Piden a la Junta que ejecute ya lo presupuestado en San Martín

Así, explican que los Presupuestos Autonómicos del año 2015 de la Consejería de Cultura «contemplaban una partida económica de 100.000 euros con concepto 'Iglesia de San Martín en Salamanca. FEDER'». Por otra parte «la Consejería de Fomento invertiría 53.248 euros con concepto 'Restauración Iglesia de San Martín' y comprometía 498.801 euros para el año 2016, como así se reservaron en ese otro ejercicio». En los Presupuestos Autonómicos del año 2018, abundan, «la Consejería de Cultura contempla una partida económica de 250.000 euros de la que se desconoce el concepto».

En total se trata de 800.050 euros «que no han sido invertidos en un monumento de Salamanca que demanda actuaciones urgentes, como así lo pone de manifiesto el hecho de que esté inscrito en la Lista Roja del Patrimonio Español o los estudios que durante el verano del año 2017 fueron realizados y que Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio sigue pidiendo su publicación».

Este «incumplimiento con el compromiso» que la Junta de Castilla y León «tiene con la sociedad al elaborar los Presupuestos Autonómicos puede calificarse de estafa en mayúsculas» puesto que «se repite la forma de actuar reconociendo el problema en los Presupuestos pero olvidándose del mismo a la hora de afrontarlo: durante el resto del año y ya son varios años».

En el mes de octubre de 2010 «la Junta de Castilla y León llegó a anunciar la contratación de la obra de restauración, una actuación que se incluía en el desaparecido programa Arquimilenios, y que finalmente fue suspendida». La Asociación añade que «no fue hasta los Presupuestos Autonómicos del año 2015 cuando de nuevo aquella intervención volvió a contar con financiación expresa, si bien ésta quedaba supeditada a contar con una nueva partida en los Presupuestos del año 2016, a una subvención procedente de fondos FEDER y a la participación del Obispado de Salamanca y del Proyecto Románico-Atlántico».

Las «sospechas manifestadas» entonces por la Asociación sobre la «escasa decisión con la que la Junta de Castilla y León retomaba el proyecto en el año 2015 y la debilidad de la fórmula de colaboración público-privada, se han mostrado como certeras».