de impuestos, tras la de Sucesiones y Donaciones en el pasado mandato, ahora una general del IRPF para todos los contribuyentes, con añadido especifico de deducciones fiscales para el mundo rural, además de activar el apoyo a familias que tiene problemas para llegar a fin de mes y, por último, implementar reformas estructural que estamos poniendo en marcha», señaló, especificando las ayudas para el autoconsumo energético.

Según comentó Carriedo, a lo largo del primero año de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, la medida benefició a 19.856 castellanos y leoneses, lo que supuso un ahorro fiscal para los contribuyentes de la Comunidad de 153,4 millones de euros entre el 9 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022. En la provincia de Salamanca, 2.685 contribuyentes se ahorraron 18,6 millones de euros en estos doce meses, teniendo en cuenta que «la eliminación de este impuesto ha contribuido al crecimiento económico y a la mejora del bienestar de los ciudadanos de la Comunidad, al eliminar la traba que el pago del impuesto pudiera suponer a la transmisión de los bienes entre familiares directos».

Además, esta supresión supone «ayudar al relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como al emprendimiento, sin que el pago del impuesto sea un obstáculo para ello, además de estimular la demanda interna e incentiva la actividad económica y la inversión».

Temas

• Junta de Castilla y León
• Salamanca (Provincia)
• Carlos Fernández Carriedo